Este jueves fue publicado en el DOF el Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador; entrará en vigor el 3 de marzo. Este decreto incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de contemplar la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Entre los aspectos más relevantes del decreto está la reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional, pues ordena al INE a fusionar su estructura con la de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) mediante un estatuto que deberá ser presentado a más tardar el 30 de julio de 2023.
Los aspectos controversiales son numerosos, pero la polémica se ha centrado en la reestructura del INE y sus órganos desconcentrados pues implicaría un recorte de personal, así como la eliminación de la secretaría ejecutiva del organismo y la Juntas Distritales, es decir, la estructura operativa que organiza las elecciones.
Con esta publicación iniciará también la contenida lluvia de amparos por parte de funcionarios y personal del servicio profesional de elecciones del INE y organismos públicos locales electorales (Oples) que se consideren afectados en sus derechos, ya que la Legipe los compacta, elimina y fusionará diversas áreas.
Destaca el caso de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, y a quien la reforma le dedicó un transitorio para que, una vez publicado este decreto, él entregue el cargo que desaparece en el nuevo organigrama.
También los partidos políticos de oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano tendrían listos sus recursos de impugnación.
