Federico Arreola
Hace poco más de tres años el Uber chino hizo su aparición entre nosotros. La empresa lo presume en su página de internet: “En abril de 2018 llegamos a México, con un gran objetivo: Transformar la movilidad. Hoy tenemos operaciones en 33 ciudades del país con nuestros productos: DiDi Express, DiDi Taxi, DiDi Comparte, DiDi Food, DiDi Economy, DiDi Entrega y DiDi Protect”.
DiDi ha crecido, y qué bueno, pero…
Recientemente el gobierno de China removió la aplicación de DiDi de las tiendas de descargas de apps. Lo hizo justo unos días después de que tal compañía saliera a bolsa en Estados Unidos. Esto nos demuestra el nivel de control que el poder político chino tiene sobre las operaciones de DiDi y la información que genera y acumula.
Me llamó la atención que el tabloide Global Times, que apoya al partido comunista chino, publicara en su editorial que “un gigante de internet no puede tener mejor control que el gobierno sobre la información personal de los habitantes de China”.
El gobierno chino publicó recientemente regulaciones que le permiten utilizar la información recolectada por las empresas que son consideradas de “infraestructura crítica”, incluyendo a DiDi, por motivos de seguridad nacional y propósitos económicos.
¿Debe México permitir que China controle la información de DiDi recolecta en nuestro país?
La información captada por DiDi es de importancia nacional para China… Cómo no lo va a ser. Esta información indicaría patrones sobre el movimiento de las personas y el tráfico en áreas que puedan relacionarse con secretos de Estado, al igual que el tipo y volumen de tráfico en las diversas vías de comunicación.
Hasta donde yo sé, DiDi no ha brindado detalles sobre sus mecanismos para proteger la información personal de sus clientes en México ante algún requerimiento gubernamental de su país de origen. De hecho, siempre dice que atenderá cabalmente los requerimientos de la Agencia del Ciberespacio de China.
Una empresa global seria, con operaciones en México, debe explicar cómo protegerá la información personal de sus clientes ante requerimientos que impliquen la transferencia de datos fuera de nuestro país, o bien, al compartir información con instancias gubernamentales que nos resultan ajenas.
Considerando el control que China ejerce sobre la actividad comercial de las empresas, así como las leyes de seguridad nacional que dan a su gobierno un amplio acceso a los datos en posesión de las compañías chinas, creo que la 4T y los grupos parlamentarios de Morena deberían levantar las antenas y hacer algo al respecto.
¿No le parece a AMLO que en lo anterior hay una posible intromisión absolutamente inaceptable de una potencia extranjera en asuntos que ponen en riesgo la seguridad de la nación mexicana?
El presidente López Obrador se ve muy bien cuando defiende a México de las tentaciones intervencionistas de Estados Unidos. La ideología —hay en Morena quienes suponen que China tiene un gobierno socialista— no debe paralizar a Andrés Manuel en el tema de DiDi. Es más grave, para nosotros, que los chinos controlen la información que tal empresa recolecta en las calles mexicanas que el patrocinio de agencias de EEUU a una organización no del todo peligrosa como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Ojalá la 4T entienda que es cosa seria que el gobierno de China posea la autoridad absoluta de exigir a DiDi que le entregue cualquier información sobre usuarios o conductores de la plataforma y de los viajes que se encuentre almacenada en servidores chinos, o que son accesibles a empleados basados en ese país.
DiDi está obligada a proveer la información que solicite la policía, seguridad nacional y los servicios de inteligencia chinos. Esto no es bueno para México.
Por lo menos la 4T debería plantearse dos preguntas: (i) ¿qué sucede con la información que DiDi recoge fuera de China? Y (ii) ¿qué hace DiDi con las solicitudes de información del gobierno chino en relación con los datos personales mexicanos?
A partir de tales cuestionamientos, que no serán los únicos, deberían el gobierno de AMLO, las cámaras legislativas y la corte suprema buscar fórmulas para impedir que DiDi se convierta en un problema de seguridad nacional para México.
