Lo que no suena lógico suena a metálico, dijo el presidente López Obrador al descalificar un reporte del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, NREL por sus siglas en inglés, una agencia del gobierno estadounidense, que señaló con contundencia que la reforma constitucional que promueve el gobierno mexicano incrementará las emisiones de carbono entre 26 y 65% y los costos de generación aumentarían entre un 32 y 54%.
Como es costumbre, la descalificación no fue acompañada de argumentos que refuten las afirmaciones de la agencia mencionada, sino solo la desdeñosa frase: “no saben lo que estamos haciendo en México.” Deslizó luego la suspicacia pícara que alude a un interés económico detrás de este reporte, también sin aclarar o especificar.
Noches atrás, en un programa televisivo de análisis con comentaristas prestigiados, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, desdeñó también los comentarios acerca de los riesgos que traería eliminar o minimizar la participación de los productores privados, sin aclarar convincentemente, como sustituiría la CFE la energía que producen estas entidades, si en cumplimiento del artículo transitorio de la reforma propuesta, sus contratos vigentes y nuevas autorizaciones serían canceladas, como también eludió la respuesta acerca de la intención claramente expropiatoria de dicho artículo, lo que negó y a cambio deslizó la intención de dialogar con las empresas afectadas para renegociar sus contratos con nuevas condiciones. Es decir nos vamos a sentar a platicar pero la pistola en la mesa la tengo yo.
Lo que trasluce detrás de las declaraciones gubernamentales, como las del director de la CFE, es que más que un rescate de soberanía o de la energía eléctrica en manos de particulares, es el innegable rencor que sienten contra empresas como Iberdrola, compañía que tuvo la desgracia de contratar a Felipe Calderón como asesor de una de sus filiales, y por ello tal vez sea el origen del encono.
Sin demostrar con números donde está el robo que en sus declaraciones denuncian, donde está la ilegalidad de los contratos que descalifican y donde están las demandas y denuncias que debieran haber interpuesto ante esos ilícitos, si fueran ciertos; sin demostrar tampoco como se evitará generar más carbono al utilizar plantas que funcionan con combustibles fósiles para sustituir a los productores privados, y ante la lluvia de amparos y demandas que ocasionaron con la fallida y controvertida ley eléctrica, han optado por intentar una reforma constitucional, con el pleno conocimiento de que hay una alta posibilidad de que no sea aprobada, pero que ofrece la oportunidad de mantener en ebullición la arena política mexicana.
Estamos llenos de declaraciones patrióticas y descalificaciones patrioteras y muy escasos de datos duros que demuestren que tienen la razón y no solamente la habilidad de inducir percepciones en una sociedad de por si desinformada. Esta actitud opaca y obtusa del gobierno, que no aporta datos convincentes, le dan la razón al dicho del presidente, solo que aquí, lo que no suena lógico suena a electoral.
Porque no suena lógico que se emprenda una cruzada nacionalista en contra de empresas extranjeras productoras de energías limpias, como excusa para fortalecer a una empresa, CFE, que no deja de tener pérdidas. Según sus estados de resultados entre enero y septiembre de este año registra una pérdida de 20,853mdp, menor a la registrada en 2020 que fue de 142,908mdp. Y menos lógico suena cuando en esos estados de resultados se explica la pérdida en razón de la inestabilidad cambiaria, el alto precio del gas y la carga de los pasivos laborales y de deuda, nunca en la “perniciosa” presencia de los productores independientes de energía, como lo exponen en sus tronantes y patrióticas exposiciones.
No se habla de la desconfianza que ocasionará en los inversionistas, no solo del ramo energía, el que en México se cambien las reglas para la inversión según las ocurrencias del gobernante, como tampoco se habla de las advertencias que se han hecho sobre el incremento de la tasa de carbono y el incumplimiento de tratados y convenios.
No es lógico hablar de eso cuando lo que se quiere es que la sociedad se enoje contra esos abusivos empresarios que obtuvieron concesiones por la corrupción, tampoco demostrada o perseguida, pero útil para mantener el discurso del resentimiento y la polarización. Es un hábil recurso político pero afecta directamente al riesgo nación, inhibe el crecimiento y retarda el desarrollo tan necesario para combatir la desigualdad y la pobreza con algo más que dadivas gubernamentales.
Urge conocer los números reales, que la sociedad tenga la información suficiente para que sus determinaciones se orienten por la razón y no por las vísceras. Le urge esa información a los partidos políticos, esa oposición desorientada, reactiva a los temas de la conferencia mañanera y ausente de los importantes temas nacionales. A que debate puede convocar el PRI, ese acomodaticio indeciso, si no se discute sobre datos duros que puedan o no exhibir la inviabilidad de la propuesta y hasta del propio sistema eléctrico nacional, ideologizado, técnica y ambientalmente deficiente al que le auguran, estudios internacionales, un aumento hasta del 35% en apagones. No suena lógico, pero si político, que en el dialogo nacional se mienta y banalice mientras se elude profundizar en lo importante.
