El paso adicional que dio esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de periodistas y medios al llamarlos “golpistas” que buscan impedir que “se lleve a cabo un verdadero cambio en el país”, no fue solamente una frase que salió de su hígado, sino del convencimiento de que hay en marcha un esfuerzo de un sector del gobierno de Estados Unidos que busca derrocarlo. López Obrador lleva semanas con la idea fija, compartida por varios de sus colaboradores más cercanos, que un “golpe blando” está en construcción. Esto lo han repetido sus propagandistas desde hace más de dos años, sin explicar porqué, si eso fuera cierto, no ha tenido éxito. No hay ningún “golpe” cocinándose en Langley o Foggy Bottom, pero es una recurrente justificación de López Obrador para esconder ineficiencias, conflictos de intereses y actos de corrupción en su familia y gobierno, así como también un control de daños preventivo.
Sus afirmaciones tienen dos niveles, el público y el privado. En el primero, periodistas y medios son, para él, un vehículo de intereses más aviesos, que identifica, una vez más, como “la mafia del poder”. Pero ya no limita esa “mafia” a los intereses políticos y económicos que dice, con razón, se conjuntaron hace casi 20 años para evitar que llegara a la Presidencia, con la ayuda de un “mercenario”, Dick Morris, que acuñó la frase que “(era) un peligro para México”. Morris no era mercenario, sino un reconocido consultor político que contribuyó a llevar a la Casa Blanca a Bill Clinton en 1992 y que fue parte de la campaña de Felipe Calderón en 2006.
López Obrador está seguro de que sus enemigos más poderosos están en Washington, y ya lo empezó a decir con más claridad. Esta semana, en una de sus hipérbolas mañaneras, deslizó en medio de su perorata contra quienes han cuestionado la legitimidad de la renta de la casa de un petrolero que tuvo negocios con Pemex donde vivió su hijo en Houston, una denuncia muy seria. “No dudo que en la Embajada de Estados Unidos en México haya gente respetuosa de la soberanía de nuestro país y otros acostumbrados a la intromisión”, dijo.
No dio mayores detalles ni nadie le preguntó nada, pero se puede afirmar que se refiere a algunas oficinas del Departamento de Estado, del que depende la Embajada, y de la CIA en particular, por la fijación que tiene del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile en 1973, que siempre es su referencia de intervencionismo. Desde ahí se estaría cocinando el “golpe blando”, como lo aseguran su propagandistas, que es un término acuñado por Gene Sharp en 1993 sobre el uso de la no violencia como arma política, mediante armas sicológicas, sociales, políticas y económicas.
López Obrador y el jefe de la estrategia de polarización, Jesús Ramírez Cuevas, están convencidos de que un sector del gobierno estadounidense fue que el facilitó a Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad y a Latinus, los documentos para la elaboración del reportaje sobre la “casa gris” del primogénito del presidente, porque, han discutido en Palacio Nacional, una parte de ellos no son completamente públicos. Esta es una versión renovada de la primera suposición que hicieron, señalando a Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la Presidencia, de haberlos filtrado, bajo el supuesto de que sólo él sabía de algunos detalles de la renta de esa propiedad.
En la renovada búsqueda de los autores intelectuales del reportaje se encuentra la demanda reiterada del presidente a Ramírez Cuevas y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que presionen al Departamento de Estado para que suspenda las donaciones a MCCI que, asegura, es una de las principales patrocinadoras de Latinus. La ONG recibe donaciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que depende del Departamento de Estado, y que contra poco más de un millón y medio de dólares que le dio a MCCI durante un periodo de tres años, ha apoyado 59 programas en los tres niveles de gobierno por un total de mil 751 millones de dólares, de los cuales 165 millones fueron para las Fuerzas Armadas. López Obrador ve ahí a los “golpistas”, y quiere cerrar fuentes de financiamiento a quienes acusa de atacarlo y querer descarrilar a su gobierno.
Esto es por cuanto al terreno público, porque en el privado, que no ventila en la mañanera, lo que le han estado informando al presidente es más serio. En la conferencia del lunes, al referirse a la suspensión de importaciones de aguacate en Estados Unidos, dijo que había intereses económicos y políticos que estaban “poniendo obstáculos”, y deslizó como ejemplo a la vaquita marina. Detrás de esta frase aparentemente inocua, se encuentra una muy difícil reunión que tuvieron días antes los dos gobiernos donde hubo reclamos serios de Washington por su falta de cuidado de esa especie en extinción.
El presidente afirma públicamente que la relación con Estados Unidos es muy buena y que el trato con el presidente Joe Biden es afable. La cordialidad es política, y los asuntos de Estado corren por otras vías. La más importante de todas, en el contexto de los señalamientos “golpistas”, es que en Washington tienen investigaciones en curso sobre cuatro miembros del gabinete de López Obrador que tocan temas financieros y de presuntos delitos vinculados con el narcotráfico. Se desconoce quiénes están bajo investigación y el estado de avance en que se encuentran, pero así fue como comenzó a filtrarse la investigación contra el ex secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, que concluyó en su captura.
En Palacio Nacional saben que están en la mira de Washington, pero no parecen tener claro cómo resolver los problemas que tienen, en buena parte porque el presidente López Obrador está actuando como siempre lo ha hecho en México, acelerando la polarización y el enfrentamiento, denunciando “golpismo” en lugar de atender y resolver los problemas internos que lo tienen colocado en esta situación.
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