Por una #SociedadHorizontal
Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado viernes 26 de marzo una iniciativa de reforma que en su exposición de motivos plantea “fortalecer el papel del gobierno en la distribución y procesamiento de hidrocarburos”. La propuesta presentada en la Cámara de Diputados considera “inadecuado” dejar la protección de la “distribución, procesamiento y exportación” de distintos hidrocarburos “en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, seguridad energética o la economía nacional”. Adicionalmente, faculta a la Secretaría de Energía a dar por terminados los permisos otrogados a empresas privadas, cuando se prevea peligro a los objetivos que esta nueva ley pretende tutelar.
Llama la atención que la presentación ocurra a solo unos días de que el juez Juan Pablo Gomez, decretara la suspensión temporal a la reforma a la ley de la industria eléctrica decretada recientemente por parte del gobierno. Dado que el espíritu de la nueva propuesta es el mismo que el que tiene la ley publicada recientemente por el titular del Poder Ejecutivo, extraña que se haya seguido exactamente la misma ruta legislativa y no se haya presentado una reforma constitucional en la materia. Esta decisión genera varios cuestionamientos: ¿Realmente quiere el Presidente modificar el marco regulatorio en materia energética?
La producción nacional de petróleo que llevan a cabo Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas privadas arrancó enero del 2021 con una caída de 4.3 por ciento anual, ya que redujo de 1.72 millones de barriles diarios a 1.64 millones, según los datos actualizados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). La producción de enero fue más baja que el promedio nacional de 2020, cuyo nivel fue de 1.66 millones de barriles diarios. Cabe destacar que el 97 por ciento de los barriles fueron producidos por Pemex Exploración y Producción, mientras que 3 por ciento los generaron las empresas privadas.
La mayor empresa de México, requiere incrementar sus inversiones para revertir un prolongado declive de su producción, que cayó de un promedio de 3.4 millones de barriles en 2004 a 1.6 millones en la actualidad. De una revisión minuciosa de los números, los resultados de Pemex en el 4T-20 se vieron afectados por los daños causados por el Covid-19. La contracción de ingresos responde a la caída en las ventas nacionales debido a menores volúmenes y la caída en precios de venta; así como a una baja en las ventas de exportación por un precio promedio de la mezcla mexicana de crudo 20% menor a la del 4T-19.
La compañía reportó una pérdida de casi 23.000 millones de dólares en 2020, mientras que su deuda total creció 13.9% el año pasado, hasta 113,200 millones de dólares. Pese a que a lo largo del sexenio de AMLO se han inyectado miles de millones de dólares en recursos y estímulos fiscales, con el interés de aliviar las finanzas de la Empresa Productiva del Estado, los malos resultados de la empresa no han tenido cambio alguno. Sirvan estos datos para aclarar que el problema de fondo no ha sido la falta de apoyo -por lo menos en los últimos años- sino la viabilidad del modelo de negocios de Pemex.
En esta materia crecen las preocupaciones ante lo que muchos consideran una grave falta de claridad respecto a la viabilidad del modelo energético -eléctrico y de hidrocarburos- en México. Es un error plantear la discusión como si la producción de la iniciativa privada estuviera en confrontación con la producción de la empresa productiva del Estado. El modelo energético del país debe aprovechar y complementar eficientemente a los dos. Además, no existe contradicción entre la participación privada, la competencia económica y la seguridad energética. Ese es un falso debate.
La #SociedadHorizontal no acepta discusiones ideológicas a raja tabla; ésta se basa en la construcción de acuerdos entre distintos puntos de vista. Esa es la esencia del diálogo que nos permitirá construir un modelo energético para el Siglo XXI.
