Es innegable que la voluntad presidencial no cejará para continuar y ampliar el esquema de ayudas directas que es el eje principal de la política asistencial y clientelar que ha implementado; las requiere para la continuidad de su proyecto electoral y la continuidad del régimen, pero para ello necesita de mayor liquidez en las arcas públicas y por lo visto y no reconocido, el flujo parece llegar al límite.
Las empresas productivas del Estado, CFE y PEMEX, cada vez aportan menos y cuestan más, las pérdidas anuales son recurrentes y la política de mantener los precios de sus productos sin crecimiento, así como el alto nivel de endeudamiento que presentan obliga a transferir recursos fiscales en altas proporciones.
Con la actividad económica retraída, los ingresos fiscales disminuyen y el servicio de la deuda crece con las presiones inflacionarias y las alzas de tasas de interés previsibles. Por ello, el presidente intenta una vez más, echar mano de las reservas del Banco de México para la amortización de deuda externa, lo que se le ha negado porque la ley así lo establece y porque la lógica dice que la ruta que sigue es hacia la vulnerabilidad y precariedad de las finanzas nacionales.
A la fecha se han tomado los recursos de los fideicomisos, de los fondos de reserva para desastres naturales y los de contingencia económica, además los programas de austeridad y combate a la corrupción no arrojaron los excedentes que se pensó. Por ello, al presidente le urgen recursos frescos para poder sostener sus programas sociales y seguir apuntalando a las ineficientes empresas productivas del estado y ha puesto los ojos en los derechos especiales de giro que el FMI autorizó por poco más de 12 mil millones de dólares.
Se ha dicho que esos recursos serían para pagar deuda externa, y eso siendo plausible produce además corrientes de opinión favorables, sin embargo no se dice lo que vendría aparejado. Desde 2019 las autoridades hacendarias han hecho esfuerzos por complacer las peticiones presidenciales dotando del flujo de efectivo, a sus programas sociales y para eso, además de intentar mejorar la recaudación fiscal, era necesario quitar presión a la deuda equivalente hasta 2018 al 8.1 del PIB. Por ello, entre otras acciones similares, en enero de 2020, se emitieron bonos por 1,750 millones de Euros, 1250 con vencimiento a 2030 y 500 millones a vencer en 2039, con los recursos captados se recompraron bonos que vencían en 2020 y 2021, es decir, sirvieron para patear la deuda a 10 y 20 años, aunque hay que decirlo, con una tasa de interés menor a la que tenían los anteriores bonos. Mecanismos similares se han seguido para postergar las obligaciones de corto plazo, con lo que se logra una mejor disposición de flujo para los programas y obras gubernamentales.
Ahora se dice que estos 12 mil millones que el FMI puso a disposición de México tendrían el mismo uso, sin embargo la situación es diferente. Los DEG no son una moneda, sino un instrumento que puede canjearse por monedas de libre circulación de los países miembros, que opera como un activo de reserva porque los países se comprometen a mantenerlo e intercambiarlo por monedas de sólidas de otros países, lo que en lenguaje llano quiere decir que si quiere traducir en dinero esos derechos especiales de giro tendría que comprarlos y para ello disponer de recursos que no tiene, o recurrir al crecimiento de la deuda interna, emitiendo más bonos gubernamentales, es decir cambiaria deuda externa por interna, lo que nulifica la ventaja, que obtendría si tuviera acceso a la utilización de esos fondos. En esa circunstancia, decir que es ventajoso para el país es solamente retórica populista. Para el gobierno es necesario tener acceso a recursos frescos para lograr las metas que se han propuesto de operar sin déficit primario y sin aumentar los impuestos, porque la realidad ya los está alcanzando pero no son los DEG la solución. Mantener artificialmente el precio de la gasolina, del gas, de la energía eléctrica y cubrir los gastos excedentes, que los hay, en las obras señeras del sexenio, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el transoceánico, el aeropuerto de Santa Lucía, exprimen las arcas del gobierno y mantener sin déficit la operación implicará necesariamente un mayor ajuste del gasto gubernamental en temas que ya no resisten más estrecheces, como la compra de medicinas y los servicios gubernamentales.
Alarma que la operación política electoral se imponga a la buena administración. La lógica nos dice que el crecimiento poblacional rebasará las posibilidades de continuar con esa política paternalista y asistencial pues no hay proporción entre el crecimiento demográfico y el ingreso del gobierno, mucho menos si este ingreso habrá de depender de las depauperadas empresas productivas del Estado y de una mayor intervención de éste en el ámbito productivo desplazando al capital privado.
Ayudar a los pobres es bueno, es lo que se está haciendo, exprimiendo la hacienda pública, sacarlos de la pobreza es mejor y eso no está sucediendo. Hacer discursos y decir lo que la gente quiere escuchar es bueno para la causa política, pero administrar eficientemente, con racionalidad y sentido común es mejor.
