Alrededor de un 40 por ciento, de los agremiados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Querétaro, se han amparado contra la Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor en enero pasado.
La presidenta de Canirac en el estado, Rosalinda Hernández Rosiles, indicó que la medida jurídica se ha presentado de forma individual, pues cada establecimiento tiene sus particularidades.
La principal razón del amparo es por la inversión que, en los últimos dos años, tuvieron que hacer los restauranteros para apegarse a las nuevas disposiciones por la pandemia de COVID-19.
Rosalinda Hernández mencionó que esperan una resolución en siguientes semanas; en tanto, reportó pérdidas -cuando entró en vigor la Ley- de un 30 por ciento de las ventas habituales, mismas que ya se han recuperado para reducir la merma al 10 por ciento.
