El discurso rijoso que todos los días se repite desde palacio nacional, aunado al clima pre electoral, nos tiene ante un país dividido, partido por la mitad. El ejercicio autocrático del poder hace nugatorio el ejercicio de la política como forma de construir acuerdos en un estado democrático.
El gobierno que debiera ser plural y abierto a todas las fuerzas sociales, económicas y políticas, se tornó, desde el primer momento en un gobierno militante, más ocupado en la rentabilidad política de sus acciones a favor de su partido, que en buscar la unidad nacional.
Los costos de recurrir a la aniquilación del contrario y negarse al ejercicio de la política, entendido como la vía del diálogo para la obtención de consensos, los está cosechando ya, precisamente en el ocaso de su administración. Sus intentos por modificar la Constitución, en la segunda mitad del sexenio, han sido derrotados en las Cámaras legislativas y las 18 modificaciones constitucionales que obtuvo en la primera mitad, cuando contó con una mayoría artificial e ilegalmente constituida, han sido controvertidas y revertidas en parte por la Suprema Corte de Justicia. La necedad de que fueran aprobadas sin discusión y sin cambiarle ni una coma, negó la práctica parlamentaria y hoy, las propuestas presidenciales rebotan ante un bloque opositor surgido para rescatar algo de dignidad y legalidad.
Esa resistencia al diálogo ha hecho que en la realidad, la cuarta transformación pregonada haya quedado en mera pirotecnia de efecto electoral. No se puede descalificar la intención transformadora, ni desaprobar los postulados generales de este gobierno a favor de reducir pobreza y desigualdad, pero si se puede imaginar lo que hubiera sido posible si en vez de la determinación absolutista con la que se buscó imponer medidas irracionales, dictadas más al parecer por capricho e improvisación que por razones técnicas, se hubieran concertado y convencido a los actores de la viabilidad y beneficios.
Es lamentable que, ante la falta de consensos con la sociedad, y la evidente inutilidad del gabinete presidencial, la administración avance en los hombros de las fuerzas armadas y no siempre con buenos resultados.
En el tema de seguridad, las fuerzas estatales fueron desvencijadas y las municipales ignoradas para fortalecer a la Guardia Nacional militarizada. Los resultados están a la vista, la delincuencia controla muchos territorios y se expande, mientras en palacio se exhiben estadísticas que riñen con la realidad.
Ahora la SEDENA es accionista junto con el Banco del Ejército, de una paraestatal denominada Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, que habrá de controlar cuando menos 12 aeropuertos, una línea ferroviaria, Tren Maya, así como hoteles y líneas aéreas. Construye aeropuertos, caminos, sucursales bancarias, vías ferroviarias y lo que ordene el presidente. La Marina también participa y al igual que el ejército administra aeropuertos, puertos, y aduanas.
Esta omnipresencia de las fuerzas armadas cumpliendo órdenes directas, representa la verdadera cara del régimen, incapaz de construir desde la estructura civil el andamiaje de la transformación soñada, nunca explicada ni expuesta orgánicamente, sino solo imaginada en la retórica presidencial.
El discurso vindicativo, la necesidad de legitimar decisiones a costa de desprestigiar a los supuestos adversarios y la lógica de fortalecimiento electoral mantuvo a este gobierno alejado de los acuerdos y la presidencia republicana se tornó en autocracia.
Los resultados están hoy muy lejos de lo que se esperaba y por ello la urgencia de dejar sucesión que continúe, pues será necesario tapar los grandes hoyos que deja. Seguridad, energía, salud, educación, deuda, tienen saldo negativo y son ecuaciones a resolver, así como el déficit presupuestario y el apalancamiento de los recursos para los programas sociales.
El balance de este gobierno no le es favorable, salvo en este renglón de los programas sociales, los cuales han servido para compensar, y mal, la pérdida de capacidades institucionales.
El clima de polarización que la conducta presidencial creó hizo imposible tener espacios de negociación que permitieran mejores logros, y hoy en época electoral son inimaginables.
Las intenciones y acciones del gobierno, intentando la colonización o mediatización de los órganos electorales, nos acerca peligrosamente a una elección de estado y pese a ello, la ciudadanía tendrá que decidir el 2 de junio, con un país partido por la mitad, el gobierno y el futuro que queremos.
Urge rescatar los altos valores de la política y no será con una elección de estado, como se avizora, que este país recupere la capacidad de conducirse como sociedad unificada en propósitos y metas. La propuesta del bloque opositor, de un gobierno de coalición, suena atractiva para conseguir en principio la reconciliación nacional y encontrar un proyecto común, diferente a la propuesta oficial sectaria, disfrazada de humanismo. Avanzar juntos requiere de consensos que en este momento son imposibles de alcanzar, y ya sabemos por qué.
