Por una #SociedadHorizontal
Desde que México se conformó como una nación independiente, el proceso de sucesión del poder ha sido uno de los asuntos de mayor complejidad. El siglo XIX presenta dramáticos ejemplos de cómo la lucha por el poder nos ganó un siglo perdido entre luchas facciosas y terribles costos como la pérdida de una parte importante de nuestro territorio. Las confrontaciones fratricidas, solo pudieron apaciguarse con tres décadas de dictadura porfirista. Posteriormente, la violencia entre caudillos y la muerte de alrededor de un millón de personas que provocó la revolución, nos heredaron un modelo político, donde la transmisión presidencialista del poder que definió al PRI, implicó estabilidad a costa de nuestra vida democrática.
Sirva esta apretada síntesis histórica, para enmarcar el contexto en el que debemos entender y evaluar la existencia del Instituto Nacional Electoral, así como las modificaciones que hoy se proponen. Ante el triunfo obtenido en 2018, los integrantes de la 4T pretenden interpretar el respaldo que tuvieron en las urnas, como un aval para refundar las instituciones de la República. Con esta postura equivocada y sesgada, han propuesto cambiar de raíz, la forma en que se nombra tanto a consejeros como magistrados electorales. La intención es que estas autoridades sean elegidas mediante voto universal directo, en lugar de que sean designados por el Poder Legislativo como actualmente ocurre.
La crítica a esta propuesta es simple; votar al árbitro implicará que los partidos políticos mayoritarios se involucren para apoyar a su candidato favorito y con ello sesgarlo en su beneficio. Adicionalmente, todos los vicios que actualmente prevalecen en nuestro sistema electoral (compra de votos, involucramiento de dinero ilícito, movilización de electores, etc.) en lugar de arreglarse, se profundizarían para impregnar de estos defectos a la propia autoridad electoral. No resuelve el problema de que consejeros o magistrados sean “correas de transmisión” de los partidos, lo empeora y profundiza.
La historia y legado de nuestras instituciones democráticas, rebasa por mucho, los alcances que tuvo la elección del 2018. Por más votos que haya logrado AMLO, el andamiaje institucional -con todas las deficiencias que sí tiene- es superior en su aportación histórica, a la que tiene el lopezobradorismo; desde la forma en que éstas posibilitaron que en 1997 el PRI perdiera la mayoría en la Cámara, pasando por la alternancia en la presidencia que implicó el triunfo de Vicente Fox, hasta los recientes triunfos de la propia izquierda.
Debemos salirnos de la trampa en que el gobierno federal intenta meternos. Bajo la excusa de que el sistema actual es perfectible, principalmente bajo el argumento de que “es muy costoso”, ha decidido plantear una visión “unilateral” para “mejorar” el marco institucional. El principal problema radica en que la forma en que se pretende aprobar la propuesta, ha generado mas suspicacias que certidumbres. La historia reciente nos demuestra que en materia electoral -pese a todas las deficiencias y lo perfectible que pudiera haber – ha resultado mucho más conveniente para la gobernabilidad y la paz del país, que existan consensos preferentemente unánimes. En esta materia, las votaciones estrechas, generan desconfianza y deslegitiman. Ante la actual discusión, esto último es especialmente relevante, cuando muchos ciudadanos sienten que algunos liderazgos del PRI, han perdido objetividad en su voto, debido a eventuales persecuciones por actos de corrupción.
Es cierto que existen muchas distorsiones en nuestro marco normativo actual: la abrumadora cantidad de recursos públicos que reciben los partidos, la falta de control del dinero sucio en las campañas, la coacción del voto que prevalece, entre muchas otras. Desafortunadamente, ninguna de estas está a discusión. Por lo tanto, ¿Es necesario mejorar el actual sistema electoral? Sin duda. ¿Es pertinente u oportuno hacerlo ahora, como lo plantea el gobierno? No lo es.
El equilibrio y estabilidad que el marco actual ha posibilitado para el país, tienen un beneficio intangible. Sin que se garantice la unanimidad entre los actores en el Congreso, se corre el riesgo de regresar a la senda histórica de que la lucha por el poder transite con violencia. Por ello, ante la polarización que prevalece en el país, la #SociedadHorizontal debe participar activamente para salirnos de esta trampa, convocar a una amplia movilización que haga efectiva la exigencia frente a todos los actores -fundamentalmente los priistas- de una votación unánime en esta materia. De no ser así, la discusión deberá hacerse hasta después del 2024.
