Amediados de enero se llevó a cabo en Davos, Suiza, la 54.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, escenario que reúne a los liderazgos mundiales, con la intención de reconstruir la confianza y generar alianzas en la búsqueda de soluciones a los desafíos globales en un momento de creciente crisis, fragmentación y polarización. En tal contexto, el abordaje de todas las aristas que suman estos retos toma un rol de suma importancia.
Ajay Banga, presidente del Grupo del Banco Mundial, subrayó en Davos que para hacer frente a las problemáticas mundiales se requiere implementar propuestas de solución integrales, es decir, no se puede erradicar la pobreza sin tomar en cuenta los efectos del cambio climático, el acceso a la salud, la inseguridad alimentaria y, en general, la fragilidad que conlleva la desigualdad, y viceversa.
La Organización de las Naciones Unidas ha sido enfática respecto a que los efectos de las desigualdades impactan no solo a asuntos del poder adquisitivo, sino también a la esperanza de vida y al acceso a servicios básicos (atención sanitaria, educación, agua y saneamiento); que pueden coartar los derechos humanos (por discriminación, abuso y falta de acceso a la justicia), y desalentar la formación profesional, la movilidad social y el desarrollo humano, entre otros.
Lo anterior ¾en particular las desigualdades generadas por la riqueza excesiva¾ es un claro ejemplo de cómo un contexto opuesto a la riqueza puede aumentar la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, socavar la confianza en las instituciones y el Gobierno, aumentar las tensiones sociales y agitar extremos. Retomando la declaración de Banga, no es posible abordar en forma aislada ninguno de los desafíos actuales, puesto que cada reto interactúa con otras desigualdades ya existentes.
Así, el informe DESIGUALDAD S.A. El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora, que la organización no gubernamental Oxfam Internacional presentó de manera paralela al Foro Económico Mundial, concluye que la desigualdad extrema socava el crecimiento económico y puede aumentar la pobreza, la desigualdad de género y el hambre, en un entorno mundial en el que el uno por ciento de la población acumuló rápidamente dos terceras partes de la nueva riqueza, ampliando en proporciones alarmantes las brechas entre las personas con más grandes fortunas y las que se encuentran en mayor situación de pobreza.
Hace una década, diversos organismos y organizaciones no gubernamentales proponían una hoja de ruta para reducir la desigualdad económica: medidas firmes contra la evasión fiscal; transferencias redistributivas y fortalecimiento de los mecanismos de protección social; inversión en el acceso universal a la atención sanitaria y la educación; fiscalidad progresiva; robustecimiento de los umbrales salariales y de los derechos de las y los trabajadores, así como la eliminación de las barreras a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
En este sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha privilegiado la justicia social y el bienestar, bajo la premisa “primero los pobres”, y un objetivo fundamental de su administración es reducir las desigualdades; por ello se implementaron políticas públicas que están logrando elevar el ingreso de las familias mexicanas que tienen bajas percepciones, por medio de la dispersión directa de 18 programas sociales y un máximo histórico en términos de cobertura.
Las acciones del Ejecutivo federal, que incluyen estrategias puntuales para mantener una política macroeconómica estable, fortalecer el peso frente al dólar y estabilizar los precios de la canasta básica, entre otras, se complementan desde el Legislativo, que trabaja para combatir la corrupción, aprobar marcos jurídicos con espíritu de justicia y dignidad laboral y materializar un avance inédito en el valor del salario mínimo.
Por supuesto que es necesario redoblar esfuerzos para identificar áreas de oportunidad y combatir los retos que aún persisten en cuanto a las desigualdades por región, género, grupos de edad y escolaridad. El compromiso del presidente López Obrador para garantizar la aplicación de los Programas para el Bienestar, con un aumento presupuestal que pasará de 500 mil millones de pesos a cerca de 800 mil millones, que serán aplicados sin discriminación, tiene el objetivo de generar mejores espacios y dinámicas de oportunidad para todas las personas, así como reducir de manera sustantiva la desigualdad en el país.
