El fenómeno migratorio, se ha vuelto un tema ineludible en la conflictiva relación México – USA. Para el presidente Biden se ha convertido en un asunto de política interior que gravita pesadamente sobre el proceso electoral próximo y sobre su propia y eventual reelección.
Para el gobierno de México y su presidente, es la más importante arma que tiene para equilibrar la conversación con la potencia comercial, que exige mayores facilidades para hacer negocio y trata de nulificar los trazos populistas y estatizadores del gobierno.
Pero más allá del forcejeo diplomático que caracteriza nuestra relación bilateral, parece que se reúnen a conversar sobre uno de sus principales problemas comunes con diagnósticos y soluciones parciales. Las conversaciones sobre el particular se han hecho frecuentes entre niveles inferiores de ambos gobiernos y las soluciones no parecen implicar más que las acciones de contención y represión de los movimientos migratorios.
En tanto ellos platican, el tráfico de personas crece y es frecuente encontrar en los medios noticias de tragedias a las que siguen más declaraciones y cero acciones para evitar que sigan sucediendo y así habremos de seguir, hasta que no se entienda que esto requiere una solución integral. El problema no son los migrantes ni sus caravanas, y tampoco es el diagnóstico fácil que concentra en la pobreza y la falta de oportunidades la solución. Son sin duda causas, pero no las únicas, y aún esas, tienen otros ingredientes que no parecen resaltar en el diagnóstico.
Algo les debería decir que en México, los estados con mayor crecimiento e inversión sean los mayores expulsores de población. Atendiendo a cifras del INEGI, entre 2015 y 2020, fueron 802,807 personas las que salieron de México para otros países y de ellos, el 7.8% eran de Guanajuato, el 7,5% de Jalisco y el 6.3 de Michoacán, mientras que estados con menos desarrollo Tlaxcala con 0.6, Campeche con 0.3 y Baja California Sur con 0.2% expulsan menos población.
Otros elementos influyen y no son considerados, como el hecho de que tres de cada diez mexicanos tienen un familiar en Estados Unidos; según los datos del INEGI reunirse con la familia es la causa que el 15% de los migrantes esgrime para hacerlo, buscar trabajo o trabajar motiva al 68%. Se suma a estos datos otro, por desgracia creciente, que es que hay un 3% de personas que emigran por razones de inseguridad o violencia.
Sin duda escandaliza que de Centroamérica lleguen oleadas de migrantes y que su recorrido por México sea un muestrario de vilezas, tanto de autoridades como de criminales, pero para ellos no ha existido más respuesta que la represión y contención y la insistencia del presidente mexicano de que hay que atender las causas, sin especificarlas, proponiendo programas asistenciales que han demostrado su ineficacia. Hasta mayo de 2021 el 44.6% de la población extranjera que ingresó a USA eran mexicanos y de ellos, la mayoría frisaba entre los 19 y 35 años, lo que hace evidente que las becas y apoyos no son suficiente razón para arraigarlos.
El gobierno de México ha insistido en que se requieren recursos para mejorar las condiciones de vida en Centroamérica, pero será un error que se consuman en programas como Sembrando Vida, que ha demostrado ser irrelevante y de consecuencias negativas en el campo. Las condiciones por las que emigran suele tener motivaciones diversas, como se mencionó anteriormente y se hacen necesarias políticas específicas para cada causa y no soluciones generales, tan subjetivas como la forma misma en que enuncian la existencia del problema. Miles de migrantes salen huyendo de la inseguridad por la presencia de bandas y pandillas de delincuentes que se han apropiado de la vida en sociedad. Otros tantos, hartos de no encontrar condiciones de salud, educación e insuficiencia de satisfactores esenciales y algunos más, tan solo deseosos de emular las historias de éxito de sus familiares ya establecidos, proveedores de las esperadas remesas.
Cada causa requiere un tratamiento específico y la respuesta que se de en Honduras no necesariamente funcionará en El Salvador o Guatemala, mucho menos si se insiste en exportar de México los programas clientelares, insuficientes y sumamente demagógicos. Simplificar en que son la pobreza y la falta de oportunidades es no darle la verdadera dimensión al problema y sin duda deja por fuera el principal motivo del atraso y abandono que acosa a esas comunidades exportadoras de seres humanos, y este es, la ineficiencia de los estados nacionales para promover el desarrollo igualitario, su incapacidad de garantizar paz y seguridad que incentive el desarrollo en regiones dominadas por la delincuencia.
Que Jalisco y Guanajuato sean expulsores mayoritarios, habla de concentración del desarrollo en pocos municipios; que Michoacán y Sonora se signifiquen por la violencia imperante y la presencia creciente del crimen, justifica que las personas huyan en busca de mejores condiciones; y las muertes y extorsiones que sufren los migrantes por los profesionales de la trata, amerita que se atienda con seriedad nulificando a los mara salvatruchas, combatiendo y eliminando a las bandas criminales que lucran con el éxodo, vejan y matan. Esas y más son acciones en las que los gobiernos han sido omisos, negligentes e incapaces.
Es necesario individualizar el problema y darle el tratamiento adecuado para su solución y no solo recetas genéricas y discursos revolucionarios. Urge que los gobiernos trabajen para resolver, no solo para ganar elecciones.