Las empresas de seguridad privada que trabajan en Querétaro de forma regulada por las autoridades del gobierno del estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no conocen aún la propuesta de la creación de una Nueva Ley estatal de Seguridad Privada.
Esto fue declarado por el presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada en el estado de Querétaro, Mario Aguilar Becerril, quien lamentó que el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Luis Antonio Zapata Guerrero, hasta el día de hoy no haya tenido contacto con dicha asociación.
El empresario aseguró que hace un mes, el legislador se comprometió a tener contacto con las empresas, para integrar sus observaciones e inquietudes a esta propuesta elaborada por el diputado del Partido Acción Nacional, Guillermo Vega Guerrero.
“Nos deben de tomar en cuenta a nosotros. Con el diputado Antonio Zapata, quedó de entregarnos una copia de la famosa iniciativa que propuso el diputado Memo Vega. La última vez que tuvimos reunión con él, quedo de llamarnos y a la fecha, no nos ha llamado, para que nosotros podamos analizar y ver si esa ley cumple las funciones reales de una empresa de seguridad privada”.
Mario Aguilar lamentó esta situación, pues recalcó que es necesario que se tomen en consideración las observaciones de este gremio, que dijo, ha buscado siempre el cumplimiento de la normativa correspondiente, como la que se tiene desde 1982.
Sostuvo que se deben contemplar mecanismos sancionatorios para las empresas que ofrezcan seguridad privada, cuando su operatividad está fuera de la legalidad; y al mismo tiempo, sancionar a la instancia que hace uso de estos servicios irregulares.
“La principal sugerencia que nosotros hacemos es que, a las personas que contraten una empresa de seguridad privada que no tenga registro, que los multen y sancionen; y a las empresas que no tienen registro. Porque están contratando una inseguridad; no cumplen con la ley”.
Actualmente, se contabilizan alrededor de 350 empresas registradas ante las autoridades estatales, que ofrecen servicio de manera legal en la entidad; pero Aguilar
Becerril reconoció que existen alrededor de 15 empresas identificadas que no operan de forma regular, por lo que coincidió en la importancia del registro ante la SSC.
