El gobierno nunca ha sido un buen empresario, no está en sus funciones serlo, aunque lo intenta y generalmente con malos resultados. En la presente administración no se puede esperar que sea diferente, porque no está en el ADN de los funcionarios, empezando por el presidente, cuya aptitud empresarial no se vislumbra por ningún lado.
Mucho menos se puede esperar del actual director de PEMEX y el de la CFE, o el de SEGALMEX o el del Banco del Bienestar y estará por verse la de los altos mandos militares a los que se ha confiado ya la administración de trenes y aeropuertos.
Estos últimos, sensatamente han dado a conocer que las empresas que reciben requerirán de subsidios durante algunos años hasta alcanzar su punto de equilibrio, y hacen bien en protegerse o proteger el prestigio del ejército como administrador, porque lo que les han dado a administrar son empresas creadas por capricho sin contar con los estudios técnicos, ambientales, de impacto social y rentabilidad, en síntesis, de dudosa viabilidad empresarial pero altamente rentables política y electoralmente.
El recién inaugurado Aeropuerto Felipe Ángeles, concebido sobre las rodillas de un constructor, como una alternativa para desahogar la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México, ilustra perfectamente como son otros criterios, no empresariales ni de beneficio social, los que guían las acciones de esta administración y más concretamente del presidente de la República, al que en particular los negocios aeronáuticos no se le dan y cuando se empeña en hacerlos tienen altos costos financieros.
Empecemos con su primera decisión aeroportuaria, que fue la cancelación del NAIM o Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que resultó no un mal, sino un pésimo negocio. Los costos erogados en la inversión de la construcción del NAICM y la terminación anticipada de contratos al 31 de diciembre de 2019 ascendieron a la cantidad de 113 mil 327.7 millones de pesos, cantidad ajustada a solo esos conceptos, después de que la auditoría integral había determinado un costo tres veces mayor 331 mil millones de pesos. Subsisten sin embargo obligaciones con los tenedores de bonos, que están siendo pagadas con los ingresos por derechos de uso del aeropuerto.
Sigamos con el otro mal negocio que ha sido la venta del avión presidencial, puesto en exhibición para su venta durante meses en el exterior, pagando renta, mantenimiento y servicios adicionales, sin haber logrado su colocación. Enseguida la infortunada rifa del mismo, en la cual no se vendieron todos los cachitos de la Lotería Nacional y hasta la fecha no se han entregado todos los premios, o no se ha informado sobre ello. Mientras el avión sigue inactivo pero costando.
Abundemos con la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía o AIFA, cuyo costo fue superior a lo estimado y su utilidad, para quitar presión al saturado Aeropuerto Benito Juárez, es cuestionable pues incluso cuando haya obtenido su punto de equilibrio, en cuanto a operaciones y número de pasajeros, quedará por debajo de los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey o Cancún.
Los costos de esta primera etapa llegaron a 74 mil millones de pesos, sin contar con las obras de vialidad y accesos cuyos costos no se integran en esta cifra, y el sistema aeroportuario que integraría al Benito Juárez, con el de Toluca y el Felipe Ángeles quedará en buenos deseos, pues el de Toluca no maneja actualmente ninguna operación de aerolíneas comerciales, solo privados y del Felipe Ángeles solo salen 10 vuelos.
Mucha inversión para poca rentabilidad y a esta debe sumársele el costo de la cancelación del NAIM, pero el actual aeropuerto seguirá saturado y en constante deterioro. Estos tres, proyectos emblema del actual sexenio, han sido malos negocios que sin embargo, le han llevado alta rentabilidad política, particularmente éste último, el AIFA, que llega a enviar a un segundo plano en la discusión pública, el asunto de la casa gris que habitó el primogénito del presidente y los escándalos por el desvío de dinero en SEGALMEX y las pugnas entre importantes miembros de su administración, que han llevado a exhibir el uso arbitrario del poder en beneficio del fiscal y las componendas que en las alturas realizan para torcer la ley en su beneficio.
Hay más que analizar y exhibir, además de estos que hemos mencionado, relativos a aviones y aeropuertos y habrá que dar un repaso a lo que está sucediendo con el Tren Maya, repleto de irregularidades y el costoso y utópico proyecto del tren que habrá de unir a Coatzacoalcos con Salina Cruz y crear 10 parques industriales.
Cierto es, que ninguno ha sido pensado para obtener beneficios económicos sino en razón de la utilidad social, como lo justifica el gobierno, pero el dispendio de recursos es evidente y la racionalidad de las decisiones dudosa, tanto como la pretendida utilidad social que se busca. Por lo pronto, los tres emprendimientos aeronáuticos han resultado un fiasco. Se han dilapidado miles de millones y los beneficios quedan en el aire, sujetos a condiciones que no dependen de la voluntad gubernamental.
Salen caros los malos negocios, pero capitalizan mucho a favor de la imagen presidencial.
