Durante mucho tiempo, las fuerzas armadas mexicanas han tenido la confianza del pueblo. Son, sin duda, la institución mejor valorada del Estado Mexicano, sin embargo, en los últimos años, ha sido expuesta a un desgaste excesivo por el protagonismo que el presidente les ha otorgado en la vida nacional.
Tal vez conscientes de que dicho papel pudiera ocasionar desprestigio, la SEDENA informó el 2 de abril de 2021 que mediría sus niveles de aprobación en la población, sin que se hayan conocido sus resultados. No obstante, el 18 de mayo del mismo año, el diario “El País” presentó una encuesta realizada por Simo Consulting, en la cual se confirma que el 62% de la población confía en el ejército, seguido por la Guardia Nacional y el INE con 53 y 50% respectivamente. Seguramente el presidente de la República figura preponderantemente en ese 62% que confía, pues después de que siendo candidato prometiera regresarlo a los cuarteles, al llegar a la presidencia ha depositado en ellos responsabilidades que van más allá de sus atribuciones constitucionales. Constantemente ha censurado y criticado ferozmente a organizaciones civiles e instituciones autónomas por haber servido y hasta a la prensa por haber callado ante los abusos de los que él ha llamado régimen neoliberal, pero no lo ha hecho contra las fuerzas armadas, que también lo hicieron sirviendo con responsabilidad, sentido del deber y lealtad, al régimen constitucional establecido democráticamente. También ha sido omiso a los antecedentes de corrupción que desde 1997 con la aprehensión y condena al General Gutiérrez Rebollo, o los informes de la DEA, veraces o no, sobre la protección del General Cienfuegos a carteles mexicanos.
Al ejército le ha costado mucho trabajo y esfuerzo, deslindarse de los señalamientos de corrupción de algunos de sus miembros y por ello se explican los altos índices de aprobación que hoy conservan, pero el presidente les ha puesto una manzana envenenada en el centro de su estructura.
Desde que Manuel Ávila Camacho, último presidente militar de la república dejó el poder, las fuerzas armadas se habían mantenido al margen de la política y de la administración civil, hasta que esta administración López Obradorista les asignara una participación preponderante en la integración de la guardia nacional, adscrita de hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero adicionalmente a las funciones de seguridad pública, que no están en sus deberes constitucionales, se les ha asignado responsabilidades de la administración civil.
El 5 de noviembre de 2021, el presidente anunció que se creará una empresa a cargo de la Secretaría de la Defensa que se hará cargo de la administración de diversas entidades públicas como, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, y los de Tulum, Palenque y Chetumal. Además actualmente participa en la construcción de 4 de esos aeropuertos y tres tramos del Tren Maya, remodela y construye hospitales, sucursales del Banco del Bienestar, administra puertos a través de la Secretaría de Marina y participa en la administración de las aduanas, coordina el traslado de vacunas, libros de texto, entrega de fertilizantes, recluta operarios de pipas para el transporte de combustible y elementos de la guardia nacional y lo que se acumule, como será el transporte de medicinas, según se ha dicho.
Presupuestalmente, la Secretaría de la Defensa dispondrá en 2022 de 104 mil millones, 22% más que el año anterior; la Secretaría de Marina 32 mil millones, un 17% más y la Guardia Nacional, sectorizada en SEDENA 72 mil millones, en total 208 mil millones y tan solo en Santa Lucía, se han asignado para este año 11,450 millones y en el Tren Maya, del cual el ejército construirá tres tramos se asignaron 63 mil millones. Sin duda es una bolsa importante, y se estima que puede llegar hasta los 500 mil millones que se han destinado a obras prioritarias, que habrán de ser manejados con total opacidad por el acuerdo, publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, que blinda la información sobre todas estas obras.
En lo personal, no dudo de la institucionalidad y la rectitud de la institución, pero no metería las manos al fuego por ningún ser humano, militar o no, que tenga acceso al manejo de tales cantidades de dinero con la absoluta libertad que se les ha conferido.
El presidente ha puesto la manzana prohibida de la tentación, en el árbol institucional de las fuerzas armadas. Para ellas es una prueba por la que, a mediano plazo habrán de sufrir un desgaste explicable. Puede ser que por la institucionalidad y disciplina castrense se supere la prueba de la honestidad en el manejo de los recursos, pero también puede suceder que no y que la actuación de algún mando u oficial de las fuerzas armadas, se parezca o imite a servidores civiles, como algunos ex gobernadores, o directores de empresas paraestatales, o administradores de fondos que frecuentemente son exhibidos por no resistir la tentación de disponer del dinero público.
Ejemplos de corrupción en la milicia ha habido cuando no disponían de tantos recursos y facilidades, lo que pase hoy estará por verse
