Ante los hechos violentos registrados el 5 de marzo en el estadio Corregidora, el Consejo Nacional de Seguridad Privada retoma con fuerza la importancia de homologar y regular a las empresas de seguridad en el país con la aprobación de una ley federal que regule y homologue a las más de 6 mil empresas que brindan este servicio, ya que sólo el 20 por ciento de ellas cumple con los requisitos y protocolos.
Raúl Sapién Santos presidente de CNSG aclaró que la empresas GSE K9, contratada por el Club Querétaro no está registrada en su agrupación, incluso comentó que dejó de funcionar el padrón de empresas de seguridad privada que tiene el gobierno del estado y que ahora sólo ofrece información del 2018.
Sin acceso al padrón de empresas de seguridad privada de Querétaro
“Hace 10 días sí se podía tener acceso a la página del padrón de empresas de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro, desconozco el motivo por qué ya no se puede consultar este portal, ahora sólo hay datos de 2018 en el que aparece 84 empresas registradas, ese padrón ya no está actualizado. Quien hoy busque una empresa de seguridad privada en el estado no va a poder tener certeza de que esa empresa cumple con los requisitos que las empresas necesiten”, reveló Raúl Sapién Santos.
Un problema federal
“En México hay más de 6 mil empresas de seguridad privada y sólo mil 200 o mil 400 empresas tienen un permiso de carácter federal, el resto esta fraccionada, sin permisos o sólo con autorización de carácter estatal, sólo el 20 o 25 por ciento cubren todos los requisitos”, explicó Raúl Sapién para dimensionar el problema.
Para el experto en seguridad en el partido entre Gallos Blancos y Atlas debió haber cuando menos 700 elementos de seguridad privada para evitar hechos de violencia, debido a que el inmueble es considerado de alto riesgo por su capacidad de 34 mil asistentes, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
Una de las decisiones que tomó la Liga MX para intentar frenar la violencia en los estadios es no contratar a empresas de seguridad privada en los partidos, algo que para Raúl Sapién Santos es un verdadero error.
“Se están tomando decisiones correctivas al vapor, es un proceso de correlación y coparticipación; es trabajo articulado entre lo público y lo privado. Por el error de una empresa no se debe afectar a otras empresas se seguridad privada, como ocurre en todos los eventos públicos en la Ciudad de México. Los estadios pueden ser de propiedad privada, pero son de acceso público.
Deben involucrarse ambas partes; realizar un trabajo preventivo, luego correctivo y al final lo reactivo, cuando se recurre último es que fallaron los dos primeros pasos y en el Corregidora fallaron los tres pasos”, explicó el experto en seguridad privada.
La homologación nacional es necesaria, ya que el hecho de que el gobierno de Querétaro haya eliminado de sus registros a la empresa GSE K9 no impide que esta empresa pueda ser contratada en otro estado de la República Mexicana.
“No hay registro único de prestadores de servicios de seguridad privada y de elementos de seguridad privada. Vemos con asombro que esta empresa (GSE K9) que no formaba parte del CNSP fuera la que trabajaba en el estadio y que horas antes del partido haya reclutado personas sin mayores requisitos”, subraya Raúl Sapién.
La realidad de las empresas de seguridad privada también toca el tema de seguridad social, no todas brindan estos beneficios a sus trabajadores, menos cuando se les contrata para un evento determinado.
“Tres de cada cuatro empresas de seguridad privada no cumplen con otorgar beneficios laborales a sus trabajadores o incumplen con el pago de impuestos y muchas
veces se les exige más y se les pone más la lupa a las empresas establecidas y reguladas que a las que están trabajando de manera irregular”, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
“Calculamos que más de 76 por ciento de empresas no cumplen con llevar a cabo el pago correcto de impuestos y de sus prestaciones de carácter social. Creemos que pueden existir alrededor de 3 mil empresas de seguridad privada que trabajan en la ilegalidad y al margen de la ley”, destacó el experto en seguridad.
Muchos empresarios destinan inversiones para capacitar, profesionalizar y mantener a sus elementos de seguridad.
“La profesionalización y especialización de la seguridad privada y los equipos tecnológicos es clave y no debe escatimarse en costos, menos cuando se trata de la vida de las personas”, recomendó Sapién Santos.
La profesionalización y los protocolos de actuación no serán igual para un evento masivo o al de los servicios que realizan elementos de seguridad personal o aquellos que custodian traslado de valores; cada rama es distinta y debe ser especializada, todas con una comunicación y articuladas entre seguridad pública y privada.
Ahogado el niño vuelve a tocarse el tema de las empresas de seguridad privada, un tema que desde febrero 2020 se introdujo al Congreso de la Unión para legislar en el tema, pero por pandemia o no ser una prioridad en el país no se atendió en su momento.
“El 2021 se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para que un plazo de 180 días se legislara en el tema, sin embargo ese plazo se venció en noviembre de 2021; no quiere decir que no se pueda legislar, pero ahora ya vamos contrarreloj en espera de que se concrete esa voluntad por dotar de certeza jurídica en el tema de seguridad privada en el país”, finalizó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.