Insistir en la peligrosidad en torno al periodismo ya resulta una ociosidad por parte de los profesionales de la información, sobre todo frente al manifiesto desinterés gubernamental por el asesinato de informadores, cuya incidencia supera a otras naciones en guerra. Es perder el tiempo.
En síntesis, al gobierno no le importan los asesinatos de periodistas. Ni para lamentarlos, ni para prevenirlos. Mucho menos para castigar a los criminales.
En vez de una estrategia de seguridad, el régimen ha recurrido a la comparación estadística, no en la solución de la violencia desparramada por toda la nación.
El único interés del presidente y su ineficaz sistema de seguridad (incluidos los militares), es salir victorioso de la más inútil de las batallas: compararse con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, campo en el cual también queda derrotado por los datos y sus otros datos.
Mientras tanto se recurre a una frecuente distorsión, consistente en exaltar y presentar como actividad profesional fundamental, alguna labor adicional o complementaria del asesinado (comercio, transporte, servicio diverso), para adelgazar la estadística de la libre expresión amenazada.
Es como cuando un feminicidio se cataloga como homicidio simple, para aligerar el incumplimiento de las responsabilidades sobre los desatendidos casos de mujeres asesinadas.
No suelo reproducir inmediatamente los trabajos de compañeros asesinados, pero en este caso de Fredid Román, fundador y director del periódico “La Realidad” y cuya columna “La Realidad Escrita”, se publicaba en “Vértice” y “Desde Abajo”, vale hacerlo por lo oportuno del texto.
“…Fue un crimen cometido por el estado, esa fue la conclusión que presentó el jueves pasado a familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, (CVAJ) sobre este lamentable suceso ocurrido hace siete años 11 meses en Iguala”.
“La principal evidencia que tiene la CVAJ para concluir que fue en “Crimen de Estado” es el testimonio de un testigo protegido que reveló de un supuesto cónclave en Iguala que encabezó Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel y donde asistieron el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y Omar García Harfuch jefe de la Policía Federal en Iguala.
“Sobre este cónclave hay dos verdades que echarían por tierra la construcción de la “verdad Histórica” que según se diseñó en esa reunión:
“Primero, el testigo protegido, según testimonios, no estuvo presente en esa reunión y segundo, dos actores, Ángel y Omar, han desmentido su asistencia”.
“Nadie ha filtrado los nombres de los cinco funcionarios administrativos del gobierno de Guerrero, pero la sospecha pública apunta hacia el exgobernador, cuya responsabilidad, si es que la hay, sería la de omisión en no aplicar sus facultades constitucionales de destituir a algunos de sus colaboradores ante algunas omisiones en la investigación.
“Aguirre Rivero, manifestó su voluntad de comparecer ante la autoridad que lo requiera, lo mismo García Harfuch. Los dos ya negaron su participación en la construcción de la “Verdad Histórica…”
PORVENIR
Pregunta de palero:
–¿Cómo piensa blindar todos estos avances que se han logrado?, ¿qué es lo que se va a hacer y para poder esto transmitirlo al siguiente gobierno?
“…Yo creo que hemos hecho un esfuerzo para enfrentar un problema, entre otros, que nos heredaron. No era una crisis, era —y pienso que hemos avanzado, por eso no digo ‘es’—, una decadencia.
“La política neoliberal en 36 años fue un proceso de degradación progresiva, no una crisis, que afectó todos los ámbitos, todos los terrenos de la vida pública.
“Crisis económica, crisis política, crisis de bienestar social, crisis de desintegración en las familias, crisis por pérdida de valores, culturales, morales, espirituales, o sea, una decadencia en su conjunto.
“Por eso, para enfrentar un problema así no había más que la transformación, medidas atrevidas.
“Si no se hace así, no se sale adelante…”
O sea, sígale, compañero.
