La mujer ha sido víctima ancestral de la diferencia de fuerzas entre hombres y mujeres, no solo en el aspecto físico, normas y códigos de comportamiento fueron condicionados durante mucho tiempo para instituir estas diferencias y hacerlas normales.
La lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad ante la ley y la equidad en las condiciones sociales y laborales ha venido borrando esa herencia misógina, registrando los mayores avances particularmente a partir del siglo XX. Sin embargo, los avances culturales y legales, se diluyen ante el crecimiento de la inexplicable violencia que se ha desatado en nuestro país.
Organismos oficiales reconocen que hasta el 22 de abril tenían registro de 24,664 mujeres desaparecidas, y más grave aún es conocer que entre feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, desde 2018 y hasta el corte de marzo de 2022, hay 12,286 asesinatos de mujeres. Que en los primeros tres meses de este año se han cometido 234 de ellos, un promedio de 2.6 homicidios por día. Son cifras que indignan.
Las mujeres se han expresado en todos los tonos y en todos los medios para exigir que sean protegidas, porque eso es lo urgente, pero hacerlo implica que el gobierno tenga la capacidad estructural para perseguir y castigar al delincuente, que debe saber que sus acciones tendrán consecuencias necesariamente.
En la discusión de esta problemática se ha dicho que las matan por el solo hecho de ser mujeres y es parcialmente cierto, porque la vulnerabilidad y fragilidad respecto a la fuerza física del hombre las hace victimas propicias, pero no las matan por eso, ni tampoco por la forma de vestir o por actitudes provocativas, ni por la circunstancia facilitadora del asalto nocturno. Todas ellas son condiciones que envuelven la causa de esta cresta homicida. En realidad las matan porque pueden hacerlo sabiendo que no habrá castigo.
Podemos discutir sobre la crisis de valores en una sociedad cada vez más enferma, podemos encontrar justificaciones en la nula formación cívica que comprenden los planes de estudio, y seguir filosofando sobre las motivaciones del criminal, pero lo cierto es que aun siendo un fenómeno social presente desde hace generaciones, ésta desbordada fiebre criminal requiere una acción más directa. Ofende que una situación así, no merezca una atención mayor que la que se le da a un tren, a un aeropuerto o una refinería que consumen miles de millones de pesos, mientras la administración de justicia, la procuración de la misma y la seguridad de las mujeres son relegadas.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el 23 de noviembre de 2021 informó la asignación de 121, millones 300,000 pesos para 664 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), divididas en 22 estados y 642 municipios, lo que significa que a cada AVGM le corresponden 500 pesos diarios, cantidad con la cual es imposible implementar ninguna acción de prevención contra el feminicidio. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas ha reconocido que el Protocolo Alba, mecanismo para la atención, reacción inmediata, colaboración y búsqueda de mujeres resulta insuficiente.
No son solo estos mecanismos específicos, como los refugios para víctimas de violencia reducidos o desaparecidos, los que no reciben recursos. Tampoco se destinan más a la capacitación de ministerios públicos, a la profesionalización de las capacidades investigadoras de las policías o de los policías municipales que suelen ser los primeros en conocer de casos de violencia. El reciente caso de la joven Debanhi en Nuevo León evidenció la nula preparación y conocimientos de los agentes investigadores de la fiscalía local y así el resto de la república.
En cambio hay 64 mil 878 millones etiquetados en el rubro “policía” para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal; recursos que se utilizarán principalmente para el fortalecimiento, consolidación y operación de la guardia nacional, que no tiene injerencia en la atención al feminicidio.
Contrasta este presupuesto multimillonario con los 649 millones 908 mil pesos destinados para la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano rector de las políticas de capacitación, evaluación y coordinación de las policías locales. Desde 2019, el Consejo Nacional de Seguridad aprobó un modelo nacional de policía y justicia cívica para profesionalizar y fortalecer a las policías locales, el cual a la fecha no tiene presupuesto asignado.
Las mujeres tienen razón al exigir mayor acción y presencia del Estado, porque es evidente que este tema no está en sus prioridades y que garantizar la seguridad de los mexicanos es secundario a la necesidad política de conservar el poder. Ante la falta de interés que redunda en carencia de estrategia y acción decidida, el criminal actúa con total impunidad y los homicidios seguirán sucediendo por el simple hecho de que pueden hacerlo sin recibir castigo. Incidir en el estudio y conocimiento de las motivaciones del criminal, o profundizar en las discusiones de género, es útil para el futuro mediato, pero las mujeres necesitan respuestas hoy y las estructuras gubernamentales no están ni dispuestas ni cuentan con recursos para prevenir, perseguir y castigar al delincuente y alguien debe decirle a quien decide, que ni la guardia nacional ni el ejército, que son los mismos, son garantía para las mujeres mexicanas.
