El pasado 20 de octubre, el Gobierno colombiano reunió a los ministros de Exteriores y otras personas funcionarias de diversos países del continente americano que experimentan persistentes y crecientes movimientos migratorios, particularmente una vez que los controles por la pandemia de COVID-19 y la apertura fronteriza se han relajado.
Los asistentes fueron Brasil, Chile, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana, así como el representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Pierre Lapaque. El diálogo se centró en la crisis migratoria y de personas refugiadas que atraviesa la región, principalmente por los flujos de ciudadanas y ciudadanos haitianos y venezolanos, a fin de encontrar soluciones conjuntas a la movilidad ordenada, segura, regular y responsable.
Más allá de los flujos migratorios tradicionales que el continente americano ha experimentado, actualmente, este fenómeno presenta nuevas aristas entre las personas migrantes y para los países de la región. Para las primeras, por la cantidad de gente que se está desplazando, la diversidad de su origen y el número de países que cruzan para llegar a su destino final. Respecto a los segundos, diversos lugares han pasado de ser expulsores, sitios de tránsito y origen, a ser receptores, destinos e incluso puntos de retorno. Tal es el caso de México y Colombia.
Asimismo, la situación ya no es sólo alarmante para las fronteras estadounidenses, pues otras fronteras en el continente también afrontan este panorama, aunque los costos para los países latinoamericanos desafían los estragos y retos que la pandemia ha dejado a su paso. Muchos Gobiernos están enfrentando presiones presupuestales, al buscar atender a sus poblaciones y a los grupos migrantes que transitan o se asientan en sus territorios.
Bajo este panorama, destaca en la actual crisis migratoria regional el aumento en el número de personas haitianas que están atravesando el continente. En esta oleada, es de tener presente que este grupo no ha salido directamente de Haití, sino que hace más de diez años llegaron a Brasil y Chile en busca de mejores oportunidades de vida, que no consiguieron.
Enseguida, las consecuencias de la pandemia y la presencia de Joe Biden en la Presidencia estadounidense los impulsaron una vez más a migrar. A inicios de año, el objetivo fue llegar a Estados Unidos como destino final, pero ante una continua política migratoria condicionante y los impedimentos para llegar a ese país, las personas haitianas prefieren quedarse en otros destinos, o bien, regresar a su último lugar de origen, aunque no contemplan la posibilidad de retornar a su país.
En el cada vez más difícil camino para llegar a Estados Unidos, México se está convirtiendo en un nuevo lugar de acogida. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados estima que a finales de julio casi 13,300 personas haitianas habían pedido asilo en el país; a ellas se suman más de 1,700 registradas como chilenas y otras 1,000 como brasileñas, pero que en realidad nacieron en esos países, de madres y padres haitianos. Esta nacionalidad se coloca como la segunda entre quienes piden protección, y sólo es superada por Honduras.
Actualmente atraviesa por territorio nacional una caravana que ha partido de Tapachula, Chiapas, y que está integrada por alrededor de 3,000 migrantes del extranjero, en su mayoría personas centroamericanas y haitianas que buscan llegar a la Ciudad de México para regularizar su situación, o bien, avanzar hasta Estados Unidos.
Los trabajos de la Conferencia Ministerial celebrada en Colombia estuvieron liderados por la vicepresidenta y canciller de ese país, Marta Lucía Ramírez, y por el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken. Entre los resultados, las partes crearon el Grupo de Trabajo de Lucha contra el Tráfico de Migrantes y la Trata de Personas; llamaron a construir una visión común de desarrollo, a tener un enfoque integral y una respuesta global; a atender la crisis desde un enfoque solidario, y a elaborar un censo migratorio con ayuda internacional para elaborar políticas públicas, entre otros.
México reiteró su enfoque de atender las causas estructurales de la migración desde una visión de responsabilidad compartida, enfatizó fortalecer los programas de cooperación para el desarrollo y consolidar los mecanismos con organismos multilaterales, sector privado y sociedad civil, y refrendó la importancia del diálogo y la pluralidad como herramientas diplomáticas para alcanzar objetivos regionales comunes.
Finalmente, a la par de los problemas prepandemia sin resolver, los estragos por la COVID-19 y las crisis recurrentes a nivel político, social y económico, cabe observar que nuevos fenómenos como el cambio climático empujarán a otros grupos y personas a abandonar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida. Frente a esto, tanto los Gobiernos como los parlamentos jugarán un papel fundamental en las tareas pendientes y los retos futuros.
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