El talentoso senador Germán Martínez Cázares le dijo a Ciro Gómez Leyva, con el Código de Procedimientos Penales en la mano, que Emilio Lozoya, en su calidad de ser un imputado beneficiado hasta la noche de antier con el criterio de oportunidad, solamente podría pedir la comparecencia de quienes fueron sus superiores jerárquicos mientras fungió como director de PEMEX: Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
Sin embargo, como lo dijo con mucha sensatez el juez de la causa, a Lozoya no se le cambió la medida cautelar que lo mantenía en libertad por el hecho de que fue a cenar a un restaurante de lujo donde lo captó la sagaz cámara de la no menos acuciosa periodista Lourdes Mendoza.
Sino que a Lozoya se le considera un personaje con muchas posibilidades de fugarse dados los recursos económicos con los que cuenta y las conexiones familiares, políticas y empresariales que conserva.
Lozoya tenía que estar en prisión por el riesgo de una muy probable escapatoria y nada más.
Pero la sociedad mexicana, agraviada, ofendida y lesionada patrimonialmente por la corrupción imperante en los 50 años pasados en los que dominaron las leyes no escritas del sistema política mexicano (un sistema que al decir de los verdaderos críticos de la corrupción, como el recordado Abel Quezada, producía sexenalmente una “comalada de nuevos millonarios”) no está conforme con el hecho de que se proceda a juzgar a Emilio Lozoya Austin y se de carpetazo a la investigación.
Los mexicanos quieren que se llegue hasta al señalamientos de los autores intelectuales de la operación de sobornos financiada por la petrolera brasileña Odebretch.
La sociedad quiere que respondan por sus actos ilícitos cometidos en este lance por personajes como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Francisco Domínguez, David Penchyna y Ernesto Cordero y los otros 11 señalados por Lozoya Austin.
Lo que se vive en el caso Lozoya es una reivindicación social, no solamente un escarceo jurídico que nada tenga que ver con el daño que la corrupción le ha ocasionado al pueblo de México con la actitud deshonesta y proditoria de personajes como los que ha desenmascarado Emilio Lozoya.
Lo más lógico es pensar que, política y socialmente, estamos por ver un diluvio que viene de proporciones inimaginables.
¡Que Dios los coja confesados!
EN TIEMPO REAL.
1.- Suenan fuerte como propuestas presidenciales para ocupar el lugar que dejará en la Corte el ministro Fernando Franco, los nombres de Verónica de Gyves, Loretta Ortiz y Bernardo Batiz. Los analistas conocedores del ámbito de la Corte, consideran que el cargo que dejará el ministro Franco será ocupado por una mujer.
2.- Pues los nombres de ínclitos héroes de la farándula siguen apareciendo como prospectos para ser gobernadores en los comicios del próximo año. Por ejemplo, en Quintana Roo la gente ya empieza a fastidiarse con la chocantería de Roberto Palazuelos que ya actúa y declara como si estuviera despachando desde el palacio de gobierno de Chetumal. Otro ex farandulero, Francis Xavier, trata de mover las escuálidas y despistadas agrupaciones que tratan de impulsarlo al gobierno de Hidalgo. Como dijera Marco Antonio Solís: ¿A dónde vamos a parar? Si ya no aguantan en Nuevo León al “influencer” Samuel García que no cumple ni los 100 días en el cargo.
3.- Con retos persistentes en temas como límites al poder gubernamental, corrupción; derechos fundamentales y justicia, el Estado de Derecho en México se ha mantenido estancado desde hace cinco años, destacó la organización World Justice Project (WJP).
A través del Índice de Estado de Derecho 2021, el WJP señaló que el Estado de Derecho de nuestro país obtuvo un puntaje de 0.43, lo cual significa que se redujo 2.9% en comparación con el 2020, colocándolo en el lugar 113 de 139 países, lo cual también significa que México cayó una posición en la clasificación global.
Cabe mencionar que la medición va del 0 al 1; mientras más se acerque el puntaje de un país a la unidad significa mayor fortaleza en la aplicación de las leyes.
