Por una #SociedadHorizontal
Una de las noticias mas trascendentes de la historia reciente es sin duda alguna la denuncia realizada por parte del gobierno mexicano, en contra de diversas empresas de armas en los Estados Unidos. En palabras del canciller Marcelo Ebrard, se presentó la queja contra fabricantes y proveedores estadounidenses, quienes inundan a propósito el mercado mexicano con armamento, mismo que al final es utilizado por parte de los cárteles criminales en territorio nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha afirmado que anualmente ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo. El cruce ilegal de pistolas, fusiles de asalto y ametralladoras, se realiza principalmente de manera “hormiga” en compartimentos secretos de automóviles y camiones de carga. Al día entran un promedio de 567 armas, lo que significa unas 22 cada hora. El Departamento de Justicia descubrió que el 70% de las armas de fuego que fueron rastreadas en México entre 2014 y 2018 se originaron en Estados Unidos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), publicó que cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen precisamente con armas de fuego, la mayoría de las cuales provienen de nuestro vecino del norte.
La acción legal contra 10 empresas de armas, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, consiste en la acusación por parte del gobierno de México contra los fabricantes de armas por “facilitar activamente” el flujo de armas que ha bañado de sangre a nuestro país a lo largo de las últimas décadas. En conferencia de prensa, Ebrard fue enfático al subrayar que éstas armas “están íntimamente vinculadas a la violencia que México vive hoy”.
Aún cuando este es un problema que lleva décadas, esta es la primera vez que las autoridades mexicanas pasan de las declaraciones a ejercer acciones específicas. Como parte de la argumentación, está el hecho de que los fabricantes de armas aprovecharon el fin de la prohibición ocurrida en Estados Unidos en 2004, “para aumentar enormemente la producción”. Dicho incremento esta directamente correlacionado con el aumento de las tasas de asesinatos que desde entonces se vive en suelo mexicano.
El trasiego de armas ocurre sin problema alguno, principalmente por la corrupción de funcionarios en el sistema aduanal, pero también por las amenazas que realizan las bandas de la delincuencia organizada. Las rutas de tráfico de armas suelen ser las mismas para el trasiego de drogas, dinero y personas, donde la participación de ciudadanos estadounidenses es crucial.
Cabe recordar que según fuentes oficiales, el mayor tráfico ocurre en la frontera entre Tamaulipas y Texas, donde las ciudades de mayor trasiego son Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Los cargamentos incluyen regularmente fusiles semiautomáticos, pistolas y balas, pero también se han confiscado cohetes antitanque, bazucas, granadas de alto calibre e incluso misiles tierra-aire aptos para derribar aeronaves.
Aún cuando hay que reconocer que esta demanda estará “cuesta arriba” en el entramado judicial estadounidense, debemos celebrar que puede ser un útil instrumento diplomático para modificar la discusión frente al gobierno de Biden. Entre otras cosas, acordar que internamente haya una mayor persecusión a los “vendedores hormiga” que introducen las armas a México. Sin embargo, es evidente que nuestro país requiere fortalecer sus propias instituciones para disminuir la capacidad de fuego de los cárteles del crimen organizado.
Una denuncia internacional no será suficiente. Es prioritario limpiar la corrupción que impera en las aduanas. A la par se deben fortalecer las capacidades de las autoridades y policías locales, con el fin de evitar el amedrentamiento que hacen los delincuentes a los funcionarios mexicanos.
Hay que aplaudir la acción anunciada por Ebrard, sin embargo hay que ir mucho más allá. Un nuevo espacio de diálogo con el gobierno estadounidense derivado de esta acción, deberá ir acompañado de mecanismos mucho más eficientes para cuidar y fortalecer nuestras fronteras. La #SociedadHorizontal tiene la oportunidad de impulsar acciones coordinadas con organizaciones de la sociedad civil del otro lado de la frontera, para empujar una agenda común y desincentivar la venta de armas de asalto.
