WASHINGTON, DC. Aunque había prometido continuar con las predicciones sobre inflación y crecimiento este año, sentí que era importante una desviación en el camino para hablar sobre la controversia que se dio en las últimas semanas entre el presidente López Obrador y los medios de comunicación, por la ahora famosa “casa gris”. Esto me hizo reflexionar sobre mi propia experiencia con algunos medios de comunicación en el país. Debo reconocer que muchos periodistas trabajan en situaciones precarias y extremadamente peligrosas, pagando inclusive con su propia vida su derecho a ejercer su profesión y la libertad de expresión. Mi solidaridad es con ellos. Sin embargo, no todos los periodistas trabajan con el mismo compromiso. En otro sector de la prensa hay otra realidad de la que quisiera hablar en esta columna.
En México el principio de presunción de inocencia no existe, ni en el poder judicial ni ante algunos medios de comunicación. Los medios acusan y los que deben de probar que son inocentes son los acusados. Es el mundo al revés.
Una de las frases más utilizadas por la prensa mexicana para generar dudas ante cualquier proceso, persona o situación, es la famosa palabra: irregularidades. Otra forma de acusar es con los titulares y también haciendo preguntas tendenciosas dando a entender que alguien hizo algo mal, por lo que legalmente no se puede decir que acusan, pero mediáticamente ya han enjuiciado y condenado a una persona.
En este caso, se acusó al hijo de López Obrador y su esposa, Carolyn Adams de hacer uso de tráfico de influencias con un funcionario de la empresa Baker Hughes (contratista de Pemex) para el alquiler de su casa. Por varios días se quejaron en la prensa, de porqué ellos no presentaban las evidencias de su inocencia. La pregunta tendría que haber sido ¿Por qué correspondía a ellos probar que eran inocentes?
Después de dimes y diretes, no se pudo comprobar que hubiera tal tráfico de influencias, ni que el exfuncionario hubiera obtenido algún beneficio. La empresa acusada tuvo que contratar una investigación interna con un reputado despacho de abogados en Houston especializados en el cumplimiento corporativo de normas éticas, para ver si se encontraban las famosas “irregularidades” o tráfico de influencia, anunciado y repetido por la prensa mexicana: “El despacho de abogados R. McConnell Group especializado en investigación a ejecutivos y profesionales y en cumplimiento de la ley, confirma que no existe conexión entre Baker Hughes Company y el arrendamiento de la residencia en Conroe de exempleado”
Una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos no mentiría sobre este tipo de investigaciones, exponiéndose a daños reputacionales, multas y hallazgos y averiguaciones de parte de la Security and Exchange Commission. A la prensa mexicana esto no les queda muy claro. ¿No habría correspondido a la prensa que acusó, realizar también esta investigación?
Pero lo inverosímil de este caso no acaba aquí. Además de todas las averiguaciones del contrato de arrendamiento y la relación con esta empresa. Carolyn Adams, de a la noche a la mañana, se le exigió que diera explicaciones de cómo pagaba su renta, dónde trabajaba, cómo trabajaba, dónde había estudiado a qué congresos había ido y con quién, para probar ella su inocencia.
¿Dónde se pinta la raya?
Todo esto que salió en la prensa por dos semanas, se vio reflejado también en la prensa extranjera. Una vez más, la prensa local promueve sin fundamento una imagen negativa del país. Esto luego es utilizado por empresarios y políticos de otros países para empujar sus propias agendas. Sobre estos temas hablaré en los próximos artículos.
