Del Imperio a la República
A l liberarse de España, México adoptó un régimen de gobierno monárquico constitucional, con un poder ejecutivo representado por una Regencia con carácter provisional, en tanto el rey Fernando VII o algún príncipe español venía a ocupar el trono. Conforme al Tratado de Córdoba, se formó la Junta Provisional Gubernativa, con funciones de órgano legislativo mientras se reunía el Congreso Constituyente que elaboraría la Constitución del Imperio Mexicano. La Junta se instaló el 28 de septiembre de 1821 y su primer acto radicó en redactar el acta que decretó la independencia del Imperio Mexicano; además, eligió a los miembros de la Regencia, nombró a Agustín de Iturbide presidente de ésta y le confirió el cargo de generalísimo del Ejército.
El Imperio abarcó la división territorial que existió hasta fines del siglo XVIII: los reinos de México -con las provincias de México, Tlaxcala, Puebla, Antequera (Oaxaca) y Valladolid (Michoacán)- y de Nueva Galicia -con las provincias de Jalisco o Nueva Galicia, Zacatecas y Colima-; las gobernaciones de Nueva Vizcaya -con las provincias de Guadiana o Durango y Chihuahua- y Yucatán -con las provincias de Mérida de Yucatán, Tabasco y Campeche-. Las provincias del Nuevo Reino de León, Nuevo Santander (Tamaulipas), Texas (Nuevas Filipinas), Coahuila (Nueva Extremadura), Sinaloa, Sonora, San José de Nayarit o Nuevo Reino de Toledo, Vieja California (Baja California), Nueva California (Alta California) y Nuevo México de Santa Fe. Si bien el virreinato fue un gobierno centralizado, el reino de Nueva Galicia, las capitanías generales de Yucatán y Guatemala, y las Provincias Internas de Oriente y Occidente tenían gobiernos autónomos.
El Soberano Congreso Constituyente se instaló el 24 de febrero de 1822 y el 21 de julio fue coronado Iturbide como emperador de México. Formado mayormente por diputados centralistas y un importante grupo favorable a la República, pronto entró en pugna con Iturbide; el debate se agravó con la llegada de fray Servando Teresa de Mier, ardiente republicano, quien apoyado por las logias masónicas empezó a conspirar contra el emperador, quien el 31 de octubre disolvió el Congreso y luego formó un nuevo cuerpo legislativo que llamó Junta Constituyente, con amigos y partidarios, para que dictara la Constitución del Imperio. El descontento por la disolución del Congreso lo aprovechó el general realista Antonio López de Santa Anna, quien el 2 de diciembre de se pronunció por la República.
A la caída del Imperio de Iturbide, gobernó a México el Supremo Poder Ejecutivo del 30 de marzo de 1823 al 10 de octubre de 1824. Ocupó entonces el campo político una nueva generación liberal, que vino a remozar los ya gastados contingentes de las fuerzas que habían levantado por primera vez en México la bandera de la libertad y la democracia. Fue una generación de gente joven, más exaltada y menos reflexiva que la que estaba en el poder, formada por individuos en la edad madura o la vejez; mientras aquélla es federalista, ésta es centralista. El 30 de mayo de 1823, el Congreso Constituyente designó un gobierno provisional formado por los generales republicanos Pedro Celestino Negrete (español), Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, con sus suplentes Mariano Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero, que se harían cargo del gobierno mientras se organizaban las bases del nuevo Estado.
Los federalistas aprovecharon la rebelión que derrocó a Iturbide para iniciar un movimiento separatista, con vistas a una integración posterior del Estado sobre la pauta del sistema federal. Rara fue la provincia que entonces no se “independizó” para reclamar acto seguido la reconstitución del conjunto en forma federativa. El principal objeto de sus ataques fue el restablecido congreso, dominado por los centralistas; por eso pidieron su disolución y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente. En algunas provincias, Guadalajara principalmente, la subversión federalista fue aprovechada por los iturbidistas para trabajar en favor de su caudillo.
Al caer Iturbide, el territorio que había integrado el Imperio Mexicano estuvo a punto de dividirse en pequeños países, porque los jefes de algunas provincias se negaban a obedecer al Ejecutivo nombrado por el Congreso. La carencia de una Constitución nacional provocó temor en las provincias de que apareciera una nueva tiranía; Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca y Puebla desconocieron al Congreso, mientras que las provincias del Bajío se reunían para deliberar. Centroamérica se separó y Chiapas hizo lo mismo, aunque se reintegró a México en 1824. La única forma de evitar la desunión del país parecía ser la adopción del sistema federal, que Yucatán -otra de las regiones separatistas- puso como condición para mantenerse unido a México.
