La pandemia de COVID-19 está lejos de terminar. Recientemente se descubrió una nueva variante del virus, nombrada ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Europa, actual epicentro de la pandemia, los gobiernos han promovido el regreso a medidas rigurosas para contener el aumento de nuevos casos, entre ellas, confinamientos generales y restricciones a la movilidad de personas sin vacunación.
Luego de casi dos años de la aplicación intermitente de estas disposiciones, algunos sectores de la población europea han reaccionado de manera negativa. En Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos las protestas han escalado hasta la violencia.
Dados los resultados ambivalentes, entre afectaciones económicas y contención de casos durante la primera etapa de la pandemia, en Europa los gobiernos no logran acordar cuáles serán las medidas que deben implementar para contener los contagios.
Por un lado, Francia lidera un bloque de países que decidieron solicitar un pase de vacunación para ingresar a lugares cerrados, como teatros, cines o bares, con el objetivo de alentar a las personas a acceder a la vacunación.
Por otra parte, Austria ha regresado a los confinamientos generales, excepto para actividades esenciales, y la vacunación contra COVID-19 será obligatoria desde el próximo mes de febrero.
Hace tan sólo unos días, alrededor de 40,000 manifestantes marcharon por la capital de Austria, para mostrar su oposición al aislamiento social y a la imposición de la vacuna. En Bélgica y los Países Bajos también protestaron miles de personas en contra de medidas más severas de combate a la COVID-19.
Quienes se sumaron a las protestas argumentan que imponer medidas como el pasaporte COVID-19 para transitar por el país es discriminatorio, y que la obligación legal de acceder a la vacuna (en el caso austriaco) atenta contra la libertad individual de la ciudadanía.
El director de la OMS para Europa, Dr. Hans Kluge, afirma que las medidas de vacunación forzosas se deben considerar como un “último recurso” y que, en su lugar, hay otros medios más efectivos, como el pase para personas inoculadas.
Otras voces expertas coinciden en lo arriesgado que podría ser imponer medidas coercitivas a la población en caso de crisis de salud. Por ejemplo, Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), describió la vacunación obligatoria como un “arma de doble filo”.
Agregó que las estrictas medidas podrían hacer que las personas que aún dudan de la vacuna, pero que no se resisten del todo, se aparten completamente de ella y finalmente radicalicen su posición hacia el rechazo total.
En nuestro país tenemos profundamente arraigada la cultura de la vacunación, y la población ha acudido a inmunizarse con interés. En lugar de imponer medidas coercitivas, el Estado mexicano se concentra en mantener la oferta de biológicos, disponibilidad de camas para atender enfermedades graves y difusión de información sobre los beneficios de la inoculación.
El Gobierno mexicano continúa trabajando en la campaña de vacunación, pero creemos firmemente en la libertad individual para acceder a ella. La población nacional se muestra entusiasta y participativa.
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