Suena hasta ridículo que uno de los mayores problemas que enfrente un gobierno estatal, el que acumula el mayor número de críticas y reclamos, por el que ocupa el lugar más bajo en todo el país según INEGI 2022, sea el del transporte público colectivo de la ciudad capital y zonas conurbadas. Y no es que no haya otros asuntos graves, como los relacionados con el agua y la seguridad, lo que pasa es que de los casi dos millones y medio de personas que habitan en el estado, por lo menos un millón y medio vive, estudia, trabaja, se mueve entre la ciudad de Querétaro y sus municipios siameses, Corregidora y El Marqués y de ellos, la mayoría se traslada en transporte colectivo, y esa mayoría suele pertenecer a familias de varios miembros, de escasos recursos, de niños y jóvenes estudiantes y hombres y mujeres trabajadores con ingresos al límite, para quienes el costo de dos pasajes al día les representa casi el 13% de su salario mínimo. Así pues, mientras medio millón de personas se trasladan en automóvil, casi el doble lo hacen en alguna de las seiscientas unidades de transporte colectivo en circulación y antes de hacerlo, esos cientos de miles esperan entre veinte y treinta minutos, a la intemperie cargando niños, mochilas, paquetes, mandado, para por fin, con suerte, el chofer se detenga para que suban, si no va de mal humor, si el aparato no le rechaza o absorbe el dinero de su tarjeta, si no va lleno a reventar, si no se descompuso cuadras antes o ya va a entregar y más suerte tendrá si en su tormentoso trayecto no se va a estampar con un poste o queda sin frenos.
El del transporte urbano es problema creciente porque desde que se salió de cause, hace por lo menos dos sexenios, no ha habido la determinación gubernamental de corregirlo de fondo, un fondo por cierto muy visible ya que al ser concesionado la solución es sencilla, o cumplen y ofrecen un buen servicio los concesionarios o se les retiran y cancelan las concesiones, pero no ha sido así, al contrario, sin transparentar por qué razones los gobernantes en turno actúan muy condescendientes con ellos. Por ejemplo, en el 2017 Luis Bernardo Nava, hoy presidente municipal y Alejandro Franco, acompañaron a los concesionarios a China a cerrar la compra de 222 unidades, ocasión en la que Nava Guerrero dijo: “este día marca un antes y un después en materia de movilidad, ya que se ven reflejados los esfuerzos de la actual administración junto con los concesionarios por mejorar el servicio del transporte público.” Es decir, a los concesionarios de los que el respetable público no sabe su nombre siquiera para brindarles orejas y rabo, un día los apapachan pintándoles todas las unidades, otras “revisándoles la logística de embarque” como dijo Nava Guerrero en China justificando el viaje, otras tolerándoles que circulen sin placas, sin vidrios, sin escape, sin asientos, sin servicio mecánico para evitar que arrojen toneladas de humos contaminantes, o condonándoles adeudos como les fue notificado hace un año: “Los concesionarios y permisionarios de todas las modalidades de transporte público que tengan algún adeudo, tienen hasta el próximo 17 de septiembre para obtener un descuento de 100 por ciento en multas y recargos por refrendos y renovaciones de los años 2014, 2015, 2018, 2019 y 2020”.
Querétaro es hoy en día una ciudad caótica por la nula ingeniería de tránsito vehicular y peatonal y en esa espiral de desorden, los usuarios de transporte público padecen especialmente por los gastos que ocasiona pagar varios pasajes en transbordos, llegar tarde a sus destinos, a sus citas, correr riesgos de accidente por la impericia de choferes y lo menos que esperan del gobernador son acciones drásticas que no corresponden con la tibieza de: “vamos a ir retirando concesiones” o con la amenaza de aumentar más unidades, porque con ello se duplicará el desorden, y la de crear otro fideicomiso, como si no fuera suficiente con el costoso IQT cuyo presupuesto anual rebasa los trescientos millones de pesos por administrar el desorden.
Imposible ocultar que cientos de miles de usuarios de este tipo de transporte se sienten agraviados porque a un año de nuevo gobierno no se perciben mejoras reales, ni decisiones definitivas como pudiera ser, retirar todas las concesiones y que fuese el gobierno quien lo maneje mediante un esquema totalmente nuevo, moderno, eficiente, barato. Total, el aparato burocrático costosísimo ya existe y a los actuales concesionarios no les ha de resultar buen negocio puesto que el gobierno les está inyectando constantemente dinero. Negocio que no es negocio hay que cerrarlo Al tiempo.
