El origen
A mediados del siglo XVI comenzó la Corona española el reparto de mercedes de tierras a los conquistadores y colonizadores al norte del pueblo de indios de Querétaro, fundado en 1531 según la tradición. Las mercedes más antiguas corresponden a la zona de Amascala y las que se otorgaron sobre el Camino Real de Tierra Adentro, que se abrió después que fueron descubiertas las minas de plata en Zacatecas.
El gobierno virreinal concedió cerca de doscientas mercedes en ese siglo, lo que marcó el inicio del proceso de formación de la propiedad agraria en el distrito. Siete de ellas corresponden al llamado “llano de las ovejas”, ubicado hacia el norte, sobre el camino a Zacatecas, región que desde el siglo XII estuvo ocupada por diversos grupos indígenas llamados genéricamente chichimecas, que vivían de la caza y la recolección de frutos silvestres.
Los beneficiarios de esas siete mercedes fueron Juan Sánchez de Alanís, quien en 1551 recibió los sitios de estancia nombrados La Solana y Jurica; Juan Rico de Rojas obtuvo el mismo año la estancia llamada El Peñol, que colindaba con la de Sánchez de Alanís; Martín Jofre recibió en 1552 dos estancias, una de ganado mayor -al final de una estancia de Alonso de Villaseca- y la otra de ganado menor.
Jorge Cerón Saavedra y Pablo de Vargas recibieron en 1556 dos sitios de estancia en lo que es hoy el valle de Buenavista, uno de ganado mayor y otro de ganado menor, colindantes con la estancia de Jofre, quien recibió en 1561 una estancia de ganado mayor más, ubicada entre las estancias de Villaseca y Vargas. Gaspar de Castañeda obtuvo en 1565 un sitio de estancia para ganado menor nombrado La Ciénegas de los Mulatos, con una caballería de tierra, colindantes con la de Rico de Rojas.
En 1556, Juan Sánchez y Juan Rico vendieron a Fernando de Tapia, fundador y gobernador del pueblo de Querétaro, los sitios de Jurica, La Solana y El Peñol; estuvieron en poder de la familia Tapia hasta principios del siglo XVII, en que pasaron por herencia de Diego de Tapia -hijo de Fernando- al convento de monjas Santa Clara de Jesús.
La hacienda de Juriquilla y Santiago de Villanueva y Oribay
En ese tiempo, los tres sitios, dedicados originalmente a la cría de ganado mayor y menor, se integraron para formar la hacienda de Juriquilla, que a partir de entonces se dedicó mayormente a las labores agrícolas. Lo mismo ocurrió con el resto de las fincas ubicadas en el valle de Querétaro, debido a la creciente necesidad de satisfacer la demanda de alimentos por parte de los habitantes de la ciudad y las poblaciones que nacieron a lo largo del también llamado Camino de la Plata.
Al mismo tiempo, surgió la industria textil con el establecimiento de los obrajes, que se ubicaron hacia el norte de la ciudad para aprovechar el agua del río que requerían para el proceso de elaboración de las telas y en algunas haciendas, como fue el caso de Juriquilla, llamada también Jurica en los documentos, lo que causa confusión. Ahí se instalaron en el siglo XVIII dos obrajes: Nuestra Señora de Guadalupe y Santo Cristo de Burgos.
En 1677, el convento vendió la hacienda al bachiller Antonio Yáñez, oriundo de la villa de Cadereyta y miembro de la Congregación de Clérigos Seculares de Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Querétaro; en sus manos creció la infraestructura de Juriquilla y aumentó su producción. Al fallecer Yáñez, la finca pasó a manos de la Congregación; tras rentarla varios años a otro miembro de la familia Yáñez, los clérigos la pusieron a la venta y el 30 de septiembre de 1707 la compró el capitán Santiago de Villanueva y Oribay, originario del valle de Gordejuela, en el Señorío de Vizcaya, España.
Al llegar a Nueva España, Santiago se instaló en la ciudad minera de Zacatecas y luego en la de Guanajuato. En 1700 contrajo matrimonio con María Martínez Correa y procrearon nueve hijos; ésta falleció catorce años después, al nacer el último. En 1724 casó con Ana María Teresa Rafaela Terreros y Souza en segundas nupcias y tuvieron tres hijas, de las que dos vivieron: Felipa Jacoba Agustina María, quien casó con Pedro Bernardino de Primo y Jordán, alférez real de la ciudad de Querétaro y María Manuela, que a su vez se enlazó con José Antonio de la Campa y Cos. Tras morir su esposo en 1735, la viuda contrajo matrimonio con Juan Antonio Montaño.
