En México estamos viviendo una gran paradoja. Cada acto de gobierno encierra una, el propio gobierno se ha vuelto una paradoja de sí mismo. El titular del poder ejecutivo, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, que afirmó que todo por la razón y el derecho, ahora afirma que ante la ley primero la justicia, su muy particular concepto de lo justo.
Un gobierno que se ostenta como demócrata se empeña en acosar a las instituciones democráticas que aplican la ley y que no se pliegan a sus decisiones políticas, que utiliza la acepción abstracta de pueblo para referirse al tercio de votantes que lo eligió ignorando al resto, que opina que sean las encuestas y no la ley las que orienten las decisiones de los tribunales, simplemente no es gobierno, es un partidario.
La gran paradoja de este gobierno, es que se reputa como demócrata sin serlo, como incorruptible pero corrupto, como austero pero despilfarrador, como defensor de los pobres pero destructor del sistema diseñado para servirles, preocupado por los vulnerables pero desarticulador de los institutos y organismos que los asisten.
Puntualicemos; para este gobierno hay democracia si las instituciones favorecen a sus designios, poco importa que el INE haya validado la conducta correcta de trece de los candidatos de su partido a gubernaturas estatales, si otros dos, por violar dolosamente la ley evitaron informar el origen del financiamiento de sus campañas y fueron sancionados.
La actuación del INE, que supervisó y validó las precampañas no solo de los aspirantes a gubernaturas sino de todos los participantes en la más grande jornada electoral, merece ser descalificada y satanizada, solo por aplicar estrictamente la ley a dos de sus preferidos.
Este gobierno se dice incorruptible, pero el 75% de sus compras y asignaciones de obra se han hecho por adjudicación directa y las instituciones para combatir y prevenir la corrupción son ignoradas, dejadas sin presupuesto e inoperantes. La renuencia a entregar información y el ataque constante al Instituto de Acceso a la Información, evidencian su falta de transparencia.
Presume austeridad vendiendo aviones y camionetas, reduciendo presupuesto y eliminando organismos y programas, pero despilfarra recursos cancelando obras por las que tiene que pagar onerosas compensaciones, no atiende la enorme fuga que representa la falta de supervisión y deficientes reglas de operación de programas como Sembrando Vida o los dedicados a jóvenes, madres solteras y becas, que son el distintivo de esta administración y han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación. El propio CONEVAL ha reportado enormes fallas tanto en su implementación como en la falta de resultados.
Es incomprensible, o paradójico, para seguir con la línea del título, que la atención a los pobres tenga como ruta principal la donación de dinero, mientras se cancelan las vías para el ascenso social y la disminución de la desigualdad por el esfuerzo productivo. La pobreza solo puede ser combatida con el crecimiento, con la generación de riqueza para ser distribuida por las dos únicas vías factibles, el gobierno y el mercado. Lo incomprensible es que la política asistencial derive en una utilización política clasista y maniquea en la que ser pobre es sinónimo de justo y ser rico de todo lo contrario.
La paradoja del régimen es que no es tal. Es la voluntad de un solo hombre imponiendo sus convicciones, con la utilización perversa de las herramientas del poder. Nadie que se oponga a sus designios escapa del escrutinio de sus armas preferidas. El SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la “autónoma” Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Función Pública, son la nueva inquisición.
Una esperanza ha dado el poder judicial la semana anterior con sus fallos apegados a la ley en el tema electoral, pero una golondrina no hace verano y pudo haber sido solamente una muestra de independencia para legitimar futuras decisiones. Recordemos que todas las reformas impulsadas que han sido aprobadas por el poder legislativo, “sin cambiarles ni una coma”, aún se encuentran sin resolver en la máxima instancia. La colonización del poder judicial sigue su curso y falta aún ver si realmente se evitará que en la Corte mande un presidente “carnal” a modo.
El gobierno se ahoga en sus propias contradicciones y paradójicamente, ha sido un miembro distinguido del partido en el poder, Porfirio Muñoz Ledo, el que se ha encargado de señalarlas. Y tenía que ser él, uno de ellos, ahora marginado por su partido, el que evidenciara la arrogante soberbia del presidente y su partido para los cuales, no existe ley ni tribunales justos si no se pliegan a sus deseos.
