Una de las promesas de campaña que más tuvieron efecto para que los votantes confiaran en el entonces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue su compromiso de acabar con la corrupción desde el primer año de gobierno.
Sin embargo, ya corre el quinto año de gobierno y los escándalos de corrupción están presentes y la decisión de paralizar y desactivar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) marca al sexenio del Presidente López Obrador como un Gobierno lejano a la transparencia.
El INAI está incompleto, faltan tres comisionados. El Senado está en falta, el Titular del Ejecutivo, aseguró que es mejor que no exista porque no sirven para nada. Y además reiteró, que es un órgano autónomo que “sólo ha sido una fachada, para encubrir las corruptelas de funcionarios”.
Ante esos calificativos, levantó la voz, Blanca Lilia Ibarra, Magistrada Presidenta del INAI y señaló que López Obrador tiene una percepción equivocada y aseguró que el órgano es garante de la transparencia.
Lo grave es que el Derecho a la Información se cancele con la anulación del INAI, porque no hay manera para que las dependencias respondan a solicitudes de información. En los últimos 19 años, la sociedad civil ha trabajado muy duro para evitar actos de corrupción y vía del entonces IFAI ahora INAI ha asegurado la transparencia del presupuesto de las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal.
La opacidad lleva a la impunidad en el gasto público. Y la corrupción en esta administración no se ha erradicado.
SUSURROS
Sin necesidad alguna, la administración de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda, ha dejado crecer un conflicto con los sindicatos de ambos bancos de desarrollo: acoso laboral, despidos injustificados e intento de despojo de las sedes sindicales como represalia por demandas laborales de retabulación salarial que datan de septiembre del año pasado. El asunto ya llegó a la mañanera, donde apenas en enero el presidente López Obrador dio instrucciones a Luisa María Alcalde para resolver esas diferencias, sin que haya habido siquiera reuniones de conciliación, porque a un par de citas pactadas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, simplemente los líderes sindicales de Nafin y Bancomext fueron plantados por la directora de Administración de esas instituciones, Paulina Moreno.
En los últimos años y con el objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera y la dependencia de los combustibles fósiles, diversas compañías han articulado políticas de ahorro y eficiencia energética como la que la empresa portuaria, Hutchison Ports, que lleva en Latinoamérica y el Caribe, Jorge Magno Lecona, ha desarrollado a partir de su incorporación a los programas mundiales ‘Business Ambition for 1.5°C’ y ‘Race to Zero’. Con la idea de lograr el “NET ZERO”, así como la descarbonización de todo el Grupo para 2050, la operadora portuaria ha desarrollado una estrategia de hoja de ruta neta cero, con las que se han implementado medidas como la electrificación de la flota, la adopción de energías renovables y la utilización de combustibles alternativos en las terminales manejadas por HPH.
Después de que Cumplilab, el mecanismo de inspección voluntaria del trabajo dejó de reportar resultados en 2018, Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, presentó el nuevo Programa de Inspección Voluntaria para las empresas, denominado Velavo, con la cual evitarán inspecciones físicas por un año. Las primeras empresas en aprovechar la plataforma serán Cemex y Marinela.