En 1725, Santiago de Villanueva hizo inventario de sus bienes, que ascendían a un total de 445 844 pesos, que en ese tiempo representaban una fortuna. Del inventario y el testamento que dictó en 1734, se desprende que luego de las anexiones efectuadas en años anteriores en Juriquilla habían registrado un aumento considerable. Su extensión abarcaba ocho sitios de ganado mayor y menor, además de diez caballerías de tierra dedicadas a las labores agrícolas -cerca de 8 600 hectáreas en total- y los dos obrajes ya mencionados, junto con el batán. Así, la hacienda amplió su economía al conjuntar las actividades agrícolas, pecuarias, textiles y comerciales.
Además, en la ciudad de Querétaro, entre 1726 y 1729 el regidor y corregidor de Querétaro adquirió y transformó las casas que destinó para su vivienda familiar y tuvieron también uso comercial; estaba ubicadas en la esquina de la plaza Mayor y la calle de la Verónica, hoy Plaza de Armas y 5 de Mayo, respectívamente. Junto con otros edificios localizados en el centro histórico -como el Palacio de la Corregidora-, esta mansión señorial -conocida como Portal Quemado- fue restaurada durante el gobierno de Rafael Camacho Guzmán; entre 1982 y el 2015 fue sede del Congreso del Estado y actualmente la ocupan oficinas del Tribunal Superior de Justicia.
Rescate y prosperidad de las haciendas
Al morir Santiago de Villanueva en 1735, dejó como sucesoras a su viuda Ana María de Terreros y sus hijas Felipa Jacoba y María Manuela, quienes, junto con Montaño, iniciaron un pleito ante la Real Audiencia y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por la posesión de Juriquilla y sus anexas San Isidro y La Solana. Esto motivo que fueran embargadas y ello provocó que entraran en decadencia a partir de 1750, hasta que el 26 de noviembre de 1781 el Santo Oficio adjudicó las fincas al regidor Pedro Antonio de Septién Montero y Austri, yerno de Felipa Jacoba Villanueva de Primo.
Como alférez real, Pedro Antonio fue un personaje importante de la ciudad de Querétaro; pese a que las haciendas estuvieron en su poder poco tiempo, logró rescatarlas del abandono. Pronto las fincas volvieron a su propietaria original, cuando la Real Audiencia libró una Real Provisión el 12 de julio de 1784 para que se realizaran las diligencias de entrega de las haciendas a Felipa Jacoba de Villanueva, viuda del alférez real Pedro de Primo. Ésta dictó su testamento el 5 de abril de 1789 y nombró albacea y apoderado legal a su cuñado Juan Manuel Primo y Jordán y a su hijo José Luis Primo Villanueva.
Al fallecer Juan Manuel, José Luis Primo otorgó el 29 de marzo de 1811 el testamento que le ordenó su madre, quien al contraer matrimonio con Pedro Primo procreó a sus hijos Dolores, José Luis, María Guadalupe, María Josefa y María Gertrudis. Instituyó por sus herederos a su hijo José Luis y a sus nietos. En virtud de esta disposición, Juriquilla, San Isidro y La Solana pasaron a poder de Manuel Septién Primo, primero de los nietos de la testadora, hijo de Pedro Antonio Septién Montero y Austi y Dolores Primo Villanueva.
José Manuel murió el 1 de febrero de 1844 sin dejar testamento, por lo que sus hijos Dolores y José Antonio Septién y Villaseñor promovieron juicio ante el Juzgado de Letras de esta ciudad, que el 26 de abril de 1844 nombró herederos a ambos y albacea a Dolores. Los inventarios y la cuenta partitoria se aprobaron el 27 de febrero y el 30 de marzo de 1846, en que se aplicaron las fincas a Dolores. Antes de fallecer, ésta dictó su testamento el 28 de noviembre de 1857; declaró haber contraído matrimonio con Timoteo Fernández de Jáuregui, con quien procreó diez hijos, de los cuales vivieron cinco: Catalina, Fabiana, José Longinos, Isidoro y Dolores.
