Probablemente hasta el día en que se publica esta columna, no se haya resuelto por completo el misterio del desmonte en la zona de Juriquilla que fue denunciado por ciudadanos oportunamente desde el pasado jueves a distintas autoridades tanto federales, como estatales y municipales.
La denuncia y la alerta que estuvieron interponiendo y subiendo a redes sociales los ambientalistas en Querétaro, que después fue retomada por el hoy conocido periodista Julio Astillero, mediante un Twitter, ha tenido una amplia difusión en el país, con más de 20 mil vistas, razón por la cual no puede pasar desapercibido el hecho de la acción iniciada por desconocidos del desmonte, por llamarlo así suavemente.
Todos se preguntarán si efectivamente es cierto éste hecho, y no una falsa noticia, pero al respecto, hay fotos y videos recientes de estos días tomados y subidos a redes que dan Fe de esos hechos. Y ello, me remonta a las clases que impartí en la materia de criminalística ambiental, en las cuales preguntaba a los alumnos ¿Cuál es la verdad jurídica? Pues bien, por una parte, podemos tener hechos con distintas interpretaciones, que nos llevarían a la duda razonable de que se trata de un posible acto ilegal, como ahora se presume del desmonte denunciado. Pero un hecho no necesariamente es una evidencia de una conducta transgresora, así las cosas, y por ello, resulta un misterio, pues no se ha dado a conocer la opinión de las diversas autoridades ambientales, salvo por el compacto o mínimo pronunciamiento de la Delegación de la Profepa en el estado mediante un Twitter, de donde podemos deducir sólo dos cosas: que ya tiene conocimiento de la denuncia ciudadana y que ya visitó el predio denunciado; pero quedo en el misterio si se presume de un acto ilegal y de ser así, ¿qué medidas preventivas o de control dictó?.
Por otra parte, como es bien sabido y de no ser así, déjeme decirles que hay un marco regulatorio obligatorio consistente en una Norma Estatal Técnica para cumplirse en el caso de querer llevar a cabo un desmonte, como del que se trata, por ende, quienes son los autores materiales e intelectuales del desmonte, deberían contar con una autorización ambiental municipal de manejo de vegetación, ya sea para podar, trasplantar o derribar o simplemente limpiar un predio, sea cual fuere la acción debe intermediar una autorización que implica el conocimiento y valoración de la autoridad que emitirá su resolución, y que hasta el momento, por eso el misterio, no se conoce si se solicitó, si se autorizó o se negó.
Y continuando con lo que explicaba a mis alumnos, tenemos que un hecho puede convertirse en una evidencia, si y siempre si, cuando tal hecho se demuestra como cierto, objetivo y comprobable, pero ello no equivale a ser una prueba como tal, porque habría que demostrar que tal evidencia prueba un acto o conducta ilegal encuadrado o prevista en una disposición legal que lo tipifique como tal, como un delito o una infracción.
Entonces, mientras continuará el misterio, que tiene en pausa a más de 20 mil personas que conocieron la denuncia del desmonte. Y se puede pensar que no hay razón para dar a conocer los detalles por parte de la autoridad, pero también es cierto, que las autoridades competentes, deben ejercer la transparencia de sus actos y máxime cuando no una, ni dos, sino más 20 mil personas saben de los hechos y esperan una respuesta por la autoridad. Pero, justo por ser parte de sus atribuciones de la Procuraduría Ambiental del Estado, la investigación y, además de gozar de un buen prestigio por su oportunidad, objetividad y ejercicio de la justicia ambiental, ahora se sabe que al menos no hay autorización de la Semarnat, si consideramos que se trata de terrenos forestales, ni tampoco autorización del Municipio Capital por la remoción de vegetación, con lo que avanzamos en dilucidar la certeza jurídica del desmonte de Juriquilla.
Y el día de ayer lunes, no se hizo esperar la actuación de la Procuraduría Ambiental del Estado junto con la fuerza pública municipal y estatal, que llevo a cabo la suspensión de las acciones de desmonte por no acreditar que se tiene autorización. Por su parte la Profepa, también ese mismo día acudió al sitio y colocó el letrero de clausura. Ambas, suspensión y clausura, se ejecutaron como parte de las medidas precautorias para detener los actos denunciados.
En Querétaro, la cuestión ambiental y en particular la justicia ambiental, es una prioridad y sobre todo, si se busca que se observe la legalidad de cada uno de los actos, por ello mismo, en la reciente publicación de la Universidad de las Américas sobre el Índice de Impunidad Ambiental, Querétaro puntea en los primeros 5 lugares con menor impunidad.
Por todo ello, aún no conocemos por completo la “verdad jurídica” del desmonte, es decir, si se determina o no que se trata de un delito y/o infracción ambiental, así como cuál es la causa, quienes son los responsables y, de tratarse de un acto ilícito, cuál sería la sanción y la medida de reparación del daño ambiental.
Mientras habrá un cierto suspenso, en espera que las autoridades competentes ambientales lo aclaren a los más de 20 mil ciudadanos y, vecinos de Juriquilla, por el bien de todos y el derecho al acceso de la justicia ambiental.
