En mayo del 2021 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó un estudio titulado “Hablemos de la deuda”, elaborado fundamentalmente con datos de la Secretaría de Hacienda y el INEGI, el cual documenta los niveles de endeudamiento que presentan los estados y municipios del país, arrojando datos que a cualquier mortal, habitante de las entidades federativas más endeudadas, nos impresionan.
Resalta el alto nivel de endeudamiento que algunos ayuntamientos tienen, lo que no debe asustar en el caso de municipios con suficiente actividad económica, no así con los que tienen menor población y actividades económicas menos redituables.
Lo que sí nos debe asustar y exigir que se componga, es la falta de transparencia en el manejo de la deuda pública y la discrecionalidad con la que aparentemente se maneja. La deuda se convierte en problema cuando gran parte de los ingresos que se obtienen por esa vía son con vencimientos de corto plazo y se destinan generalmente al gasto corriente, contraviniendo lo dispuesto en la legislación correspondiente.
Si bien existen controles sobre la deuda de Estados y municipios, como el Registro Único y el Sistema de alertas que maneja la Secretaría de Hacienda, así como la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios, estos instrumentos resultan inútiles ante la falta de un seguimiento al uso de la deuda contraída y la opacidad con que las entidades y municipios ejercen estos recursos. Los Congresos estatales, son usualmente complacientes con el poder ejecutivo estatal, cuando somete a su consideración la posibilidad de endeudarse, pero además de la complacencia, también son omisos, o remisos, en la supervisión de que los recursos que autoriza sean bien utilizados.
Según el estudio citado, las entidades con mayor nivel de endeudamiento son: Ciudad de México con 87,736 millones de pesos, Nuevo León con 85,229, Chihuahua 50,790, Estado de México 52,448, Veracruz 45,707, Jalisco 35,615, Sonora 29,271, Quintana Roo 23.669, Michoacán 21,020, y Chiapas con 20,694. En estas cifras van incluidas las deudas de sus ayuntamientos.
Los 10 municipios más endeudados del país al cierre de 2020: Tijuana Baja California 2,605.9 millones, Monterrey Nuevo León 1,968.5, Hermosillo Sonora 1,815.3, Guadalajara Jalisco 1,652.4, León Guanajuato 1,076.1, Nogales Sonora 990.5, Benito Juárez Quintana Roo 971.0, Zapopan Jalisco 964.7, San Nicolás de los Garza Nuevo León 961.0, Mexicali Baja California 934.9.
Como se puede apreciar, son los municipios con mayor urbanización y población los que registran los más altos niveles, en total, 50 municipios con más de 800 mil habitantes contrataron el 58% de la deuda mientras que 570 con poblaciones promedio de 65 mil habitantes contrataron el resto y 1,821 municipios no contrataron ninguna deuda o no la reportaron.
En esta danza de cifras, cabe preguntarse qué fue lo que se hizo con ese dinero, ¿por qué la población sigue manifestando carencias en los servicios públicos y falta de infraestructura?, ¿por qué persiste la sospecha de que ese dinero fue desviado?
Es precisamente por la falta de transparencia. Porque no hay información puntual de hacia donde fue cada peso y si el objetivo para el cual fue solicitado se logró o su grado de avance.
Alguien tiene que explicar y transparentar porqué en Jalisco la deuda creció, en un año 33.8% contratando deuda por 8,995 millones de pesos. El paraguas de la emergencia sanitaria no basta si no se detalla el gasto. Igualmente alguien debe responder en San Luis Potosí por haber crecido en un año su deuda en 1,102 millones, o en Colima por elevar la deuda en un 20.8% con 705 millones. Será el nuevo gobierno de Nuevo León el que investigue o pida explicación del porqué se llegó a que el saldo de la deuda signifique el 81% de los ingresos estimados, y en Sonora porqué la deuda creció en tan solo 18 años de 4,200 millones en 2003 a 29.2 mil millones en 2021, así también los presidentes municipales que arrastran deudas importantes como Guadalajara, Zapopan, Hermosillo, Nogales o Tijuana.
Los mecanismos e instituciones existentes para garantizar el buen uso y la racionalidad de la deuda, han resultado meros registradores, sin utilizar o generar medios de control y seguimiento.
De nada sirve que la autoridad hacendaria registre los créditos y lance alertas sobre el nivel de endeudamiento, si la verdadera función debiera ser que se vigile que los créditos contratados se utilicen en el fin para el que fueron solicitados y que no se estén destinando al gasto corriente o desviando a actividades partidistas.
Dejar esa función en manos de los congresos estatales resulta ocioso pues no cuentan con la capacidad para hacerlo y en muchas ocasiones, ni con la voluntad política, sea por conveniencia o por mediatización, de dar un seguimiento aunque fuera superficial, al ejercicio de los recursos. Tanto autoridades hacendarias como los congresos estatales son virtuales cómplices de los desvíos, supuestos o reales, que pudiera haber, pues no solamente solapan el endeudamiento creciente sino que también al no generar los mecanismos de transparencia e información al público y a las instituciones sobre el fin de los recursos obtenidos, pecan de omisión e irresponsabilidad. El nivel de endeudamiento de la mayoría de las entidades resulta hasta ahora manejable y no es un peligro para las finanzas, pero sí lo son, para la sociedad, la opacidad, la discrecionalidad, y la irresponsabilidad de quienes debiendo vigilar son omisos y complacientes.