El 8 de febrero de 1869, Timoteo adjudicó la hacienda de Juriquilla y su anexa de San Isidro a su hija Catalina Fernández de Jáuregui Septién, quien se casó en 1859 con Bernabé Loyola Venegas, nativo de Tlalpujahua, Michoacán, con quien procreó nueve hijos. Catalina murió en 1873 y de esta manera, las haciendas pasaron a poder de su esposo, quien cuatro años después contrajo segundas nupcias con su cuñada Dolores; tuvieron trece hijos y ello le dio oportunidad a Bernabé de acceder a la segunda parte de la herencia materna de su esposa: la hacienda contigua de La Solana. Loyola Venegas poseyó las tres fincas -ubicadas en la municipalidad de Santa Rosa- hasta su muerte, ocurrida en 1908.
Siglo XX: el reparto agrario
Al final del siglo XIX, Querétaro era un estado modelo: próspero, tranquilo y fiel a los principios porfiristas. Al iniciar la siguiente centuria, en 1909 afloró la agitación social con las huelgas del Ferrocarril Central y la fábrica “El Hércules”; el malestar en el campo mexicano era evidente y así surgió la Revolución. Hasta principios del siglo XX, las haciendas de Querétaro se expandieron y saturaron con su dominio el territorio estatal; provocaron así la pérdida de ejidos, tierras comunales y propios que garantizaban la existencia de pueblos y comunidades.
El 6 de enero de 1915 expidió el presidente Venustiano Carranza la Ley Agraria, que ofreció una propuesta integral y sistemática para resolver los problemas agrarios del país; para ello, fijó las bases sobre las cuales se llevó a cabo la restitución o dotación de ejidos en el territorio nacional. Las haciendas queretanas conservaron prácticamente intacta su fisonomía y la infraestructura con que fueron dotadas -sobre todo en el siglo XVIII, como ocurrió con Juriquilla- hasta los años del reparto agrario, proceso que inició en 1916 con la petición de restitución de ejidos que el 19 de enero de ese año hicieron los vecinos del pueblo de Santa Rosa Jáuregui.
Éste fue el primer ejido que concedió Carranza, mediante decreto expedido el 14 de febrero de 1918. Los vecinos del pueblo recibieron una superficie equivalente a un sitio de ganado mayor: 1 755.61 hectáreas de riego, temporal y cerril, pertenecientes a las haciendas de Juriquilla, La Solana y Montenegro. A su vez, la entonces propietaria de Juriquilla, Dolores Fernández de Jáuregui viuda de Loyola, fraccionó el resto de la hacienda y la distribuyó entre sus hijos. Las últimas propietarias del casco antiguo de la finca fueron Herlinda y Esperanza Loyola Fernández de Jáuregui, hijas de Bernabé y Dolores, hasta inicios de la década de 1980.
Una década antes, el licenciado Juan José Torres Landa compró el casco y los terrenos que fueron de la hacienda Jurica, donde construyó un desarrollo residencial campestre y un hotel. Al morir, sus hijos Juan José, Juan Arturo, Juan Germán, Juan Francisco, Juan Ignacio y Juan Antonio, continuaron con la inercia de los desarrollos inmobiliarios propiciada por el crecimiento industrial iniciado a mediados de siglo, por lo que se dieron a la tarea de rescatar los terrenos que habían pertenecido a Juriquilla. Era un auténtico rompecabezas y, tras arduos esfuerzos, lograron reunificar lo que tiempo atrás fue próspera hacienda; así iniciaron los trabajos para convertir la zona en un desarrollo turístico de gran importancia.
Primero se construyó un campo de golf y, finalmente, en 1987 tuvo lugar, en la Plaza de Toros la inauguración del desarrollo inmobiliario, turístico y recreativo que hasta hoy se conoce como Provincia Juriquilla; así, los hermanos Torres Landa hicieron realidad el sueño de su padre y lo convirtieron en uno de los polos de desarrollo más importantes de la República. Además, en 1993 inició operaciones en el casco antiguo de la hacienda el hotel Misión Juriquilla.
Estos fragmentos forman parte del libro titulado Los propietarios de la hacienda de Juriquilla, siglos XVI-XX, de la autoría de Daniel Valencia Cruz (+), Jesús Mendoza Muñoz, José Ignacio Urquiola Permisán (+) y quien esto escribe. La edición de la obra estuvo a cargo de Miguel Ferro y se presentará en el Centro Académico Cultural del Campus Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México, el viernes 23 de junio.
