La obcecación provocada por la polarización de la vida política, muchas veces tiene que ser corregida desde el exterior. La política exterior de México es visibilizada por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos, que nominó a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, como “persona del año” en reconocimiento a su labor para frenar el tráfico de armas por el mérito de la demanda civil presentada el 4 de agosto de 2021 por daños, ante una corte federal estadunidense, contra once empresas que manufacturan y distribuyen armas en ese país.
No es un asunto menor ya que este reconocimiento se ubica en el polo opuesto de la pasividad hacia este tema de los tres sexenios anteriores, en que, entre otros descuidos, se produjo la entrada masiva ilegal de armas a través de la operación “fallida” de “Rápido y furioso”.
Desde el inicio de su encomienda al frente de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard diseñó una política proactiva para enfrentar la asimetría con Estados Unidos. Si durante el gobierno de Calderón la política exterior se había reducido casi a los asuntos de la seguridad, en este sexenio además de dar nuevo impulso a la política multilateral, a buscar nuevos y novedosos acercamientos con América Latina, con China y el Sudeste asiático, con Rusia y Europa, y de reenfocar el tratamiento de la migración y la economía, con respecto a Estados Unidos, se diseñaron nuevos enfoques y nuevas prioridades, uno de éstos ha sido insistir de manera puntual e incisiva, en la responsabilidad estadounidense sobre el tráfico de armas y la lucha contra la discriminación de los mexicanos en el exterior. La política de Peña hacia Estados Unidos fue demasiado obsequiosa debido a la sumisión de Videgaray con el yerno de Trump, a quien premió con la principal distinción de México, la condecoración del águila Azteca, el último día de su mandato, en Argentina, como para que no nos diéramos cuenta de tal desatino.
Temas que antes no se planteaban con la fuerza y precisión necesarias, ahora se han abordado con decisión, como es el caso de poner en la agenda bilateral, de manera prioritaria, el asunto del control del tráfico de armas. La Asociación de Control de Armas precisó que el canciller fue incluido en la lista de nominados del año “por su demanda contra los fabricantes y distribuidores de armas de EU en un tribunal de distrito federal de Massachusetts que adopta un enfoque novedoso para combatir el tráfico ilícito de armas”.
La demanda presentada por la cancillería mexicana sostiene que varios fabricantes y mayoristas importantes de armas de fuego “diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de una manera que saben que habitualmente arman a los cárteles de la droga en México”, y eso contribuye a una disminución de la esperanza de vida en México y a un gran número de muertes de la población civil. Por esta razón, el Gobierno de México demandó a un grupo de once empresas de armas de Estados Unidos acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en México. Marcelo Ebrard va al fondo del problema de las armas, la educación, al señalar: “Están financiando videojuegos para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes para quitarle la dimensión humana, lo que significa agredir a otra persona con armas y convertirlo en una especie de competencia con armas especialmente diseñadas para ello”. Esta afirmación, por sí sola, vale la pena profundizarla psicoanalíticamente, ya que alude al placer del juego como vía para su utilización en la obtención de ganancias ilícitas.
Además, argumenta el gobierno mexicano que las empresas demandadas venden alrededor de 340 mil de un estimado de medio millón de armas que fluyen ilegalmente cada año desde Massachusetts y otros estados de EU hacia México. La amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.
Tal decisión era impensable en los gobiernos de Calderón o Peña Nieto que, por el contrario, no se atrevían a insistir sobre el tema en las reuniones de alto nivel con el gobierno estadounidense. En cambio, México exige una compensación por los efectos criminales del contrabando. Los daños provocados por las armas traficadas equivaldría a entre 1.7 por ciento y 2 por ciento del PIB mexicano. El gobierno pedirá una compensación de al menos 10 mil millones de dólares.
El supuesto de las empresas demandadas era que no se iba admitir la iniciativa de México por la Corte de Estados Unidos, pero ésta sí la admitió. Aunque ahora pretenden llevar la querella a cortes que las favorezcan, como sería el caso del estado de Texas. Se trata de un proceso legal largo, en el que México tendrá que dar muchas batallas, pero, por lo pronto, ya cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, que a través de una resolución, apoyada ya por 71 gobiernos, el Consejo de Seguridad reconoció las amenazas que representan las armas ligeras, y sobre todo su tráfico hacia grupos delincuenciales, e insistió en la necesidad de colaborar entre autoridades de diversos países en sus fronteras.
El canciller Marcelo Ebrard sabe cómo aprovechar los distintos instrumentos institucionales, legales y políticos, para el logro del propósito de garantizar el control de armas de parte de Estados Unidos. A eso se llama eficacia en servicio público. Hay que reconocerlo nosotros también.
