Para que el nearshoring se pueda capitalizar en el País se requiere incorporar más de 37 gigawatts de capacidad eléctrica, lo que equivale a 41 mil 500 millones de dólares, señaló la Asociación Mexicana de Energía (AME).
La estimación, realizada por Morgan Stanley, contempla que en los próximos cinco años, en un escenario base, se necesitan 12.8 gigawatts de generación adicional a la existente para cubrir la demanda que se generará por la relocalización de las empresas, lo que implica inversiones por 14 mil millones de dólares.
Mientras que con la detonación del nearshoring, se requieren otros 25 gigawatts adicionales que representan una inversión de 27 mil 500 millones de dólares, expuso Abraham Zamora, presidente de la AME.
En reunión con Rosanety Barrios, responsable del diálogo con el sector energético del equipo de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, Zamora destacó que las empresas del sector eléctrico requieren de seguridad para incrementar sus inversiones.
Asimismo, dijo que se requiere una mejora en la operación y funcionamiento del mercado eléctrico, impulsar nuevas tecnologías de descarbonización para la transición energética y que se fortalezcan las redes de transmisión y distribución.
Al respecto, Barrios reconoció la importancia de transformar el sector energético para consolidar la llegada de nuevas inversiones y cubrir la demanda creciente a través de un cambio en la política energética enfocada en tres ejes.
El primero es el respeto al Estado de Derecho para todos los participantes del sector energético.
La transparencia y rendición de cuentas de todos los actores involucrados sin privilegios, es el segundo, y el último es una política energética que contribuya con el desarrollo social.
Agregó que, si bien la política energética y social no es responsabilidad de la iniciativa privada, sí es necesaria su participación en cuanto al financiamiento e inversión de nuevos proyectos que ayuden a disminuir la brecha social y de género.
Con ello, se plantea alcanzar tres objetivos: que la energía sea suficiente en el País en el momento que se requiera en el corto, mediano y largo plazo.
Que esta provenga de fuentes limpias, y aunque el uso de hidrocarburos no se elimina, estos deberán ser empleados para la descarbonización del sector y su extracción tendrá que aplicar las mejores prácticas de sostenibilidad.
Por último, deberá tener un costo accesible para toda la población que la requiera.
El 4 de enero, Grupo REFORMA publicó que en 15 años se requieren inversiones por 120 mil millones de dólares, tanto para infraestructura de redes eléctricas como para añadir nueva capacidad.
