El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó este martes una serie de documentos trasladando las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración y seguridad fronteriza a políticas.

La acción provoca un mayor cambio en las agencias encargadas de aplicar las leyes de inmigración nacionales.

Durante la administración de Barack Obama, los inmigrantes indocumentados convictos por una serie de crímenes serios eran la prioridad en las deportaciones. Ahora, los agentes de inmigración, los patrulleros fronterizos y los oficiales de aduanas tienen la instrucción de expulsar a todas las personas que hayan sido condenadas por cualquier ofensa criminal, sin importar la gravedad de la misma.

Esto incluye a las personas convictas por fraude en cualquier asunto oficial ante una agencia gubernamental y personas que “han abusado de cualquier programa relacionado a recibo de beneficios públicos”.

Algunas de las propuestas de las nuevas políticas tardarán cierto tiempo en ser aplicadas, enfatizaron algunos de los agentes del departamento que pidieron permanecer bajo el anonimato.

Los agentes se refirieron particularmente a la orden de expulsar a inmigrantes provenientes de Centroamérica a México y ya no a sus países de origen como se hacía anteriormente, mientras esperan sus audiencias.

La acción se implementará solo en algunos casos y después de discutirlo con el gobierno mexicano, que tendría que estar de acuerdo en aceptar a los inmigrantes.

Los oficiales también afirmaron que las directrices no cambiarán nada en el programa conocido como DACA, que provee de permisos laborales y protección de deportaciones para los jóvenes conocidos como “dreamers”.