Sin embargo, tal opción provocó que los viejos antagonistas resurgieran bajo nuevas banderas. En favor del federalismo (reunión de estados libres y autónomos unidos conforme a los principios de una Constitución general) estaban aquellas personas de tendencia liberal radical, que buscaban eliminar por completo el viejo orden social y consideraban llegado el momento de instituir la democracia. Por el contrario, los elementos centralistas temían que el federalismo resultara un cambio muy brusco y de graves consecuencias para un país como México, regido hasta entonces por un gobierno central, y veían la institución de una república centralista como un paso lógico y necesario. En cada una de las dos posiciones contrarias un ala moderada, que trató de mediar entre ambos extremos; pero la necesidad que en aquel momento existía para unificar el país ante la amenaza apremiante de los estados separatistas, inclinó la decisión del Congreso en favor de la solución que ofrecía el federalismo.
La Provincia de Querétaro
La Provincia de Querétaro existió como entidad política desde 1809, cuando se le autorizó elegir un representante que participó en la elección del diputado novohispano ante la Junta Suprema Central y Gubernativa de España e Indias; esto se confirmó en 1812 con la facultad que se le otorgó de nombrar un diputado a la Diputación provincial de México. Además, el hecho de que en 1810, 1813, 1820 y 1821 se permitió a Querétaro nombrar diputados a Cortes, revela el trato que las autoridades coloniales le dieron, aun formando parte de la Intendencia de México.
La Constitución política de la monarquía española, que se promulgó el 19 de marzo de 1812 en la ciudad de Cádiz, fue la primera Constitución de México y de Querétaro; aquí se publicó el 4 de marzo de 183. La llamada Constitución de Cádiz, de corte liberal, que abrogó Fernando VII en 1814 al volver al trono español y restablecer la monarquía, fue repuesta en 1820 y constituyó la ley fundamental del México independiente hasta la aprobación de la primera Constitución federal de 1824. En su artículo 10º, dicho estatuto reconoció la división territorial en provincias internas, que estuvo vigente hasta el final del Virreinato. Pese a su corta vigencia, tuvo gran influencia en los primeros años de la vida jurídica y política del México independiente.
En el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, llamado Constitución de Apatzingán, que el 22 de octubre de 1814 expidió el insurgente Supremo Congreso Mexicano, se incluyó a Querétaro como una de las diecisiete provincias que abarcó el artículo 42. Dicho Decreto fue resultado del proyecto que un año antes presentó el cura José María Morelos y Pavón, mediante el documento que se conoció como Los Sentimientos de la Nación. Este fue el primer intento de reorganizar la conformación interna del territorio.
En 1821, al consumarse la Independencia, el reino de la Nueva España, junto con otros distritos coloniales, se convirtió en un nuevo país. El Imperio Mexicano se formó con doce intendencias. Querétaro seguía comprendido dentro de la inmensa Intendencia de México. Cadereyta continuó como un distrito separado. La verdadera dimensión de la Provincia tuvo lugar hasta la erección de la Diputación provincial de Querétaro, el 21 de agosto de 1822.
En obediencia al decreto del 17 de noviembre de 1821 que convocó al primer Congreso Nacional, Querétaro procedió a elegir a su representante. El 14 de enero de 1822 fue votado Félix María Osores como elector de Provincia “por la ilustración, patriotismo y demás prendas que lo caracterizan”. Durante el primer Congreso Constituyente de la nación mexicana, al que convocó la Soberana Junta Nacional Gubernativa, se instaló el 24 de febrero de 1822; a mediados del año, los republicanos queretanos volvieron a plantear, ahora al Congreso Constituyente, que se reconociera a Querétaro como Provincia. El 21 de agosto, éste aprobó el establecimiento de su Diputación provincial, cuya instalación solemne fue el 7 de octubre.
Las Cortes de Cádiz crearon las diputaciones provinciales, como órgano intermedio entre los ayuntamientos y el gobierno superior del Reino. En Querétaro, la Diputación provincial tuvo una participación decisiva en el proceso que gestó el federalismo. Junto con otras provincias, la de Querétaro fue precursora del sistema federal. Este cuerpo representativo de la Provincia actuó hasta el 17 de febrero de 1824, en que comenzó a sesionar el primer Congreso constituyente del Estado de Querétaro.
