El titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, declaró este lunes que continúan las investigaciones en contra de las mujeres que participaron en la vandalización de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, el pasado 8 de marzo.
El funcionario relató que se llevó a cabo este lunes una audiencia en presencia de la Fiscalía General y el área de defensores y jueces; donde se determinaría si existe o no responsabilidad de parte de las manifestantes.
“Sin embargo, la Fiscalía sufrió un agravio muy fuerte y considerable desde el punto de vista en su patrimonio; y por supuesto que también existió un agravio a la sociedad, diría yo, en razón de que la propia sociedad fue la que resultó afectada derivada de esta situación”, comentó.
Por ello, Echeverría Cornejo recordó que desde la Fiscalía General se interpuso solamente una denuncia; y los daños, dijo, están cuantificados en el expediente; ello, a pesar de que el propio gobernador Francisco Domínguez Servién hiciera el llamado a las autoridades de desistir de las denuncias contra las feministas.
Estas declaraciones provocaron una movilización de un grupo de mujeres del colectivo Feminismos en Querétaro, quienes lamentaron la postura del Fiscal; y convocaron a una manifestación para el 28 de septiembre, y a reunirse en la explanada de la Alameda Hidalgo los días lunes, miércoles y viernes.
“Hemos estado tratando de estar tranquilas sabiendo que nuestra lucha y exigencias son legítimas, sin embargo no se nos ha permitido estarlo, al contrario las intimidaciones y persecución política sigue, la vivimos y vamos a manifestarlo”, señalaron mediante un comunicado.
Denunciaron que las autoridades han ejercido presión, intimidación y hostigamiento para aceptar un procedimiento abreviado, en el que entre otras cosas se les exige reconocer su culpabilidad, sin antes ser vencidas y escuchadas en juicio.
Las feministas recordaron que a partir del mes de junio se llevó a cabo el cumplimiento de varias órdenes de aprehensión en contra de al menos siete mujeres; proceso en el que han argumentado se violaron los derechos humanos de las detenidas.
“Llevaron a cabo las detenciones de manera arbitraria y violentando diversos derechos procesales, citándonos con engaños, sin decirnos el por qué de nuestra detención, ni decirnos a donde seriamos trasladadas, siendo incomunicadas, violando nuestros derechos establecidos”.
