AGENCIAS / REDACCIÓN
Juan José Esparragoza Monzón, alías “El Negro”, hijo de “El Azul”, se fugó ayer del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, donde estaba recluido, en espera de ser extraditado a Estados Unidos. |
De acuerdo con información extraoficial, alrededor de las 12:30 horas de ayer, elementos de seguridad del Cecjude activaron los códigos de alarma al notar la ausencia del hijo de Juan José Esparragoza Moreno, por lo que solicitaron ayuda a los tres niveles de Gobierno.
Después de dos horas se inició un operativo de búsqueda en los alrededores del penal, sin que se haya localizado a “El Negro”.
La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, GeAde seguridad estatal de Sinaloa se debió a la fuga de cuatro internos, señalando que fuentes cercanas pudieron confirmar que entre los internos está Juan José Esparragoza Monzón.
Además, junto con “El Negro”, internos identificados como “El 300” y “El Chimalli”-este último quien fuera ingresado hace apenas 15 días en un operativo de la Secretaría de Marina-, lograron fugarse del penal.
En tanto, un cuarto reo, conocido como “El Peña”, presuntamente uno de los brazos ejecutores del Cártel de Sinaloa, también se habría fugado del penal de Aguaruto.
De manera extraoficial se sabe que al interior del penal pudo haberse detonado un arma de fuego y además se desató un enfrentamiento entre reos, lo que pudo haber ocasionado que se activaran los protocolos de seguridad. Fue en ese momento cuando las personas aprovecharon la distracción de la autoridad para fugarse del penal, ya los estaban esperando algunas personas en un vehículo afuera del penal.
El hijo de “El Azul” fue detenido con armas y droga el 23 de enero en las inmediaciones del poblado de Tacuichamona, en un operativo conjunto de la Marina y la PGR.
El narcotraficante es señalado de coordinar una red de distribución de droga y administrar los recursos financieros del Cártel de Sinaloa, a través de empresas en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro y Sinaloa, y está acusado de asociación delictuosa y delitos contra la salud.
En febrero pasado, la Procuraduría General de la República dio a conocer que cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición en su contra, que emitió el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Sur.
A Moreno, de acuerdo con información proporcionada a Ríodoce por fuentes de la DEA, lo requieren al menos en el Distrito Oeste de Texas y el Distrito Central de California, en donde tiene cargos por narcotráfico y lavado de dinero.
“Al hijo de ‘El Azul’ se le buscaba por tráfico de droga, y no sabemos si México también lo quería, lo que sí sabemos es que era buscado por nosotros”, confirmó la DEA.
Apenas unos días después de su captura, elementos de la Policía Federal implementaron un operativo de seguridad con alrededor de 100 elementos en los alrededores del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, donde está recluido Esparragoza Monzón, para evitar que se fugara.
Estaba amparado
Conforme a documentos oficiales, desde el 23 de enero, el mismo día en que fue detenido en Culiacán, el Juzgado Cuarto de Distrito de Sinaloa le concedió una suspensión a Esparragoza Monzón para evitar su traslado a un penal federal de alta seguridad.
Según la demanda de garantías 75/2017, Ramiro de León Cantú, secretario del Juzgado, le otorgó la suspensión de plano con la que frenó cualquier intento de traslado, por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención de Readaptación Social.
“De la demanda se advierte, por una parte, que se atribuye la orden de traslado reclamada a autoridades administrativas sin intervención de autoridad judicial, lo que permite estimarla como un acto fuera de procedimiento que afecta la libertad personal.
“Por ende (…) se decreta la suspensión de plano, para el efecto de que de inmediato cese el citado acto de autoridad o cualquier otro (…) que atentan contra la integridad y derechos humanos del directo agraviado”, dice la resolución.