Uno de los países sudamericanos que durante varias décadas fue visto como ejemplo de estabilidad política y económica fue Chile. En términos políticos, aunque también hubo estabilidad, no fue democrática, con la llegada al poder del general Augusto Pinochet por medio de un golpe de Estado en 1973. A ello se sumó la proclamación de la actual Constitución de 1980, siempre bajo la misma dictadura.
Esta Carta Fundamental garantiza una cuota importante de poder a los militares, bajo cualquier coyuntura o alternancia política, de derecha o de izquierda, además de que establece un sistema económico ultraliberal, sin contemplar derechos sociales. En Chile, el liberalismo económico fue impuesto por la cúpula castrense. Ese modelo generaba riqueza para unas cuantas personas, pero no la distribuía entre la mayoría.
La estabilidad macroeconómica de que ha gozado aquella nación también por mucho tiempo ocultó una realidad social preocupante, producto de la insatisfacción y la injusticia sociales que se fueron acumulando a lo largo de esos años en que ha funcionado el modelo económico ultraliberal y mercantilista establecido en la Constitución de 1980.
Incluso con la referida reinstauración democrática, el modelo económico tampoco varió y se siguió aplicando, hasta que el 18 de octubre de 2019 inició un periodo de manifestaciones y protestas sociales, desencadenado por el aumento del pasaje del metro en la capital Santiago y otras ciudades.
La insatisfacción social expresada en múltiples protestas derivó posteriormente en la realización del plebiscito del 25 de octubre de 2020, para la elaboración de una nueva constitución, redactada por medio de una Convención Constitucional. Ambas propuestas fueron apoyadas por la mayoría de las y los chilenos (con el 78.9 % por el sí).
La Convención estará compuesta por 155 delegadas y delegados o convencionales constituyentes, y en tal sentido, el 15 y el 16 de mayo de 2021 se llevaron a cabo los comicios para su elección. Las candidaturas independientes lograron 48 escaños (un tercio de los puestos); las dos grandes listas de la izquierda —Apruebo Dignidad y Lista Apruebo— obtuvieron 28 y 25 espacios, respectivamente; mientras que los grupos indígenas ocuparán 17 asientos. Las derechas chilenas, apoyadas por el presidente Piñera y que iban juntas en una sola lista electoral (Vamos Chile), alcanzaron 37 lugares.
Estos resultados tienen varios significados. Uno de ellos es que existe una crisis de representación en el país andino, pues quedó de manifiesto una mayor confianza hacia un buen número de aspirantes independientes que formarán parte de la Convención Constitucional. Está por verse, con el desarrollo de los trabajos, si serán independientes de los intereses del pueblo o de los intereses del poder. Asimismo, el desafío que enfrentará la Convención será no desentenderse de la gente, de sus demandas y de sus aspiraciones.
Los resultados de esta elección significan también que el resto de los temas que interesan al pueblo chileno deben ser procesados e integrados en la nueva constitución. Aquí hablamos del nuevo modelo de desarrollo; de la plurinacionalidad del Estado; de la descentralización regional; de mayores espacios de representación para las mujeres indígenas en los ámbitos de decisión, y de la discusión del tipo de régimen político que tendrá el país en la nueva carta fundamental (parlamentario, semipresidencial o presidencial), entre otros.
Chile ha sido un ejemplo de que la democracia puede ser, en parte, secuestrada por intereses de grupo que buscan perpetuar sus privilegios y prebendas a costa de la voluntad de la mayoría. La elaboración de una nueva constitución es una esperanza alentadora y un primer paso en la reconciliación del pueblo chileno con la democracia y sus representantes; sin embargo, la construcción democrática nunca es simple, aunque debe ser permanente.
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