Félix Osores: Padre y benemérito del Estado de Querétaro
Al derrumbe del imperio de Iturbide se formó el Supremo Poder Ejecutivo. Su primera tarea consistió en convocar a un nuevo Congreso Constituyente para formular una Constitución. Éste se instaló el 7 de noviembre de 1823 en un ambiente liberal y federalista, donde imperó la idea de forjar la independencia de los estados y el respeto a su soberanía. La agitación en las provincias era tal que se indicó en el artículo 6º del proyecto de bases de la República federativa (21 de mayo de 1823): “sus partes integrantes son Estados libres, soberanos e independientes en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior según se detalle en esta acta y en la Constitución general”. La ley de bases incluyó los decretos del 22 de agosto y el 14 de octubre de 1823 que crearon las provincias de Querétaro y del Istmo, respectivamente; convocó, además, a las veinticinco provincias a enviar delegados al nuevo Congreso.
Mientras las antiguas intendencias tenían garantizada su evolución en estados, Querétaro, el único Corregimiento de Letras de Nueva España, enfrentó serias dificultades para que se aceptara su inclusión como entidad. Desde los debates del artículo 7º del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana provisional, se levantó la acusación contra Querétaro de no haber luchado por la libertad de México, por lo que no se había ganado el derecho de constituirse en estado libre y soberano. Asimismo, se argumentaba que su territorio era escaso.
Además de Querétaro, otro gran problema en los debates lo representó Tlaxcala, sólo que ésta había constituido siempre una unidad política desde la época prehispánica y tal situación debería mantenerse, convirtiéndola en un territorio federal. Pero en el caso de Querétaro, cuyo territorio pertenecía a la Intendencia de México, así debería continuar, pues la conducta de esta gran intendencia no había dado motivo para quejas y menos para separaciones. Los diputados queretanos que resultaron electos al segundo Congreso general de 1823-1824 fueron el doctor Félix María Osores Sotomayor, párroco de Santa Anna, quien participó activamente en los debates; el general José Morán, marqués de Vivanco; el médico Joaquín Guerra y Manuel López de Ecala, miembro de una familia prominente de la oligarquía local.
Nuestros representantes llegaron al Congreso con el temor de ver a su capital y su territorio agregados al Estado de México. Se decía en voz baja, pero con mucha insistencia, que “Querétaro, al igual que Tlaxcala, por su pequeño territorio y su falta de recursos, no estaban en aptitud de constituirse en Estados, pero, en tanto que Tlaxcala, por razones históricas, debería formar una unidad, un territorio federal, Querétaro debía agregarse al Estado de México”. Sin embargo, tal razonamiento no lo admitían todos los diputados; los de Guanajuato, Michoacán y Puebla, entre otros, lo rechazaban e insistían a los queretanos que defendiera la vida institucional para Querétaro.
Los diputados consideraban que la transformación de las antiguas provincias a estados federados implicaba fuertes erogaciones, por lo que en cada caso había que sopesar la viabilidad económica. Bajo este argumento, se quiso negar a Querétaro el derecho a ser uno de los miembros del primer Pacto federal. Uno de los que se opusieron a esa declaración fue Carlos Bustamante, diputado del Estado de México; argumentó que la provincia queretana había decaído mucho debido a la revolución de Independencia y se le haría un perjuicio “en obligarle a erogar los gastos que han de hacer los estados”.
El diputado Paz salió en defensa de Querétaro y refutó a Bustamante al decir que a pesar del estado decadente de la nación, las aduanas de nuestra Provincia producían una considerable cantidad y tenía elementos “más que suficientes para ser un Estado independiente”. Querétaro superó el obstáculo en el terreno parlamentario, pero varios años después enfrentó la realidad al no poder cumplir con su contingente en numerario para los gastos de la Federación; es decir, no podía cubrir su cuota para mantener la membresía en el conjunto de entidades federativas.
En medio de acaloradas discusiones, algunos parlamentarios fraguaron la desaparición del territorio de la Provincia de Querétaro para anexarlo a los de Guanajuato, San Luis Potosí y México. Manuel Septién señala que “fue la ambición de estos estados por anexarse su territorio o fueron viejos rencores originados por haber permanecido siempre Querétaro bajo la dominación de los españoles, durante las guerras de independencia, lo que provocó la ofensiva contra Querétaro, pidiendo solapada y abiertamente su desaparición como estado de la Federación […]”
La defensa de Osores Sotomayor fue necesaria, debido a que entre los congresistas surgieron una serie de controversias en cuanto a si Querétaro debía ser un estado de la Federación o si su territorio debía ser absorbido por otros. Primeramente, se argumentó que la irregularidad y pequeñez de su territorio eran obstáculo para su autonomía. También se dijo que su cercanía con la capital del país era otra buena razón para que no tuviera un gobierno independiente, pues más bien debería estar bajo la tutela de los tribunales de México. Aunado a lo anterior, se esgrimió la idea de que durante la guerra de Independencia se mantuvo leal a la causa realista, debido a que la mayoría de la población era reaccionaria.
