Estamos cerrando el año, pero las cifras y resultados en el mundo y en el país no son nada alentadoras, pareciera que seguimos como ciegos un camino al precipicio como civilización humana.
Algo que se antojaba como mejora, ahora damos un gran salto hacia atrás en el combate a la inseguridad alimentaria y por ende entramos en un terreno llamado Crisis Alimentaria, y es que debido al conflicto armado de Rusia-Ucrania, el cambio climático, la pasada pandemia del Covid, las crisis económicas y políticas y el alto costo de los alimentos, todo ello en su conjunto, ha provocado, según las cifras de la FAO y otros organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, señalan que creció el número de personas con hambre en el mundo a 828 millones en el 2021, lo que representa un aumento de 46 millones más que en el 2020. Y es que desde el 2015 casi no había cambios, pero en el 2020 se disparó el porcentaje lo cual continuo hasta el 2021, alcanzando un 9.8%. Aunque las cifras aún son más preocupantes cuando vemos que en el mundo existen alrededor de 2,300 millones de personas con moderada o grave situación de inseguridad alimentaria.
En este sentido se ve lejano y casi imposible alcanzar las metas alimentarias para el 2030, que consistían en erradicar el hambre. Y si a ello le agregamos, lo que también ha informado la FAO sobre el grave proceso de degradación del suelo en el mundo, las perdidas de cosechas por el cambio climático, ya sea por sequía o inundaciones, el declive de la productividad agrícola, la contaminación de las tierras con productos químicos, los cambios de uso del suelo (de agrícolas a urbanos), la falta de suficientes fertilizantes, la presión sobre los polinizadores y la inflación en los costos de los insumos y de los alimentos, pues el panorama es bastante tétrico o amenazante.
Y aunque la crisis alimentaria es diferencial de país a país, México no se escapa, pues se estima que el 9% de la población se verá afectada.
México no ha alcanzado la soberanía alimentaria, pero tampoco es sumamente dependiente de las importaciones de alimentos, sobre todo en cuanto a los granos principales como el maíz y el trigo. Y lo mismo sucede al interior, pues el impacto de la crisis alimentaria en cada estado o entidad federativa es diferenciada, pero de cierto sabemos que aquellos estados con poca producción de alimentos padecerán aún más, por el alza en los precios en los alimentos básicos, como ya se está viendo.
Por ello, es imprescindible apoyar al campo y sobre todo a los cultivos clave en la alimentación de la población de bajos ingresos. Así mismo, es relevante comprar alimentos de nuestros productores nacionales y locales, para reducir el abandono del campo mexicano.
Ahora, en relación a los costos de Agotamiento y Degradación Ambiental, recientemente el INEGI dio a conocer las cifras del 2021, lo cual asciende a 1,177,969 millones de pesos, que equivale al 4.6% del PIB nacional. Siendo mayores los costos por degradación que se sitúa en un 3.9%, mientras que los costos por agotamiento fueron de 0.7%.
Pero veamos por concepto como se comportaron estos costos:
Por agotamiento, para el concepto de hidrocarburos fue 0.3%; mientras que para los recursos forestales alcanzo la cifra de 0.2%; y para el concepto de aguas subterráneas fue del 0.2%.
Y los costos por degradación, en el que uno de los más altos fue, la degradación de suelos con 0.7% (equivalente a 187,985.9 millones de pesos); siguiéndole los residuos sólidos con 0.4%; para continuar con las aguas residuales no tratadas con 0.2%; y sobre todo las emisiones al aire con 2.6% siendo el más alto de los conceptos por degradación ambiental y que equivale a 660,333.8 millones de pesos (datos del INEGI), que en su conjunto suman 1,003,604.6 millones de pesos.
Los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México expuestas para el 2021, reflejan un importante y creciente desacoplamiento entre la actividad económica (producción y consumo en el mercado) y los niveles de deterioro ambiental en el país (los requerimientos de los recursos naturales). Lo cual significa que las actividades económicas están por encima del uso deseado o ideal de los recursos naturales.
No obstante lo anterior, hay que avanzar en cuantificar, en unidades físicas y monetarias, la extensión de los ecosistemas, su condición y los servicios que estos prestan a la economía y a la sociedad en general, como una extensión de las Cuentas Económicas y Ambientales.
Por ello, en el municipio de Querétaro, ya se avanzó en calcular el Índice de Capital Natural, para el 2022, el cual fue relevante ya que se logró aplanar la curva de declive que se venía arrastrando desde el 2014.
A nivel nacional se estima que los Gastos en Protección Ambiental según actividad ambiental, para la Biodiversidad es del 4.5%, mientras que para suelo y agua es sólo del 1.4%.
El desacoplamiento entre la actividad económica (producción y consumo en el mercado) y los niveles de deterioro ambiental en el país, conforme al INEGI, se estima en 327.9 puntos para la actividad económica, y de 220.3 puntos para el deterioro ambiental. Con lo cual hay una diferencia de casi 100 puntos, lo que tendrá que ser considerado para los gastos en protección y las políticas públicas de regulación ambiental, pues ello se verá reflejado en la provisión de servicios ecosistémicos y por ende, en la calidad de vida de los habitantes.
