En el 2018, 30 millones de votos dieron lugar a la esperanza, personificada en un discurso de cambio y renovación que se ha mantenido durante ya tres años, con muy pocas o mínimas diferencias positivas con el pasado inmediato. Cambian las formas pero no el fondo y en él, seguimos viendo un Estado profundamente corrupto, un sistema legal imperfecto aunado a una procuración de justicia que alienta la impunidad, por incapacidad o por abulia, un aumento de la inseguridad y el avance de organizaciones delictiva, más pobreza y la presencia lacerante de la desigualdad, no solo económica, sino también de género, de competencias laborales, educativa y de desarrollo.
Una disminución de la competitividad del país en la economía global y un riesgo permanente y creciente para las instituciones democráticas y educativas que no se adhieran a las preferencias ideológicas del régimen.
No es saludable iniciar el año con un diagnóstico tan pesimista, sin embargo, no parece haber motivos para esperar que este panorama cambie en los escasos tres años que le quedan a la actual administración, sino por el contrario, abundan las amenazas y escasean las oportunidades. En el 2022, es posible que sucedan complicaciones para las cuales este gobierno parece no estar preparado, o actúa como si nada de ello nos pudiera afectar y es un grave error.
Puede ser que Rusia decida invadir Ucrania y China a Taiwán; las repercusiones económicas y militares de tales acciones son una real amenaza para la economía mundial y la mexicana, aunque, si se tuviera la preparación y se generaran las condiciones necesarias, el conflicto China – USA pudiera ser una oportunidad.
También es muy posible que la inflación, hasta hoy considerada transitoria, permanezca y se incremente en USA, obligando a la FED a subir sus tasas de interés, reducir las ayudas y recortar el capital circulante, lo que es muy mala noticia para nosotros por una posible reducción de remesas, aumento en el costo del servicio de la deuda externa y otros daños colaterales, como devaluación y disminución de la inversión.
Puede suceder, que la pandemia no ceda y se recrudezca, ya sea por aparición de nuevas cepas, continuado mal manejo de la crisis, o por nuevas infecciones. También es posible, que el Congreso Nacional apruebe la reforma eléctrica y esto apresure la fuga de capitales y acelere el proceso de desinversión de las empresas. Añádase a esto que los carteles de la droga pueden continuar extendiendo y afirmando su presencia en vastas regiones, creciendo la inseguridad para las personas, las empresas y comercios.
La política de autosuficiencia energética habrá de traer también consecuencias, en especial para la salud financiera del gobierno cuando los recursos que hoy se obtienen por la exportación de petróleo ya no existan y la situación económica de PEMEX conlleve la pérdida del grado de inversión de la empresa y del país. Y finalmente, en esta enumeración de posibilidades, puede suceder que, en una desesperada búsqueda de recursos el gobierno federal estatice el ahorro de las AFORES, para hacer uso de los recursos existentes, garantizando él mismo, el pago de pensiones.
Todas son posibilidades, pero el más grave riesgo deviene del divorcio existente entre la grave problemática a enfrentar y la agenda política que navega en aguas diferentes. Su horizonte es más corto, no va más allá de sus intereses electorales y la pugna por el poder, el acaparamiento de instancias de decisión y sometimiento de quienes piensan diferente.
Para el ejecutivo solo importa en lo inmediato, el proceso de revocación de mandato, la discusión de la reforma eléctrica, la elección de 6 gubernaturas y el debilitamiento o cooptación del Consejo General del INE. Se abdica de responsabilidades administrativas a favor del ejército y su presupuesto es infinitamente superior al dedicado a preservar el estado democrático, o la salud. Como se puede apreciar, la agenda política no tiene que ver con las amenazas o reales problemas nacionales, la economía se maneja con criterios políticos y es una incógnita el futuro accionar del Banco de México, colonizado ya por la administración actual.
Capítulo aparte merece la escasa o nula atención a la preparación de nuevas generaciones, tanto en el ámbito académico como en el empresarial; mientras el mundo camina por senderos de innovación tecnológica y se avanza en la ciencia de datos y tecnologías de la información, nuestras instituciones pugnan por desterrar esas materias por ser ideológicamente incompatibles, enfocadas según ellos, al mundo empresarial y neoliberal. Se combate a la intelectualidad y a la investigación que no se apegue a sus dogmas, y la educación en general, se estanca sin definir una política y un rumbo claros.
No es prudente el pesimismo para un inicio de año, pero tampoco lo es el evadir la realidad y reconocer que nuestro gobierno no está preparado para el nuevo tiempo, y que en el corto plazo estamos pasando de la esperanza a la zozobra. Ríos de tinta han sido vertidos por quienes advierten que las acciones implementadas por esta administración no son atinadas ni suficientes para atender la problemática de su propio diagnóstico, en el cual por cierto coinciden, sin embargo, no comparten la miopía del régimen, ni su sectarismo, como tampoco su anacrónico concepto de nacionalismo, totalmente anormal en el ámbito global del siglo XXI. Cierto, estábamos mal en 2018, seguimos estando mal y un poco peor en 2021, pero aún hay espacio para empeorar más gravemente.
