La actividad humana es la principal responsable de una cada vez mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI); cada año se liberan a la atmósfera miles de millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), principalmente como resultado de la combustión de carbón, petróleo y gas para la producción de energía, un insumo clave para el desarrollo y el bienestar social. Sin embargo, ello está acelerando el calentamiento global.
Un reporte de la Organización Meteorológica Mundial, publicado en enero de 2021, menciona que la década de 2011 a 2020 fue la más cálida registrada, lo que muestra una tendencia clara de cambio climático a largo plazo. Asimismo, señala que la temperatura global promedio en 2020 fue de aproximadamente 14.9 °C, al menos 1.2 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900) y cerca de lo que la ciencia advierte que sería “un riesgo catastrófico”.
Ante ese panorama, el Acuerdo de París, en vigor desde el 4 de noviembre de 2016, reúne a 197 países en torno al combate al cambio climático. De esa manera, las naciones se comprometieron a adoptar medidas urgentes para encaminar al mundo hacia el desarrollo sostenible e impedir que el calentamiento mundial rebase los 2 °C, incluso aumentar los esfuerzos para limitarlo aún más, a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales.
Durante el 2020, los países presentaron sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que constituyen los planes de acción y compromisos específicos para la reducción de las emisiones de GEI. Por ejemplo, México, que suscribió el Acuerdo en abril de 2016, ofreció reducir el 22 por ciento de los GEI para 2030, y que las emisiones netas alcanzarán su punto más alto en 2026.
Sin embargo, alcanzar los objetivos previstos en el Acuerdo de París implica que todos los países reduzcan las emisiones mundiales para 2030 en un 45 por ciento respecto de los niveles de 2010. En preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2021 en Glasgow, Reino Unido, las naciones están obligadas, en virtud del Acuerdo de París, a reforzar el compromiso sobre sus NDC, por lo que sus planes de acción deben demostrar una verdadera ambición de alcanzar la neutralidad en carbono y así mantener viva la posibilidad de limitar la temperatura mundial. Por ello, la atención estará puesta particularmente sobre los diez mayores emisores de GEI, que son responsables del 60 por ciento del total, entre los que se cuentan China, Estados Unidos, India, Rusia e Indonesia.
En un contexto de recuperación económica tras la pandemia, el repunte en el crecimiento de la productividad viene aparejado del incremento en la demanda de energía de al menos un cuatro por ciento por encima de los niveles prepandemia. Esto ha provocado una escasez generalizada de los energéticos, lo que en consecuencia se ha traducido en el encarecimiento de los precios, principalmente del carbón y del gas natural.
Lo anterior tiene que ver también con un incremento en el consumo de gas natural en la última década, debido a los esfuerzos en distintas partes del mundo por abandonar el carbón como combustible, especialmente para la generación de electricidad. Sin embargo, a pesar de los avances logrados por las energías renovables y la movilidad eléctrica, actualmente el mundo experimenta un mayor uso de carbón y petróleo, pues la energía es insuficiente para suplir la demanda que se está acrecentando y que, en buena medida, da sostén a la recuperación económica.
Por consiguiente, el 2021 experimenta el segundo mayor incremento anual de emisiones de CO2 de la historia, pues se espera que asciendan en 1200 millones de toneladas, eliminando la reducción que se observó durante la pandemia. La necesidad de más electricidad y del uso de carbón es responsable de casi el 30 por ciento de este aumento.
De acuerdo con el World Energy Outlook 2021, publicado por la Agencia Internacional de Energía durante el mes de octubre, alcanzar cero emisiones netas para 2050 requeriría triplicar las inversiones en proyectos e infraestructura de energía limpia durante la próxima década, el 70 por ciento de las cuales se debe realizar en economías emergentes y en desarrollo. Si bien las expectativas de la COP26 son altas, un desafío importante es el financiamiento para la implementación de los planes de acción.
En este contexto, la transición energética resulta ser una oportunidad de desarrollo para países como México, ya que promete convertir a las energías verdes en el mayor potencial de inversión a escala global en áreas como infraestructura, a fin de alcanzar la neutralidad de carbono en el futuro y con ello limitar el calentamiento global. No obstante, las transiciones de las naciones deben ser seguras, asequibles y justas para toda la ciudadanía.
Si los gobiernos no se aseguran de que estos elementos clave estén en el centro de la formulación de políticas para la transformación de los sectores energéticos, entonces corren el riesgo de fracasar. Por tanto, en el Senado de la República seguirá siendo una prioridad el trabajo legislativo enfocado en identificar alternativas que lleven a México hacia una transición más eficiente, responsable y sostenible.
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