Enfrentar la pobreza, las dificultades para acceder a servicios de salud, la discriminación y la justicia son retos monumentales para muchos grupos sociales. Además, a nivel nacional, la mayoría de nuestros pueblos indígenas suman a sus luchas la carencia de agua potable. Lamentablemente, el gobierno federal actual ha dejado a las comunidades rurales en el abandono, relegando también a los pueblos originarios a una situación de exclusión. La urgencia por políticas públicas efectivas y sólidas que no marginen a los pueblos indígenas, que aseguren un suministro suficiente y de calidad de agua potable, es uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo para garantizar la justicia hídrica.
Es indignante que, mientras en las áreas metropolitanas se realizan inversiones millonarias en infraestructura hídrica, las fuentes fundamentales de este recurso vital, y las reservas de agua a nivel nacional, situadas principalmente en zonas rurales, sigan sin la atención necesaria y permanezcan relegadas. La equidad en el acceso al agua no debe ser un privilegio, sino un derecho inalienable. Las comunidades indígenas también tienen el derecho no solo de recibir agua ocasionalmente, sino de acceder a ella de manera digna y constante.
De acuerdo con datos del INEGI para el año 2020, la población indígena en México ascendía a 7,364,645 personas, de las cuales un alarmante 21% carecía de acceso adecuado al agua. Esto resalta la urgencia de colaborar en conjunto para cambiar esta realidad.
Lamentablemente, gran parte de los responsables de tomar decisiones provienen de contextos privilegiados y frecuentemente desconocen la realidad de las mayorías que viven en condiciones precarias. Esta falta de comprensión amplía aún más la brecha entre quienes tienen y quienes carecen.
El concepto de justicia hídrica ha ganado relevancia en años recientes, abogando por un acceso equitativo al agua sin excepciones. Este recurso esencial, que nutre la vida, mantiene nuestros sistemas de soporte y permite el desarrollo, no debería ser un recurso inalcanzable para algunos mientras es despilfarrado por otros.
Resulta paradójico que, siendo las zonas rurales las principales proveedoras de agua, estas mismas áreas a menudo carezcan de inversiones en infraestructura hídrica. La inquietud aumenta al observar cómo, en situaciones de crisis hídrica en zonas urbanas originadas por mal manejo de sus recursos hídricos, se invierte en transferir agua desde regiones rurales hacia la ciudad, en lugar de asegurar un acceso sostenible y equitativo para todos.
Hoy en día, la gobernanza debe ser integral y basada en un análisis completo y democrático. Cuando las políticas públicas se implementan de manera colaborativa y participativa, pueden conducir a soluciones duraderas y equitativas en la gestión del agua en comunidades rurales y pueblos originarios. La clave radica en la efectiva integración de políticas, prácticas tradicionales y la participación comunitaria.
Para construir una sociedad justa, equitativa y sostenible, es esencial que la justicia hídrica ocupe un lugar central en nuestras decisiones y políticas. Las comunidades rurales y los pueblos originarios no son meros proveedores de recursos, sino guardianes de nuestras fuentes de vida. Merecen, al igual que todos, un acceso equitativo y justo al agua potable. Nuestra visión de futuro debe aspirar a un mundo donde el agua no sea un privilegio, sino un derecho universal. Es hora de trabajar juntos para hacer de esta visión una realidad.
