De un tiempo acá, la agenda mediática presidencial que cada día se impone en las conferencias matutinas ha tenido tropiezos pues, como pocas veces, el presidente ha tenido que ser reactivo a los acontecimientos que, fuera de su control marcaron pauta y mandaron a la fila secundaria los temas por él agendados para el consumo de los medios y para el control de las percepciones ciudadanas.
El abuso de las condiciones leves que la fiscalía le impuso al presunto “testigo colaborador” Emilio Lozoya, puso en entredicho el discurso anticorrupción y la eficacia de la instancia persecutora, a la que el caso Odebrecht le ha quedado grande o bien, fue más grande la expectativa que generaron que la extensión de la red de corrupción que presuntamente traía en la panza.
Sin avances en la judicialización de los que han sido señalados públicamente como partícipes en una red de corrupción, presuntamente para conseguir votos para la aprobación de la reforma eléctrica, y sin poder demostrar ninguna de las aseveraciones del testigo protegido, el caso de mayor relevancia en la lucha anticorrupción parece estarse esfumando y acabará con lo único cierto y fehacientemente comprobado, que el señor Lozoya fue el único que recibió millones de dólares para favorecer las actividades empresariales de la constructora brasileña. Así, el presidente ha modificado agenda para tener que respaldar al fiscal y rescatar su discurso anticorrupción.
Casualidad o coincidencia, la cancelación de los privilegios al indiciado y su ingreso al Reclusorio Norte, es previo a la participación del presidente en la ONU, en la que adelantó que hablará sobre la corrupción. Irónico sería que lo hablara frente a una fotografía de Lozoya cenando plácidamente en un restaurant de lujo.
Igualmente, será casualidad o consecuencia, el hecho de que en la cumbre sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow, Escocia, a la cual rehusó asistir el presidente, México haya cambiado su posición inicial de no firmar un acuerdo en contra de la desforestación para firmarlo finalmente, después de una visita de “cortesía” del embajador estadounidense en nuestro país a palacio nacional, y que a la vez, las fracciones parlamentarias afines al gobierno hayan decidido aplazar la discusión de la reforma a la legislación en materia de energía eléctrica hasta el periodo de abril de 2022.
Tal vez el embajador entregó en propia mano la carta que congresistas norteamericanos enviaron al presidente para que reconsidere los términos de su propuesta de reformas, aduciendo violaciones compromisos y convenios internacionales como el TMEC. Pudo ser eso o bien, el convencimiento de que no sería posible lograr los votos necesarios para que la reforma pase, lo que sería una derrota política, previa a su auto ratificación mediante el proceso de revocación de mandato que política y electoralmente promueve.
Otra posibilidad es, que finalmente haya escuchado las razones del Secretario de Hacienda o alguna otra persona sensata que lo haya convencido de lo perjudicial que resulta para la recuperación económica del país después de la pandemia, una reforma que independientemente de su intención nacionalista, manda un mensaje de riesgo a los inversionistas, ya de por sí retraídos tras la cancelación del NAIM.
Los pronósticos de crecimiento se siguen ajustando a la baja, la actividad empresarial disminuye y cada vez más empresas salen de la actividad bursátil, mientras se da cuenta de que en lo que va del año la fuga de capitales acumula más de 10 mil millones de dólares y el mercado de deuda soberana vio salir unos 202 mil millones de pesos, monto que se está acercando a los 257 mil mdp de 2020. Son razones de peso para reconsiderar decisiones como la reforma eléctrica ya aplazada y de muy difícil aprobación el año que viene.
Quienes hemos sido críticos de las acciones gubernamentales, advertíamos desde hace tiempo que la realidad terminaría imponiéndose a la voluntad idealista y poco informada de un presidente reacio a aceptar razones en contra de sus convicciones, por erradas que sean.
En las condiciones actuales, con las finanzas públicas seriamente presionadas por el costo de programas sociales costosos y de operación desordenada, por la persistencia en un discurso agresivo, polarizante y maniqueo, por las presiones internacionales que esta semana se hicieron sentir vía el embajador y las pláticas del canciller en la cumbre climática, los márgenes de acción para la implementación de su idealista visión se le están ajustando al presidente.
Tal vez su instinto y la inercia generada por la influencia de los programas sociales le alcance para obtener más victorias electorales y mantener su popularidad, pero deberá tener cuidado con la inflación que ya amenaza con salirse del control y especialmente por la inoperancia de la estructura burocrática, que ahogada por una austeridad suicida provoca el enojo de muchos mexicanos que siguen sin encontrar medicinas ni atención eficiente en el sistema de salud mientras esperan que la gasolina y el gas bajen de precio. No son los neoliberales, es la realidad que acecha y para la cual no parecen tener soluciones.
