FERNANDO VENEGAS
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) dio a conocer a través de sus redes sociales que se iniciará una queja de oficio contra las posibles omisiones de las autoridades en la batalla campal registrada este sábado durante el partido de Gallos Blancos y el Atlas de Guadalajara, en el estadio Corregidora.
Asimismo, a la par de este procedimiento, las autoridades de la DDHQ subrayaron el acompañamiento que se les da a los lesionados internados en los hospitales del estado y a sus familias, ante los lamentables acontecimientos.
“Además de iniciar una queja de oficio por probables omisiones de las autoridades involucradas, esta Defensoría ha acompañado y asesorado víctimas y familiares en el Hospital General, para garantizar y proteger sus DDHH en la atención que reciben por parte de las distintas instituciones públicas”.
Al momento, destacó la Defensoría, todas las personas atendidas por este organismo han sido debidamente canalizadas, se ha localizado a sus familiares y no se registran personas en calidad de detenidas provenientes del estado de Jalisco.
Informaron sobre el contacto que se ha tenido con la instancia estatal en materia de derechos humanos del estado de Jalisco, para continuar con la atención a los lesionados y sus familias, así como con las autoridades de aquella entidad.
“Esta Defensoría mantiene contacto directo y coordinación con su homóloga Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para procurar la atención con respeto a los DDHH de las personas provenientes de ese estado, tanto en su estancia en Querétaro como en su regreso a su lugar de origen”.
De la misma manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó enérgicamente lo sucedido; por lo que se levantará una queja a nivel nacional para determinar la responsabilidad de autoridades involucradas.
“Si bien, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación y la Liga BBVA MX informaron en sus redes sociales que iniciarán una investigación a fondo de lo acontecido, no puede pasarse por alto que la principal responsabilidad recae en las autoridades, obligadas a garantizar la seguridad de las personas en los eventos masivos tanto dentro como fuera de las instalaciones donde se lleven a cabo, lo que implica intervenir para contener y detener las agresiones, preservando los derechos humanos de los involucrados y protegiendo a todas las personas”.