A todo ello, el diputado queretano replicó con argumentos mediante una brillante pieza oratoria que heredó para la posteridad, con la que hizo valer los méritos históricos y el potencial que tenía Querétaro para merecer su inclusión en la Constitución como Estado Libre y Soberano de la Federación Mexicana.
Haciendo gala de sus dotes de tribuno, Osores expuso de manera vehemente a los congresistas en su elocuente discurso que leyó el 22 de diciembre de 1823, al discutirse el artículo 7º del Acta Constitutiva de la Federación en la parte que hablaba sobre Querétaro:
Señor: si alguno pone en duda la suficiencia de Querétaro, y la quiere agregar a otra Provincia, no es porque nada vale o por lo que no es, sino por lo que cierta y realmente es; ni por eso me atreveré a decir que es un astro de gran magnitud, pero siempre negaré que sea un satélite; no es un gigante pero tampoco un pigmeo; es un hombre de regular estatura que puede ladearse con otros hombres; es una Provincia que puede ponerse como otras, sus semejantes entre los estados de nuestra Federación, pues que para ello tiene los elementos necesarios que son en razón compuesta y proporcional, los de extensión, población y recursos.
Héctor Samperio califica la arenga del diputado queretano como “una obra maestra de la oratoria parlamentaria en lengua castellana”, en tanto que Fernando Díaz asevera que “el discurso del Doctor Osores, a más de ser una brillante defensa de Querétaro, es una historia de nuestra Entidad que proporciona datos de gran interés […]” A su vez, Manuel Septién considera “maravilloso” el discurso de Osores, lleno de lógica, agudeza y datos incontrovertibles.
El propio Septién aprecia que “a más de ser una brillante defensa de Querétaro, es una pequeña pero substanciosa historia de nuestra entidad, que nos proporciona datos de gran interés”. Este autor sostiene que “sin esta vibrante requisitoria del Doctor Osores, el territorio de Querétaro habría pasado a agregarse a otros estados limítrofes, que ansiosamente lo ambicionaban”. Por lo anterior, “Querétaro tiene una deuda de gratitud con el Doctor Félix Osores, a quien debe el honor de ser proclamado como padre y benemérito insigne del Estado”.
Así, el talentoso doctor Félix Osores -nativo de Tulancingo- convenció a la Asamblea Constituyente de los múltiples merecimientos que Querétaro tenía para figurar como uno de los estados de la nueva nación. Finalmente, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, primer estatuto de carácter provisional que tuvo el nuevo gobierno, se aprobó el 31 de enero de 1824 e incluyó dieciséis estados fundadores, entre ellos Querétaro. Firmaron el Acta los diputados queretanos Osores, Guerra y Ecala.
Sin restar méritos a Osores Sotomayor, Manuel Suárez y Juan Ricardo Jiménez afirman que aquél sólo fue el elegido por el cabildo queretano para cumplir un encargo fijado de antemano: pelear porque se reconociera a la Provincia de Querétaro el carácter de Estado. Osores atendió la instrucción y tuvo éxito. En una carta histórica, le dijo: “Espera también esta Diputación del celo que a Vuestra Señoría anima, que oportunamente promoverá en el Congreso soberano cuanto sea conducente para que esta Provincia tenga el territorio que le pertenezca, con arreglo a las instrucciones que Vuestra Señoría se halla, porque el sistema de confederación así lo requiere”.
Con la aprobación del artículo 7º del Acta Constitutiva, la Provincia de Querétaro se convirtió en uno de los estados de la nación mexicana; lo que el Congreso hizo fue declarar una realidad, pues Querétaro era Provincia desde los acontecimientos de 1808 y fue una de las diecisiete provincias en que la Constitución de Apatzingán dividió el territorio nacional. Ya durante la era republicana, el Congreso, mediante su decreto del 22 de agosto de 1823 le fijó su territorio provincial, que se formó con los partidos de su capital, Querétaro, Cadereyta y San Juan del Río.
El siguiente paso consistió en elaborar la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que se firmó el 4 de octubre de 1824. Los que la suscribieron por Querétaro fueron Félix Osores y Joaquín Guerra. En ella se estableció que la república se formaba con diecinueve estados soberanos -se ratificó a Querétaro con esa calidad- y cuatro territorios. Así, México inició la ruta del constitucionalismo al adoptar el sistema republicano, representativo, popular y federal, como se asentó en la Carta Magna.
