Varias cosas llaman la atención en el informe de las Naciones Unidas a través de su comité especializado sobre las desapariciones forzadas en México. Una de ellas es el tono del reporte final, escrito con el mismo lenguaje de la izquierda nacional, cuando se trataba de culpar a gobiernos anteriores por el mismo fenómeno. La otra, la banalidad de la respuesta presidencial, como casi siempre en estos casos, cobijada en la dignidad nacional y la autarquía: no van a ponernos en el banquillo de los acusados.
Puro desplante de oratoria infecunda.
El comité con cuyo trabajo se levantaron los datos y el demoledor diagnóstico final, recorrió prácticamente medio país. Y el dato más sensible se muestra con las once desapariciones ocurridas durante el lapso de la observación. Eso echa por tierra la condena al pasado como recurrente recurso exculpatorio
Aquí vale una digresión: cuando los datos, pesquisas y observaciones de los organismos internacionales con prestigio y reconocimiento mundial; como la ONU, no favorecen al gobierno, éste monta en cólera y se escurre con disculpas pueriles o expresiones propias de la manía persecutoria.
Pero cuando se trata del lucimiento presidencial, entonces hasta el Consejo de Seguridad de la ONU se utiliza como púlpito para proclamar la paz del mundo y la fraternidad universal. Un discurso digno de un predicador, no de un jefe de Estado.
Cuando la Organización de Estados Americanos no se pliega a los caprichos de México, se convierte en una organización cuya vigencia ya no se sostiene. Le han decretado la fecha de caducidad.
“La propuesta es, ni más ni menos (24 de julio del 2021), construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades (¿?). En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”, dijo en un aniversario bolivariano, en un tono digno de Raúl Castro o Nicolás Maduro.
Pero cuando una pandilla de vividores como los “expertos” del Grupo Interdisciplinario agregan datos sobre el caso Ayotzinapa, entonces se les atiende a cuerpo de rey, porque prueban la intervención indebida de los cuerpos castrenses de antes. Los mismos de ahora, diría cualquiera.
Pero volvamos a los desaparecidos.
“…La delegación visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con órganos autónomos, tanto en el ámbito federal como estatal; se reunió con decenas de colectivos de víctimas y centenares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 31 de las 32 entidades federativas; y acompañó a exhumaciones y jornadas de búsqueda en las entidades federativas de Coahuila, Estado de México y Morelos.
“La delegación también visitó el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y varios centros de privación de libertad federales y estatales, y estaciones migratorias…El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, es el único registro en funcionamiento de los previstos por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares. Permite visibilizar la dimensión del fenómeno de la desaparición en México. Según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95.121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité…”
Todo este aparato resulta ineficiente. Nada se ha resuelto desde su creación. ¿Por qué? El comité explica las cosas con sencillez:
“…A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados…”
Y si eso no fuera suficiente, pues ahí va esto:
“…La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas…
“…La lucha contra la impunidad de las desapariciones en México es, por tanto, impostergable…”
Pues será impostergable para ellos, porque para el gobierno las cosas son distintas. ¿Cómo son? Así:
“…Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir o rematar heridos como se hacía en la época de Calderón… no vieron los abusos que se cometían durante el periodo neoliberal (pero vieron estos); hay que ponerlos al tanto que ya es otra realidad y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, humanismo y no permitimos la corrupción y la impunidad”.
La única pregunta es, ¿si estamos actuando con humanismo y legalidad, por qué las cosas no se resuelven, ni las heredadas de antaño ni las registradas hogaño?
Pero en el colmo de la esquizofrenia la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anuncia el cumplimiento y la “implementación de las 85 recomendaciones contenidas en el informe de la CED”.
–Pues esas observaciones equivalen al banquillo de los acusados rechazado por el presidente?
“El Estado mexicano agradece el trabajo del Comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe…” dice el psiquiátrico boletín.
