En tiempos de simulaciones, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no podría sobrevivir fuera las reglas del juego. Zaldívar hace como que le pone freno al presidente Andrés Manuel López Obrador en su embestida al Poder Judicial, y éste hace como que acatará lo que diga la Ley. Zaldivar le dice que las juezas y jueces pueden manejarse con autonomía e independencia del Ejecutivo, pero tras la espalda de quienes dice representar, se pliega a los deseos de López Obrador. Si el presidente quiere que investiguen a un juez que concedió amparos que suspenden la Ley Eléctrica hasta que haya sentencia, Zaldívar tiende una cortina de humo de soberanía, y le pavimenta el camino para avasallar al Poder Judicial.
López Obrador pidió el lunes por la mañana que el Consejo de la Judicatura, que también encabeza Zaldívar, que investigara a Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de Distrito especializado en competencia económica en radiodifusión y telecomunicaciones, porque según él, es sospechoso que haya actuado con probidad, y en defensa de intereses poíticos y empresariales adversos a su gobierno. Zaldívar dijo horas después que se atendería la queja y, de existir elementos, se procedería a la investigación.
De entrada, Zaldívar aceptó iniciar un proceso a partir de una sospecha, y sobre una persona en lo particular. No puede haber procedimiento alguno en esta materia a partir de especulaciones -el presidente no ha dado prueba alguna-, ni tampoco se centra en la persona, sino en sus acciones y decisiones. Si hay pruebas y se demuestra que su actuar no fue conforme a derecho, entonces se sanciona. Pero el presidente de la Corte no salió en defensa del juez, sino a dar cuerpo jurídico a las suspicacias del presidente.
López Obrador y Zaldívar están bailando la misma melodía. No hay choque entre ellos, aunque sea una confrontación entre poderes, porque el presidente de la Corte le responde a él, no a sus representados. López Obrador enfiló sus baterías contra Gómez Fierro desde la semana pasada, cuyo ataque fue acompañado de las llamadas de los abogados de Palacio Nacional a Zaldívar, para decirle lo que iban a hacer, y explicarle que le enviaría una carta a López Obrador porque les había parecido sospechoso que concediera amparos con aplicación general. Es decir, la suspensión de la Ley Eléctrica no sólo se dio en tres casos de amparo, sino en lo general.
Ciertamente este tipo de decisión no es común y tampoco se recomienda. El juez apoyó su decisión en la ventaja competitiva que le habría dado a la parte quejosa al haber otorgado una medida cautelar con efectos particulares, alterando asimismo, advirtió, el mercado y el desarrollo del sector. Posteriormente, en otros amparos que concedió el martes y que se deberán hacer públicos este miércoles, reforzó la primera argumentación con los llamados “principios de precaución ambiental”, que obliga a que se lleve a cabo una evaluación científica para determinar los daños potenciales al medio ambiente, que hasta hoy no existen, pero que sí permiten aplicar la suspensión de la Ley Eléctrica.
Gómez Fierro no se intimidó ante los amagos en la mañanera, lo que contrasta con la actitud sumisa de Zaldívar, quien después de que López Obrador difundió la carta que le envió para demandar la investigación del juez, le avisó a los abogados en Palacio Nacional que sí daría entrada a la queja, pero que publicaría una respuesta pública al presidente. Zaldivar ya dio trámite a la queja y un Colegiado debía resolver este martes o el miércoles esta querella, porque de acuerdo con la ley debe hacerce en 48 horas, aunque los días inhábiles, como fue el lunes, no cuentan en el plazo.
La actitud del presidente de la Suprema Corte no es nueva. El año pasado mantuvo abiertos los tribunales en donde está Gómez Fierro, bajo el criterio que eran “esenciales”, como los penales, pero que de acuerdo con funcionarios del Poder Judicial, sólo fue para que pudiera tener López Obrador una ventanilla para hacer los ajustes que necesitaba en la colonización de la Comisión Reguladora de Energía. Previamente también fue una pieza instrumental del presidente, para ejercer presión sobre el ministro Eduardo Medina Mora, a quien forzaron con acusaciones de presunta corrupción, a renunciar a la Corte y abrir el camino para los nombramientos de López Obrador.
Zaldívar le debe mucho a López Obrador, quien lo hizo presidente de la Corte, para lo cual utilizó a sus abogados y a los coordinadores parlamentarios de Morena para presionar a los ministros con la reducción del salario y con plantones afuera de la Suprema Corte de Justicia para que votaran por él. Zaldívar no tenía los números para ganar la presidencia, que se inclinaban por el ministro Fernando Franco, pero esas acciones intimidatorias y amenazantes compraron el voto para imponer desde Palacio Nacional a la cabeza del Poder Judicial.
Este pleito falso entre los titulares de los dos poderes va a tener una salida aceptable para López Obrador, cocinada por su hombre en la Corte, similar a lo hecho cuando llovieron amparos contra el entonces presidente electo al anunciar una consulta sobre la suerte del aeropuerto en Texcoco, y Zaldívar ofreció que buscaría a “los mejores jueces y magistrados” para revisar el caso. El mejor fue Gómez Fierro, quien rechazó dar entrada a los amparos. Hoy, el mismo juez, está en el lado de sus adversarios, según López Obrador, y es enemigo del desarrollo nacional.
Zaldívar está tratando de acomodar las cosas para beneficiar al presidente -como cuando generó la aberración de la enmienda a la pregunta sobre la consulta sobre el juicio a expresidentes-, como buen empleado oficioso de la Conserjería Jurídica de Palacio Nacional, no como un honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia como otros antes que frenaron los atropellos del Presidente de la Reoública.
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