La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, hizo entrega de 203 testimonios del Programa de Certeza Patrimonial, el cual tiene por objeto brindar ayuda social a un número importante de personas que se vieron afectadas por el actuar del entonces notario Fernando Lugo García Pelayo.
La funcionaria estatal informó que en este año el programa continuará, con la finalidad de beneficiar a por lo menos 157 personas más que ya se encuentran inscritas.
“Hoy ya estamos dando cumplimiento a la palabra que en algún momento empeñamos con algunos de ustedes y se entregan en este evento 203 testimonios a igual número de familias. El monto ejercido de este primer año es de 14 millones de pesos y vamos a continuar con el programa en 2023. Ya tenemos ahorita en trámite, entregando su documentación a 157 personas que están cumpliendo con este procedimiento por lo menos, más las que se acumulen, ya que estamos atentos a no dejar a nadie fuera del programa.
Con estas acciones el gobierno brinda certeza jurídica y patrimonial a la sociedad”, aseguró.
Murguía Gutiérrez explicó que, en atención a las quejas presentadas, la secretaría de Gobierno realizó en noviembre de 2020, el procedimiento sancionador correspondiente, al quedar acreditada la comisión de diversas infracciones a la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, imponiendo la máxima sanción prevista, consistente en la separación definitiva del cargo del entonces Notario titular de la Notaría Pública número 24 de la demarcación notarial de Querétaro.
Manifestó que, los beneficiarios del programa no tienen que pagar un solo peso para la conclusión de sus trámites.
Detalló que Gobierno del estado de Querétaro, además de realizar el pago de los derechos de registro y el Impuesto de Traslado de Dominio omitidos, realizó las gestiones con los municipios para actualizar los avalúos hacendarios y realizar el empadronamiento catastral.
A su vez, los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués contribuyeron mediante la condonación de multas, recargos, así como con el pago de los avalúos hacendarios para actualizar el valor de los inmuebles.
