La culminación del Congreso Internacional Cosmos, nuevamente posicionó a Querétaro como el centro neurálgico nacional donde se dialogaron y expusieron reflexiones, ideas, propuestas y conclusiones para trazar la agenda que permita fortalecer el estado de derecho con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, para avanzar a una justicia penal abierta.
Cabe señalar que la participación de organismos de la sociedad civil con trascendencia nacional e internacional, así como de instituciones públicas, representadas por 10 panelistas y cuatro conferencistas de importante trayectoria académica y profesional, generaron conclusiones que plantean la necesidad de formalizar los procesos de planeación, coordinación técnica y establecer políticas con mecanismos de solución técnica en el país.
La Investigadora Senior de la organización World Justice Project, capítulo México, Ana Cárdenas González de Cosio, reconoció el esfuerzo de la entidad queretana para congregar a diferentes voces que no necesariamente están de acuerdo, pero que simbolizan apertura y escucha activa para promover un cambio a partir de lo que se dialoga entre los expertos y especialistas “Me genera muchísima expectativa respecto de qué va a mejorar, cómo van a apropiarse de lo que se comparte aquí hacia sus procesos internos, entonces me parece que es un acto que se tiene que reconocer, primero por concentrar voces distintas y también por exponer la posibilidad de empezar las cosas a partir de lo que vierte y se conversa aquí”, expuso la investigadora.
Entre las conclusiones de mayor relevancia, se destacó que la evaluación sistémica de la justicia penal es un medio y no un fin para saber que tanto se avanza a la meta común, así como una herramienta para tomar decisiones.
Se expuso la importancia de tomar en cuenta a la ciudadanía en las métricas para conocer su perspectiva del servicio de justicia, además de la necesidad de impulsar una reforma legal para garantizar la coordinación institucional en el sistema de justicia penal en México, como un sistema de corresponsabilidad para garantizar los derechos humanos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia.
