El testamento es una forma legal de transmitir la propiedad de bienes, nace de la certidumbre que requiere el testador de que los bienes que posee, sean transmitidos, ya sea a gente de su sangre o a quien él decida. Se trata pues de un asunto de propiedad, que implica el uso, disfrute y abuso de lo que es propio.
Pues bien, nos hemos enterado la semana anterior, que el presidente de la República, ha hecho un testamento político pues considera que sería una irresponsabilidad no prever que sucedería en el país (¿su propiedad?) si llegara a fallecer en el ejercicio de sus funciones y agregó: “Tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad y que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado”.
Bien por la responsabilidad que manifiesta, mal por la ignorancia, la arrogancia que exhibe, a la par de su intención continuista. La gobernabilidad del país no está sujeta a lo que diga el mandatario en un testamento. La Constitución establece los términos en que la gobernabilidad y la estabilidad del país se mantienen, no por la voluntad del jefe del ejecutivo, sino por el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de la ley, y respecto a la continuidad en el proceso de transformación del país, dependerá de que el pueblo refrende en la próxima elección si dicho proyecto debe continuar o no.
Preocupa el ejercicio patrimonialista del poder que tal testamento exhibe, y nos lleva a preguntar si más que la salud física del presidente, debiera preocuparnos su salud mental pues tal despropósito, como heredar el país y el gobierno, cuya administración le fue conferida temporalmente, denota megalomanía, jactancia, una fatua percepción de si mismo.
Lo que trasciende, tanto del mencionado testamento, como de las propias manifestaciones presidenciales, es su intención continuista. Muchas veces ha dicho que no persigue afanes reeleccionistas y que al concluir su mandato, se retirará de la política, sin embargo, dado su empecinamiento por considerar una transformación histórica su desastrosa administración, trasciende que, como lo han hecho otros mandatarios que se sintieron iluminados, pretende ejercer el poder político desde la profundidad de la finca chiapaneca.
No será el primero que lo intente, Porfirio Díaz supo hacerlo, Plutarco Elías Calles, lo intentó, a Antonio López de Santa Anna le bastó su imagen y habilidad política para ser presidente de la República 8 veces, operando desde su finca Manga de Clavo en Veracruz. Eran otros tiempos, sin los avances institucionales que hoy nos dan gobernabilidad y frenan las ambiciones políticas, sin embargo, este presidente ha mostrado poco respeto por las instituciones y las disposiciones legales, las cuales intenta a menudo cambiar.
El otro punto, que ya no es la legitimidad de la herencia, es la calidad de la misma. Actualmente, tenemos una economía en recesión técnica, fuga de capitales, inflación en niveles que no se habían tenido en 30 años, déficit en la cuenta pública creciente, deuda pública en niveles de riesgo, la inversión privada y pública en franca recesión y la primera, reacia a invertir por la falta de certidumbre, política y legal, pronósticos de crecimiento mínimo y falta de proyectos de infraestructura que detonen el desarrollo y favorezcan el empleo, programas sociales que no han demostrado efectividad para reducir la pobreza y la desigualdad, estructuras incapaces de corregir y eficientar los servicios de salud, empresas productivas que quitan cada vez más recursos en vez de aportar, polarización y desconfianza en los sectores económicos y productivos, inseguridad y presencia de organizaciones delictivas en zonas importantes de la geografía nacional, corrupción en todos los niveles, impunidad y uso selectivo de la procuración y administración de justicia, mega proyectos presidenciales con costos crecientes y rentabilidad dudosa. Sin duda no es una buena herencia y mucho menos si se toma en cuenta que tendrá que disputarse seguramente, con las fuerzas armadas, a quienes se les ha escriturado, por adelantado, bienes e ingresos públicos.
No se discute que tenga una gran popularidad y que mantenga niveles de aprobación altos, aunque inexplicables ante la situación que guarda el país, eso y el control que ejerce en la estructura partidaria que construyó, hacen posible su ambición por trascender, y mantener la influencia política, el apoyo de masas, que sin ser mayoría en la población, son controlables y dúctiles por la organización clientelar que ha construido, pero de ahí a considerar que el país es de su propiedad y que puede heredar su conducción a través de sucesores designados es terrible, además de ilegal, en una nación democrática.
Preocupa que el destinatario de la desaforada sucesión surja de la familia desigual, disfuncional y rijosa que integra su movimiento, la cual por cierto, no brilla por su intelecto o habilidad política sino por su docilidad y servilismo, pero más preocupa, verdaderamente, que lo esté pensando con seriedad.
