La secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, fue la tercer funcionaria en rendir cuentas durante el ejercicio de la Glosa 2023 del segundo informe del gobernador Mauricio Kuri González, ante los diputados de la LX Legislatura.
Parte de su reporte se basó en los esfuerzos y actividades de conciliación, diálogo y contención del estado de derecho; al referir que se llegaron a atender hasta 63 manifestaciones de colectivos feministas; y se atendieron 636 expresiones sociales de diversos grupos, organizaciones y comunidades en el Estado, con mesas de diálogo y mediación derivadas de 36 bloqueos viales y 60 marchas.
En este sentido, la secretaria resaltó el trabajo y la capacitación de los concertadores políticos, que han logrado establecer mesas de diálogo y de conciliación con quienes exigen mediante este tipo de expresiones soluciones a su inquietudes; y recalcó que no se ha hecho uso de la fuerza sin apego a derecho.
“La misión de la Secretaría de Gobierno es clara: defender el Estado de Derecho y garantizar que se escuche la voz de cada uno de los ciudadanos. Porque el compromiso con la gobernabilidad, es cumplir y hacer cumplir la ley; pero también a escuchar, comprender y atender las demandas legítimas de la comunidad”, argumentó.
Asimismo, Guadalupe Murguía subrayó los resultados de la regularización y escrituración de predios, así como los procesos de recuperación de espacios, como el vivido en La Cuadrilla.
Además, se llevaron a cabo 334 escrituras para igual número de predios en el Fraccionamiento Fray Junípero Serra, con un precio accesible de 6 mil 530 pesos. Y de manera general, se dieron 295 títulos de propiedad, en coordinación con el Poder Judicial y los municipios, y estimó que se entregarán en este 2023 otros mil títulos de propiedad.
En materia de procedimientos de notariado público, reportó que al cierre del mes de septiembre se otorgaron 4 mil 769 testamentos en el estado y que, en atención a la alta demanda, este programa se amplió al mes de octubre. Además de que la Ley de Notariado exige una fianza de hasta 20 mil UMAS para la garantía de los procesos, y evitar que se repita una situación como la vivida con la Notaría 24.
Finalmente, Murguía Gutiérrez mencionó que se asignó un presupuesto de 15 millones de pesos al Instituto para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual ha firmado convenios con los municipios de mayor población indígena, como lo son Amealco, Ezequiel Montes, Cadereyta, Tolimán y Colón.
