Últimamente hemos escuchado mucho sobre la importancia de la participación por parte de toda la sociedad a favor del cuidado del agua. Es excesivamente positivo que se haga eco y que éste sea cada vez mayor al punto de sustituir el importante por el urgente.
Hace unos días, mencione que no se es ciudadano para poder participar si no que es preciso participar para poder alcanzar la ciudadanía. Ganarnos este derecho; contribuyendo en el cuidado del agua y de nuestro medio ambiente, debería ser obligatorio, porque, aunque todas y todos seamos conscientes de que no podemos vivir sin agua potable, nuestras prácticas y nuestro cuidado al respecto es prácticamente nulo.
Quiero sacar a colación un caso particular, de Latinoamérica, en específico de Uruguay, país que está en constante estado de emergencia hídrica por sequía y escasez. Su situación ha tenido que cambiar el enfoque con el que tradicionalmente gestionaban su recurso hídrico, por uno en el que la ciudadanía tuviera un rol más protagónico, y pasó lo esperado. En un periodo de 5 años (2005-2010) hubo una mejora en la política hídrica, gracias a la implementación de “objetivos explícitos” dirigidos a la incorporación de las y los ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones internacionales además de los servidores públicos.
Y su evolución en este sentido ha sido tal que, el pasado 11 de febrero del presente año, el país ¡prohibió de manera indefinida la utilización de agua potable para fines no prioritarios! Con lo que referimos al riego, al lavado de veredas, el llenado de piscinas y el lavado de automóviles por parte de particulares en varias zonas del país. Esta es una representación tangible de lo que puede hacer una sociedad organizada y comprometida con recursos como el agua. También hay que mencionar que, aunque fue un proceso que tomó tiempo, los resultados lo han valido todo.
Para poder sobrevivir necesitamos gestionar y conservar el agua de manera sostenible, el agua tiene y debe ser tratada como bien humano, más allá de color o ideología gubernamental.
En ese sentido, resaltar que nuestro país tiene una legislación que requiere de cambios para ajustarse a nuestra actualidad, y dichos ajustes tienen que darle un peso mayor a nosotros como ciudadanía.
Tenemos mecanismos e instituciones que se encargan de la incorporación de todas y todos en la toma decisiones de agua; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; los 26 Consejos de Cuenca distribuidos a lo largo del país (pensados como organismos mixtos para la participación de gobierno, usuarios y sociedad), y ni qué decir del hoy instaurado Consejo Consultivo del Agua en nuestra capital queretana.
Hoy me siento orgullosa y motivada de lo que se está logrando y hacia donde nos encaminamos. Representantes y equipo que trabajan por garantizar el acceso al agua, están demostrando su compromiso por alcanzar la participación que los haga ciudadanos. He visto como ha permeado el cambio generacional en nuestra sociedad, reflejado en leyes que consideran más lo social y ambiental. Tenemos acceso a los instrumentos, a los espacios, hoy nos corresponde hacer uso consciente de ellos, para contribuir una política de aguas participativa, que impulse la coordinación entre todos los actores pertinentes. No solo es escuchar lo que el gobierno tiene que decir si no ser quien también diga. Puede que no seamos expertos, pero como consumidores del recurso, todos somos responsables y así tenemos que asumirlo.
