Presidente Municipal, Director de Finanzas municipal, Notario Público, Juez Cívico, personal de Protección Civil municipal, personal administrativo estatal, personal operativo para el uso de la fuerza pública municipal y estatal; son algunos de los puestos en los que sus titulares han caído ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, tras cinco años de operar.
Así lo destacó el titular de esta instancia, Benjamín Vargas Salazar, en el marco de su rendición de cuentas frente a los diputados de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, a quienes les entregó el informe correspondiente.
El encargado de velar la legalidad del servicio público, manifestó que se aumentó en un 100 por ciento las sentencias condenatorias obtenidas por hechos de corrupción, en comparación del año inmediato anterior.
Y es que tan solo este año 2021, se iniciaron 51 carpetas de investigación, de las cuales se han judicializado 14, por los delitos de cohecho, peculado, desempeño indebido y abandono del servicio público, desempeño irregular de las funciones públicas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, delitos contra la administración de justicia, falsificación y uso indebido de documentos falsos o alterados, así como destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con ellas.
Durante este mismo periodo, agregó, se les impuso sentencia condenatoria a 15 personas, tanto servidoras públicas como particulares; y que el aumento del 100 por ciento en sentencias, se ve reflejado en el acumulado de 39 años de prisión y más de 22 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el ámbito estatal y municipal.
Vargas Salazar dejó en claro que se busca en todos los casos vinculatorios que se les otorgue por lo menos, como la mínima sancion, la inhabilitación para ejercer un puesto. Además,
“En base a las investigaciones sólidas se logró que sentenciaran a 31 personas que desempeñaban distintos cargos en la administración pública así como a particulares, acumulando la imposición de más de 100 años de prisión. Es importante que las sanciones aplicadas sean ejemplares. En todos los años, se ha solicitado y obtenido de la autoridad judicial por cada sentencia condenatoria la imposición de la pena de inhabilitación para el desempeñar cargos públicos”.
