Existe un principio del Derecho Internacional Público ineludible para cualquier país que quiera subsistir en el sistema internacional: Los tratados se deben cumplir (Pacta sunt servanda). Las recientes reclamaciones de Estados Unidos y Canadá sobre algunos aspectos del TMEC relacionados con los energéticos, tienen una lectura técnica y una política.
En cuanto a la técnica, el embajador Seade se encargará de afrontar las demandas planteadas que, lejos de interpretaciones nacionalistas, están en el contenido del TMEC. Él participó en la última fase de la negociación. Son tres los puntos a que se refiere la demanda de Estados Unidos: 1. Las modificaciones a la Ley de la industria eléctrica, en la que se prioriza la electricidad producida por la CFE. Hay que recordar que se tenían subutilizadas las capacidades de la hidroelectricidad para dar preferencia a la electricidad generada por las empresas extranjeras; 2. Los obstáculos a las empresas privadas para operar en el sector energético, que se refieren a los permisos otorgados y el retraso o denegación de nuevos permisos, que afectan las capacidades de las empresas privadas; 3. El aplazamiento por cinco años del requerimiento de suministro de diésel ultra-bajo en azufre sólo para Pemex.
El presidente López Obrador se ha referido al capítulo octavo del TMEC, que establece el reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado Mexicano sobre hidrocarburos, capítulo agregado al tratado básicamente por la intervención de Jesús Seade, al final de la negociación del TMEC. Adición nacionalista pero innecesaria en cualquier tratado donde se negocian asuntos específicos, no principios generales del Derecho. Está claro que México y los otros países firmantes, conservan el derecho inalienable e imprescriptible de modificar su constitución y sus leyes, independientemente de la firma de cualquier tratado y la Constitución mexicana otorga a los tratados y acuerdos internacionales el mismo nivel jerárquico que a la Constitución. Pero si los cambios modifican partes esenciales de un tratado ya firmado y ratificado, éstas se tienen que renegociar o asumir las consecuencias legales o económicas, independientemente de la justificación de tales reformas.
Los asuntos reclamados se encuentran en otros capítulos del mismo acuerdo, no en el octavo. En los capítulos: 12, sobre Anexos Sectoriales; en el 14 sobre inversión; pero sobre todo en los capítulos 21, sobre Política de Competencia y 22, que trata sobre las Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados y, tal vez el 24, sobre Medio Ambiente y el 26 sobre Competitividad. Las consultas se enfocarán sobre estos temas que, esperemos, México logre defender adecuadamente en el periodo de consultas para no tener que ir al panel, cuyas resoluciones son vinculantes. De eso se encargará Jesús Seade, apoyado por los equipos de la SRE y de la Secretaría de Economía. Lo que tienen que hacer es organizar perfectamente los argumentos técnicos y legales que den satisfacción a las demandas y, en su caso, negociar las modificaciones requeridas, a cambio de algunas concesiones que no afecten los puntos esenciales de la reforma eléctrica y de la política energética nacionalista. Punto por punto, párrafo por párrafo, hasta llegar a una resolución satisfactoria para las partes y evitar los paneles.
Lo político le toca a Marcelo Ebrard. Por un lado, tiene que moverse entre la desactivación en los círculos donde se originaron las demandas, en Estados Unidos y Canadá, negociando con los demócratas y republicanos, así como con algunos sectores empresariales mexicanos y canadienses que coinciden con estas demandas y, por otro, para “apoyar” al presidente López Obrador y convencerlo de la necesidad de ceder para conservar lo esencial de la reforma energética. Esto último es extremadamente difícil, dado el proceso de selección del candidato de Morena a sucederlo.
Marcelo tendrá que hacer uso de sus dotes negociadoras al máximo, dentro de una agenda internacional muy complicada. No es que Estados Unidos se esté cobrando la posición mexicana frente al conflicto ucraniano, o el papel desempeñado durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El tema es mucho más complejo, pues la relación entre los dos países es tremendamente asimétrica. De ahí la virtud del canciller para desactivar esta embestida de Estados Unidos, que puede significar el despegue del posicionamiento de Marcelo Ebrard sobre el aserto de que él sí sabe resolver conflictos. Lo veremos con toda seguridad.
Si Seade no logra consensos y el presidente se radicaliza y se pierde el primer round, se tendría que ir a los paneles y si los resultados son negativos, si no se logra ganar, significarían un costo económico muy alto para muchos exportadores mexicanos y un costo político para el presidente. La negociación no se detendrá, Pacta sunt servanda.
